La Setena es un enfermo de entrabamiento crónico que ha retrasado las inversiones en el país, por eso un decreto ejecutivo de la administración Alvarado Quesada sometió a la entidad a una transformación para intentar optimizar sus procesos.
El proceso camina lento y una parte sustantiva recae en el análisis a un reglamento que heredó la administración Solís Rivera. Documento que debió posponer su publicación en el diario oficial La Gaceta en junio de 2018, tras las críticas que recibió de diferentes sectores.
La intervención que ahora se le realiza a la normativa está rodeada de hermetismo, y al parecer, la discusión es monotemática, pues las fuentes consultadas solo hacen referencia a los umbrales que deben tener los proyectos.
El plazo de la comisión transformadora finaliza en mayo, según Celeste López, viceministra de Gestión Ambiental. No obstante, sobre las reformas que se le realizarán a la normativa existen más dudas que respuestas.
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Al unísono la institución trabaja en una reingeniería que va más allá del reglamento, porque el Gobierno anhela que Setena brinde servicios expeditos y que en el futuro se convierta en un fiscalizador de proyectos.
Para eso la administración pretende diseñar un protocolo que genere mayor seguridad al país, aunque de momento es solo una idea y aún no aterriza en una propuesta concreta para lograrlo.
La modernización también conlleva procesos de estandarización, digitalización, cambios internos y alianzas con otras instituciones como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Algunos de ellos ya se implementaron y otros vienen en camino.
Hermética transformación
El Poder Ejecutivo intenta modificar el estatuto de Setena desde hace años, por eso la administración anterior heredó el Reglamento de Evaluación Control y Seguimiento Ambiental, conocido como Recsa.
Normativa que firmó el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el exministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez. A pesar de que el documento es herencia de la administración anterior, en este momento se encuentra bajo un hermético escrutinio.
La reglamentación debió ser sometida a un nuevo análisis porque los cambios no estaban claros, según comentó Celeste López, viceministra de Gestión Ambiental.
Por eso se implementó un proceso de socialización en el 2018 para dar a conocer el documento, identificar las puntos dolorosos y meterle el bisturí a Setena.
Ahora el Viceministerio de Gestión Ambiental trabaja en la confección de un documento con diferentes actores –como representantes de cámaras– para que realicen observaciones al reglamento, según López.
“Hay equipos de trabajo con usuarios en temas de construcción, agrícolas y pecuarios. Se ha hecho un análisis de las reformas que acompañan el reglamento para operar”.
Sin embargo, el proceso se mantiene bajo un gran hermetismo y las versiones apuntan a que la discusión es monotemática.
Al preguntarle cuáles han sido las observaciones, la Viceministra responde que son muchas, aunque solo se refiere a los umbrales de atención a los proyectos.
Un umbral se establece después de valorar criterios técnicos y científicos, para determinar cuáles proyectos deben acogerse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Es decir, ingresar a Setena.
EF consultó a Randall Murillo, director ejecutivo de Cámara de la Construcción, para conocer las observaciones al reglamento de Setena, pero la posición del grupo es ambigua y tampoco brinda muchas luces.
Por un lado, Murillo afirma que realizarán observaciones cuando el documento salga a consulta, pero también agrega que han planteado “observaciones generales para mejorar la normativa”.
Al igual que la Viceministra de Gestión Ambiental, la cámara solo se refiere a los umbrales.
Sobre este punto lo único que reveló López es que las obras de bajo impacto, como casas de habitación, y concesiones menores, como pozos, no ingresarían a Setena.
Este semanario también consultó a la Cámara de Agricultores para conocer cuáles observaciones que han hecho y prefirieron no referirse al tema.
Lo que sigue es que una vez que la comisión transformadora entregue los resultados en mayo, el reglamento se someterá, nuevamente, a un proceso de consulta con los sectores.
En este momento la Setena también trabaja en la elaboración de otra normativa que sería conocida como Reglamento para consultores y código de ética.
El documento vendría a fortalecer la reglamentación actual que no contempla sanciones para los regentes, es decir, para quienes generan los trámites de proyectos de mediano y alto impacto.
El texto se encuentra bajo elaboración y luego se someterá a consultas.
Vientos de cambio
La Viceministra de Gestión Ambiental alega que el remozamiento de Setena va más allá de los reglamentos, por lo que desde hace meses se han implementado algunas transformaciones.
Uno de ellos fue la creación de protocolos estandarizados para otorgar la viabilidad ambiental, que nació tras la resolución 840-2018 del 9 de mayo del 2018.
Estas son guías que se le otorgan a los consultores ambientales para definir los estudios que requieren los proyectos.
La lista de protocolos es amplia y algunos de ellos son estudios arqueológicos, de amenazas de riesgos naturales, geología básica, hidrología, ingeniería básica y hasta guías para la presentación del Formulario D1.
Estos documentos, a criterio de López, han mejorado la gestión de la entidad.
La institución también automatizó la plataforma digital durante el 2018, para que esté habilitada para la solicitud de nuevas viabilidades.
La Secretaría también trabaja en una alianza con al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para disponer de una bitácora digital. En este caso el Colegio le cedería la plataforma que utilizan los profesionales que están afiliados a la institución para controlar las obras.
El instrumento se duplicaría y se le daría una nueva imagen para que los consultores y regentes de la Setena puedan utilizarlo, según comentó Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA.
Con la bitácora, una vez otorgada la viabilidad, se le podrá dar trazabilidad a los proyectos.
Aunado a esto la transformación también contempla mejoras en los procesos internos. De momento la institución estudia las cargas de trabajo, los indicadores de productividad de los funcionarios, los tiempos de respuesta y otros factores para mejorar el tiempo de respuesta de la institución.
La institución aún no cuenta con resultados de este análisis y la meta es brindar resultados en mayo.