EscucharEl Gobierno de la República anunció, este 29 de junio, la hoja de ruta con la que buscará dar continuidad a la revisión técnica vehicular en el país, ante el fin de las relaciones en las condiciones actuales con la empresa Riteve SyC.
La empresa española podrá participar en nuevos concursos pero su éxito dependerá de la propuesta tarifaria y de servicios que brinde al Estado.
¿Cuál es el camino anunciado por el Gobierno para la transición hacia una nueva licitación? EF realiza el siguiente recuento sobre los anuncios hechos por el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.
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El vencimiento
Riteve concluye este 15 de julio su contrato de concesión con el Estado costarricense. La anterior administración pretendió prorrogar la relación de ya 20 años con la entidad inspectora; sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) bloqueó ese intento y esa combinación de factores dejó la continuidad del servicio en el limbo.
Una vez que se venza el contrato con Riteve, dentro de poco más de dos semanas, el país no tendrá una empresa contratada para garantizar el servicio.
Con lo que sí contará el Estado es con las instalaciones mediante las que operó Riteve en las últimas décadas, las cuales tendrán que pasar a manos del Estado costarricense por obligación contractual. Ese proceso de reintegro de bienes ya lo inició la entidad, según publicó el periódico La Nación, el 9 de junio pasado.
Permiso de uso precario
Para evitar una paralización del servicio de inspección técnica, el gobierno anunció este 29 de junio que aplicará un sistema de “permiso de uso precario” para dar continuidad a las labores que hasta ahora desarrolla Riteve.
Ese permiso se otorgará a una empresa que ofrecerá el servicio de manera temporal en las instalaciones que ahora pasarán a ser del Estado, en tanto se desarrolla una nueva licitación general para tener un nuevo concesionario definitivo.
“Se va a hacer un proceso y se va a dar un tiempo para que los interesados puedan presentar proposiciones, y nosotros como Estado les vamos a dar a ellos las instalaciones y los equipos para que sigan operando ese servicio”, explicó el ministro Amador. “Es una figura legal que tiene sus ventajas (...) se puede revocar por criterios de conveniencia, oportunidad o mérito, y es muy rápido”, puntualizó.
Acreditación de oferentes
Para facilitar la participación de nuevos oferentes del servicio, el presidente Chaves y el ministro Amador anunciaron que se promoverá la homologación de acreditaciones internacionales para la realización de la tarea inspectora en el país. Esto quiere decir que se abrirá la oportunidad de que empresas que ya cuentan con el permiso para gestionar ese tipo de tareas fuera del país puedan hacerlo en Costa Rica también, aún sin contar con la acreditación oficial del Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
El presidente Chaves aseguró que esta decisión se toma “dado que estamos en una situación de emergencia”, pero que una vez que llegue el momento de realizar una nueva licitación internacional definitiva “todas las empresas deberán proceder a acreditarse”.
El ministro Amador, por su cuenta, aclaró que este trámite funcionará “como la convalidación de una Maestría en el exterior”.
Extensión de dos meses
Como el trámite para la asignación de los permisos temporales a una nueva empresa y su puesta en operación tardará algún tiempo, la administración estima que el país podría pasar alrededor de dos meses sin el servicio de fiscalización vehicular disponible.
Ante esa situación, las autoridades anunciaron su decisión de prorrogar por dos meses todos los sellos de revisión técnica vigentes, de modo que nadie se quede sin poder renovarle hasta que se restablezca el sistema de acreditación. Si la revisión técnica de un vehículo se vence el 16 de julio, por ejemplo, ahora lo haría el 16 de septiembre, por poner un ejemplo.
“Esto nos da el tiempo suficiente para hacer este proceso (otorgar el permiso temporal a otra empresa), que el nuevo permisionario entre, y pueda echar a andar la inspección técnica”, afirmó el ministro de Obras Públicas.
Nueva licitación con mejores precios
La nueva licitación, señalaron los jerarcas de gobierno, se haría al mismo tiempo que se van otorgando los permisos temporales. Las autoridades consideran que dicho proceso tardaría alrededor de dos años, y que permitiría acceder a mejores propuestas en materia de servicio y de tarifas.
Según el ministro Amador, se requiere de tanto tiempo para realizar una nueva contratación definitiva por cuestiones como la publicidad que conlleva realizar un cartel internacional; la espera necesaria para que las empresas preparen su documentación y sus ofertas; y los plazos para eventuales apelaciones; entre otros factores.
¿Bajará el precio de la revisión?
El gobierno sostiene que esa es la idea detrás de este proceso. De hecho, el presidente Chaves afirmó categóricamente que “tiene que bajar el precio”.
Según el Ejecutivo, el hecho de que el Estado sea el que ofrezca ahora las instalaciones para ofrecer el servicio de inspección debería ocasionar una rebaja en la primera revisión y las subsiguientes, al aportar menos recursos la empresa.
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¿Podrá participar Riteve en el futuro?
Sí. No existe un impedimento formal ni informal para que Riteve opte por ser quien desarrolle los permisos de uso precario para brindar el servicio en los próximos dos años, ni para que haga lo propio con la licitación general posterior.
Según el presidente Chaves, si Riteve quiere seguir deberá “ofrecer un precio que, según las estimaciones, tendrá que ser mucho menor al actual”.
“Riteve puede participar, pero vamos a escoger a la entidad calificada en un concurso internacional que ofrezca el mejor precio por esa revisión técnica (...) va a ser por un método de subasta a sobre cerrado”, afirmó.
La revisión técnica vehicular es el servicio que se encarga de revisar el correcto estado de la flotilla vehicular del país. Ella está compuesta por más de un millón de vehículos, usando como referencia la cantidad de marchamos puestos al cobro para este 2022, a finales del año pasado.
Los conductores deben contar la inspección aprobada para obtener su permiso de circulación cada año y su incumplimiento es una violación a la Ley de Tránsito, que se castiga con una multa de ¢55.852 y el decomiso de las placas del vehículo.
