EscucharEl Gobierno se prepara para cancelar una vez más, hacia finales de enero, el salario escolar que le deposita cada año a todos los trabajadores del sector público.
Este “salario escolar” es la mensualidad salarial adicional que reciben únicamente los empleados del Estado y cuyo costo es de unos ¢149.500 millones para el Gobierno Central, según las cuentas del Ministerio de Hacienda para este 2023. El pago se realizará el próximo viernes 20 de enero de 2023.
Recientemente se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. En él, el Poder Ejecutivo redactó que perseguiría eliminar la no sujeción al Impuesto sobre la Renta del salario escolar; sin embrago, luego indicó –a través de un comunicado de prensa– que dicha indicación había sido un error.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró en una reciente entrevista con EF que la administración sí analiza la posibilidad de reformar esa mensualidad salarial y que ello podría tener implicaciones posteriores en materia de impuestos.
“Estamos evaluando seriamente la posibilidad de quitar el concepto de salario escolar”, afirmó. “(Sería) incorporarlo dentro del salario quincenal o mensual de la gente y que lo reciban, y si ya la gente quiere hacer un ahorro particular para un tema particular que lo haga”, subrayó.
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¿Qué es el salario escolar?
El salario escolar es una mensualidad salarial completa que reciben los trabajadores del sector público todos los meses de enero.
A pesar de su nombre, el salario escolar se le deposita a todos los empleados del Estado, independientemente de si estudian, de si tienen hijos o personas bajo su responsabilidad que lo hagan, o no.
El depósito del salario escolar nació vía decreto ejecutivo, como parte de un ajuste salarial extraordinario, en 1994. En aquel año, se acordó aplicar un aumento de 8% a los trabajadores del sector público, pero pagarles únicamente un 6,75% de forma inmediata y dejar un 1,25% mensual que se acumulara durante todo el año para su cancelación en enero siguiente.
Ese porcentaje salarial luego fue creciendo paulatinamente hasta alcanzar más del 8% a partir de 1998; es decir, casi una mensualidad adicional.
Esa es la posición históricamente defendida por el Ministerio de Trabajo y por la Sala Constitucional.
Sin embargo, la Sala II de la Corte Suprema de Justicia declaró en 2018 que el salario escolar también podía definirse como un “beneficio salarial” del que únicamente gozan los trabajadores del sector público, añadido al monto original de su contratación. Bajo esta postura, se podría ver el pago del salario escolar como una mensualidad extra y no como una retención realmente.
Hay división de criterios en ese sentido.
¿Cuánto dinero representa?
Según el Ministerio de Hacienda, este 2023 se tendrá que depositar unos ¢149.500 millones por concepto de salario escolar a los empleados del sector público. El depósito se realizará el viernes 20 de enero.
El monto corresponde a una planilla regular pagada por el Gobierno mensualmente, restando los ¢76.500 millones que usualmente se destinan al pago de pensiones. Las personas jubiladas no reciben este pago extra, como sí ocurre en el caso del aguinaldo.
¿Por qué no paga el Impuesto sobre la Renta?
El salario escolar tiene la particularidad de estar exento del Impuesto sobre la Renta, a pesar de que en todo lo demás de trata como a cualquier otro componente salarial.
Es decir, se le pueden realizar deducciones por cuotas de la seguridad social, aplicar embargos y realizar rebajos por pensiones alimentarias, con los topes de salario mínimo inembargable que establece la ley; pero no pagan el tributo a las utilidades.
La no sujeción del Impuesto sobre la Renta para el salario escolar se estableció tiempo después de que se empezó a aplicar su pago. La no sujeción al impuesto sobre las utilidades se aprobó en la Asamblea Legislativa en 2008, a través de un proyecto de ley que por entonces impulsó el diputado socialcristiano, José Luis Vásquez, y que contó con el respaldo del gobierno de turno, según explicó el periódico La Nación por aquel entonces.
¿Qué impacto tiene en la Hacienda Pública?
Más allá del mero pago de ¢149.500 millones, la exoneración de renta que pesa sobre el salario escolar tiene altas implicaciones en materia de ingresos para el Estado.
El gobierno pasado buscó eliminar la exoneración en varias ocasiones por ese motivo; sin embargo, se topó con la negativa de diputados de oposición de partidos como Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Integración Nacional (PIN) e independientes.
La administración del expresidente Carlos Alvarado estimó que el país podría percibir un 0,12% del Producto Interno Bruto (PIB) por concepto de impuestos, si se eliminase esa exoneración. Eso correspondía a unos ¢40.000 millones en 2021.
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¿Qué reformas plantea el Gobierno?
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que el Gobierno analiza la posibilidad de “quitar el concepto de salario escolar” como se conoce hasta ahora.
Según dijo, podría ser más conveniente dividir esa mensualidad entre todos los depósitos de cada mes, de modo que el Gobierno ya no tenga que realizar la erogación, de forma acumulada, cada mes de enero.
El jerarca de Hacienda considera que pagar ¢149.500 millones en enero supone un gasto demasiado alto para la administración y que por eso sería conveniente diluir el pago entre los 12 meses del año.
“El Ministerio de Hacienda tiene que pagar ¢226.000 millones de aguinaldo en diciembre y ¢149.500 millones de salario escolar en enero, y eso genera una presión terrible sobre el flujo de caja”, describió. “Nosotros hemos pensado en la posibilidad de cambiar el salario como lo tenemos hoy, acumulado a una fecha, y distribuirlo a lo largo del año para efectos del costo”, añadió.
Acosta señaló que las reformas al salario escolar, si se llegan a plantear, buscarían ordenar su pago y no tener un fin recaudatorio; sin embargo, podrían tenerlo. Por ejemplo, si se suma una proporción del salario escolar a cada mensualidad salarial de los trabajadores, podría incrementar el cobro por impuesto de renta que se realiza a cada pago mensual.
Según Acosta, el salario escolar ni siquiera cumple su función de apoyar los gastos relacionados con estudios de las personas en muchos casos y, si la persona desea realizar un ahorro para esos fines entonces puede hacerlo por su propia cuenta, a través de entidades financieras o asociaciones solidaristas, como hacen los trabajadores del sector privado.
