EscucharLa Sala Constitucional certificó que las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) desobedecieron la sentencia que ordenó, desde el año 2019, delimitar y recuperar parte de los bosques del Refugio Nacional Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo que pasaron a manos privadas en el cantón de Talamanca, en el Caribe Sur.
La orden de 2019 respondió a una gestión promovida por el presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, Marco Levi, desde el año 2014; luego de que una ley promovida por el exdiputado socialcristiano y actual alcalde de Matina, Walter Céspedes, desafectó 188 hectáreas de bosque del refugio para cederlos a manos privadas. Los magistrados entonces ordenaron recuperar el territorio y delimitarlo; sin embargo, han pasado cinco años desde entonces sin avances en ese sentido.
La declaratoria de desobediencia también respondió a una gestión iniciada por Levi ante el incumplimiento. Este tipo de procedimientos, recordó el tribunal constitucional, sirve para “reiterar” la orden inicialmente dictada y que, “de mantenerse la desobediencia”, se pueda proceder a “testimoniar piezas” y remitir la situación al Ministerio Público.
En esta declaratoria de desobediencia, la Sala IV ordenó al ministro Franz Tattenbach Capra y el jerarca del Sinac, David Chavarría Morales, que remitan informes periódicos sobre el avance de lo dispuesto (mensuales). Asimismo, le ordenó al procurador general, Iván Vinicio Vincenti Rojas, que disponga de lo necesario y tome las medidas correspondientes para defender el patrimonio público una vez que las autoridades redelimiten el área del refugio.
La sentencia integral de la resolución se está redactando y su votación fue por mayoría. En el análisis participaron los magistrados Fernando Castillo (presidente), Paul Rueda, Luis Fernando, Jorge Araya, Anamari Garro, Ingrid Hess y Alexandra Alvarado; así como Luis Fernando Salazar, el único que salvó el voto, según informó la oficina de prensa del tribunal.
Las implicaciones
En caso de que la Sala Constitucional determine que la desobediencia continúa, tanto el ministro Tattenbach como el director Chavarría, o quienes ejerzan sus cargos, se exponen a ser encausados por el delito de desobediencia a la autoridad.
Este delito está normado por el artículo 314 del Código Penal, en donde se previene con una posible pena de seis meses a tres años de prisión a quien “no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.
Este castigo también lo podría recibir el procurador Vicenti, en caso de que fuese él quien incumpliera el mandato de recuperar los terrenos en favor del Estado.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional (7.135) también impone sanciones de prisión de tres meses a dos años, o de 20 a 60 días multa, para quien haya recibido una orden dictada en un recurso de amparo o de un hábeas corpus, y no la cumpliese, “siempre que el delito no esté más gravemente penado”.
Seguimiento judicial
La situación en el Caribe Sur es investigada por el Ministerio Público, que ha realizado múltiples detenciones y allanamientos durante los últimos meses, en relación con el caso.
Estas pesquisas también podrían derivar en otras acusaciones, más allá de la desobediencia.
Entre otras cuestiones, las autoridades judiciales buscan determinar si los responsables del Minae, del Sinac, de la Municipalidad de Talamanca y empresarios con intereses en la zona habrían cometido algún delito, por medio del incumplimiento de la orden constitucional girada en 2019 y de otros medios para sacar beneficio propio con las tierras que realmente corresponderían al dominio público.
En medio de esta investigación está el caso del empresario Allan Pacheco Dent, representante de una sociedad anónima que cuenta con una propiedad en la zona (según peritajes oficiales) y que habría obtenido permisos de tala aparentemente irregulares, aunque su legalidad ha sido defendida en múltiples ocasiones por jerarcas de Gobierno, incluido el propio presidente Rodrigo Chaves.
Pacheco Dent fue vecino del Chaves, visitó Casa Presidencial varias veces en los últimos años, fue nombrado como representante del sector privado en la Comisión Fílmica Nacional por parte del Poder Ejecutivo, y una propiedad de su familia fue utilizada para actividades de campaña y del gabinete de gobierno en la actual administración. Sin embargo, el mandatario niega cualquier conexión en relación con sus actividades comerciales.
En una audiencia en el Congreso, el 6 de agosto pasado, el ministro Tattenbach reconoció haber recibido desde mayo de 2023 una propuesta de decreto elaborada por una comisión técnica del Sinac y del Área de Conservación La Amistad Caribe, para recuperar hectáreas de terreno que pasaron a manos privadas. Sin embargo, según dijo, no habría “correspondido” con otras delimitaciones que se tenían a mano.
En los últimos meses, varios funcionarios del Minae han sido removidos de sus puestos. Entre ellos, el exdirector técnico de la Secretaría Ejecutiva, Mario Coto Hidalgo; el exfuncionario del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), Juan José Jiménez Espinoza; y la exdirectora del Programa de Humedales, Jacklyn Rivera Wong.
Ésta última, denunció el diputado Ariel Robles del Frente Amplio, este mismo 10 de setiembre, habría sido separada de su cargo solo cuatro días después de negarse a acatar una orden del ministro de Ambiente para reducir el área de uno de los 12 sitios protegidos en Costa Rica por la convención internacional sobre humedales, Ramsar, precisamente en Gandoca-Manzanillo.
Consultado sobre la situación en el Caribe Sur y las denuncias de tala irregular, el 15 de mayo pasado, el presidente Rodrigo Chaves respondió que su gobierno no tiene la intención de “destruir el tesoro nacional”, pero tampoco de “dejárselo a la fauna”. Aseguró estar en contra de construir “hoteles enormes”, pero también de “dejárselo a los monitos”.
Toda la situación sigue bajo investigación por parte de Fiscalía Adjunta Agraria Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
