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La aprobación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) es “formalmente una obligación” para Costa Rica, como parte del acuerdo convenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una especie de ‘contrapartida’ para acceder a una facilidad de servicio ampliado por $1.778 millones en los próximos tres años.
Así lo explicó a EF el presidente del Banco Central y gobernador de Costa Rica ante el organismo, Rodrigo Cubero, quien detalló que el avance de este proyecto será clave para la primera revisión que haga la entidad multilateral sobre el avance de la agenda pactada.
“Hay un compromiso formal de aprobar ese proyecto como parte de los compromisos que el país adquiere en el contexto del convenio con el FMI. La aprobación de este proyecto de ley constituye en lo que en inglés se llama un structural benchmark o una reforma estructural de referencia, que significa que el FMI verificará su cumplimiento o su materialización para efectos de determinar si el país está haciendo suficiente progreso en las medidas planteadas”, detalló.
Las revisiones de cumplimiento son esenciales no solo para el saneamiento de las finanzas públicas del Estado, sino también para el desembolso de los recursos convenidos con el Fondo.
En total, el FMI giraría seis desembolsos por montos iguales (unos $292 millones cada uno) a Costa Rica: el primero únicamente con la aprobación legislativa del empréstito en sí mismo y los otros cinco si la entidad considera suficiente, a través de revisiones semestrales, el avance del país en las condiciones convenidas.
La primera revisión ocurriría a mediados de este segundo semestre del año, y la aprobación o no del proyecto de empleo público será parte de su análisis, según Cubero.
Cubero aseguró el 27 de abril anterior, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, que si el FMI cataloga a Costa Rica “en incumplimiento”, el país podría caer en una situación de shock.
Una calificación de ese tipo podría generar incertidumbre sobre el compromiso de Costa Rica, con fuertes implicaciones para indicadores como el tipo de cambio o las tasas de interés.
“Una vez que se suspende el programa, no solo no habría más desembolsos sino que se anuncia públicamente que el programa está suspendido, lo que en inglés llamaríamos off-track. Eso significa que la comunidad internacional entiende que el país no está cumpliendo con sus metas, con un impacto muy negativo sobre los diferenciales de tasas de interés que tiene que pagar el país tanto en los mercados domésticos como internacionales (...) esto agrandaría el costo de financiamiento y para el país sería un shock muy negativo”, dijo entonces Cubero.
Consultado sobre si un eventual rechazo del proyecto de empleo público o una caída del mismo en la Sala Constitucional significaría entrar en incumplimiento, el jerarca aseguró que esa es una evaluación que tendría que hacer el organismo internacional.
“El FMI tiene que hacer una evaluación de cuál ha sido el balance de aprobaciones, de progresos y de avances que se haya venido haciendo en el país en torno a los diferentes compromisos adquiridos, y con base en eso decidir si completa o no completa lo que ellos llaman una revisión del programa”, subrayó el jerarca.
El proyecto de reforma al empleo público recibió su aval en primer debate este 17 de junio, con el visto bueno de 32 de 47 legisladores presentes.
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Inicialmente se había planteado concretar la aprobación de esta iniciativa a más tardar a finales de mayo; sin embargo, hubo distintos retrasos en el plan del Gobierno, incluidas distintas pausas legislativas por COVID-19.
Para convertirse en Ley de la República, el proyecto primero deberá pasar por una etapa de consulta a la Sala Constitucional, por solicitud de varios diputados; y luego requerirá una segunda votación favorable, con el respaldo de al menos 38 legisladores, si el tribunal constitucional no encuentra faltas que requieran anular su trámite o realizar enmiendas mayores.
Atrasos, “en el peor de los casos”
Pese a la complejidad del proceso, la expectativa de las autoridades nacionales es que, “en el peor de los casos”, haya que hacer enmiendas al texto y retrasar la aprobación, pero que no sea necesario frenar del todo su trámite.
Según Cubero, un atraso sería manejable, pero una detención completa sería un escenario más difícil “porque es importante para el FMI”.
Según el presidente del emisor, el proyecto es fundamental porque trae beneficios fiscales, al eliminar el crecimiento constante de las masas salariales del Estado en conjunto con otras normas que ya aprobadas durante la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) en 2018.
Asimismo, dice que plantea mejoras sustanciales en cuestiones de eficiencia, equidad, retención y atracción de talento, y evaluación de desempeño.
“Todo esto va mucho más allá del tema fiscal, por esto el FMI, en el convenio que se suscribió y que fue aprobado por su Directorio, al igual que otras organizaciones como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han venido hablando sobre la importancia de que el país apruebe esta ley”, subrayó.
Despacio
Cubero reconoció en su entrevista con EF que las expectativas de aprobación de los proyectos legislativos convenidos con el Fondo ha sido más lenta de lo esperado por el FMI, que tenía expectativas “más ambiciosas”.
No obstante, justificó el paso lento por factores como el efecto que ha tenido la pandemia del nuevo coronavirus en la dinámica de la Asamblea Legislativa, “entre otros”.
Además de la reforma al empleo público, el convenio con el FMI incluyó otras medidas estructurales o administrativas, y seis proyectos de ley que buscan revertir el déficit financiero primario del país (la diferencia negativa entre ingresos y gastos sin contar el pago de intereses) a partir de 2023.
Esos proyectos son:
- Un plan de renta global dual, que busca implantar un modelo de renta global para personas físicas y elevaría la cantidad de contribuyentes de ese gravamen
- Un proyecto plantea un impuesto a los premios de lotería que superen medio salario base (¢231.100)
- Una reforma al popularmente conocido “impuesto a las casas de lujo” que impondría una tasa general de 0,5% sobre aquellas viviendas con un costo de construcción y terreno superior a ¢150 millones
- Una iniciativa que eliminaría algunas exoneraciones (incluida la del salario escolar), estandarizaría en un 15% el cobro a las rentas de capital (y aumentar su tasa en 1,5 puntos por dos años) y adicionaría 5 puntos porcentuales a las tasas sobre las remesas
- Un proyecto que obligaría a las empresas públicas del Estado a aportar hasta un 0,2% del PIB de sus utilidades por cuatro años para el Estado
Todos estos textos se encuentran en etapas tempranas en el Congreso.
En una entrevista reciente con este medio, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, aseguró que el Gobierno trabajará para dar viabilidad a ese grupo de iniciativas. Esa es una necesidad que existe sobre todo para los proyectos relacionados con impuestos, según dijo la presidenta legislativa Silvia Hernández, cuando recién asumía ese puesto.
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Por ahora, el primer debate del proyecto es “una excelente señal”, consideró Cubero.
