EscucharEl candidato presidencial de Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Rodrigo Chaves, propone aumentar las tarifas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la canasta básica y los servicios privados de salud y educación.
Desde que se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), esos rubros reciben un trato diferenciado: los bienes de la canasta básica están tasados con una tarifa general del 1%; mientras que los servicios de educación privada deben pagar un 2% y los de salud un 4% (con devolución para pagos por medios electrónicos).
Chaves indicó en una reciente entrevista con EF que, en un eventual gobierno suyo, impulsaría eliminar todas esas tarifas reducidas y cobrar el 13% general. Lo planteó como una de las reformas que promovería para cumplir con el objetivo de su plan de gobierno de eliminar exoneraciones que actualmente benefician a “los más ricos”.
El candidato propone establecer un sistema de devolución para el 40% más pobre de la población. En otras palabras, el alza al 13% recaería sobre el 60% restante.
La medida que propone Chaves es factible en términos legales porque únicamente requeriría de una aprobación en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, su viabilidad política es una incógnita, por el mismo motivo.
Esta propuesta ya la llevó adelante en distintos momentos el actual gobierno; sin embargo, no tuvo éxito en ninguno de ellos.
La propuesta
En su entrevista con EF, Chaves señaló que planea eliminar exoneraciones de impuestos que no estén ligadas a las empresas del régimen especial de zona franca. Afirmó que eliminar exoneraciones es una de las medidas que plantearía en un gobierno suyo para eliminar beneficios a “los más ricos”.
Entre las exoneraciones que planea eliminar, el aspirante presidencial detalló que propondría quitar las tarifas reducidas del IVA de las que hoy gozan la canasta básica y los servicios privados de salud y educación.
Para que la medida golpee únicamente a “los más ricos”, Chaves indicó que plantearía un mecanismo de devolución de los tributos para el 40% más pobre de la población.
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Según el candidato, esto sería posible a través del sistema de Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Este es el mecanismo de integración que actualmente utiliza la administración pública para sus programas de asistencia social.
“El problema es que hoy en Costa Rica se tira una sábana (de tarifas reducidas) que cubre a ricos y a pobres (...) Por ejemplo, en el caso de la canasta básica, yo no veo por qué mantener la tasa o la tarifa del 1% para la gente más rica del país. Yo propongo eliminar la exención para los ricos, que ellos paguen el 13%, y a los pobres mantener su exoneración”, afirmó.
Factible, pero ¿viable?
La reforma que plantea Chaves es factible en términos legales. En otras palabras, existe un procedimiento específico para implementarla.
El camino para realizar los cambios legales sería a través de una reforma legal que, entre otras cuestiones, modifique el artículo 10 de la Ley 9.635.
Ese artículo es el apartado del plan fiscal, aprobado en 2018, que instauró las tarifas reducidas del IVA a la canasta básica y los servicios de salud y educación privada.
No obstante, esta propuesta de reforma tendría que recibir el visto bueno del nuevo Congreso. Esa viabilidad política sería tan necesaria como incierta, al tratarse de una nueva reforma tributaria.
Un indicio de las eventuales complicaciones que podría enfrentar el planteamiento de Chaves es que, durante la discusión del plan fiscal en 2018, el actual gobierno y su exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, pujaron por una tasa más alta para la canasta básica. Sin embargo, la mayoría de diputados en la comisión que analizó el proyecto cerró la puerta a esa posibilidad.
La administración, al igual que hace ahora Chaves, ofreció implementar un mecanismo de devolución para la población con menos recursos; pero los diputados apenas aceptaron tasar la canasta básica con un 1%, después de un extenso debate.
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Otro indicio sobre el complejo panorama que enfrentaría la propuesta del candidato presidencial y exministro de Hacienda es que el presidente de la República, Carlos Alvarado, también planteó la idea de eliminar las tarifas reducidas del IVA durante las jornadas de diálogo que sostuvo con diversos sectores sociales y actores políticos, en noviembre de 2020. No obstante, en aquel entonces tampoco tuvo mayor éxito.
En aquellas jornadas de diálogo, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, mencionó que eliminar las tarifas reducidas del IVA, en general, permitiría recaudar unos ¢400.000 millones adicionales por año. En cuanto a la devolución de los recursos para el 40% más pobre, dijo que costaría unos ¢195.000 millones (aunque no mencionó si dicho monto incluía el costo operativo de la maniobra).
Pese al rechazo que ha tenido el planteamiento de aumentar las tarifas del IVA que hoy tienen un tratamiento preferencial hasta el momento, Chaves ahora buscaría darle un nuevo impulso a la idea.
Según comentó, la eliminación de estas y otras exoneraciones sería una de sus principales propuestas para continuar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de un programa “absolutamente nuevo” en comparación con el que actualmente empuja la administración Alvarado Quesada.
El 60% más rico y el 40% más pobre
Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta julio de 2021, el 60% más rico de la población estaría compuesto por unos 999.670 hogares, con ingresos per cápita superiores a los ¢165.000.
En contraposición, el 40% más pobre de la población estaría compuesto por otros 666.606 hogares con ingresos menores.
En el reciente debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y transmitido por canal 13, del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Chaves afirmó que “no está de acuerdo con subir impuestos”.
No obstante, la eliminación de exoneraciones y tarifas reducidas que propone el aspirante tendrían un efecto al alza en materia tributaria.
La idea de “optimizar” las tasas reducidas del IVA que actualmente se emplean en Costa Rica también ha sido una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En su más reciente informe de Estudios Económicos sobre el país, el organismo indicó que una revisión podría tener impactos en materia de equidad. Según la organización, las tasas reducidas para educación y salud privada podrían considerarse como “particularmente regresivas”, en favor de los hogares con ingresos más altos.
No obstante, la entidad no profundizó mucho más allá en la cuestión.
La OCDE también señaló en ese documento que el sistema tributario costarricense se recarga excesivamente sobre contribuciones a la seguridad social y, por el contrario, los ingresos que recauda el país por impuestos a la propiedad son relativamente pocos, entre otros detalles.
