EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó en su discurso de rendición de cuentas del 2 de mayo en la Asamblea Legislativa la intención del Ejecutivo de impulsar un referéndum para consultar a la población sobre la aprobación de varias iniciativas.
El mandatario enumeró siete temas que, en principio, son los que valoran como posibles asuntos que llevarían a un referéndum, como consecuencia de lo que considera una obstrucción legislativa a los proyectos de ley que envía al Poder Legislativo.
Chaves afirmó que la decisión de proponer este proceso consultivo está tomada y que solo se podría revertir si los diputados se comprometen “de una manera creíble” a una agenda de proyectos país. De lo contrario, el Ejecutivo impulsará el referéndum próximamente.
Sin embargo, el referéndum es un recurso limitado. Existen temas que no se pueden someter a este proceso, de acuerdo a la Constitución Política y la Ley sobre Regulación del Referéndum (8.492). Estas son materias presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa.
EF consultó a dos abogados especialistas sobre la viabilidad de llevar los siete temas a un referéndum. Estos son criterios generales que responden, a su vez, a la generalidad de los puntos mencionados por Chaves, pues la respuesta definitiva dependerá de factores como qué se va a preguntar exactamente y con qué redacción.
Jornadas 4x3
Las jornadas 4x3 han sido una de las principales apuestas del actual Gobierno. Un primer proyecto de ley se aprobó en primer debate en el Congreso en agosto del 2023 pero, tras una consulta a la Sala Constitucional, este órgano señaló que el plan tenía un “vicio sustancial de constitucionalidad” en el proceso de tramitación que se siguió en la Asamblea Legislativa.
Tras ese episodio, un grupo de 16 congresistas, encabezados por la socialcristiana Daniela Rojas, presentó a finales de abril un nuevo proyecto de ley para instaurar las jornadas 4x3 en el país, que se tramita bajo el expediente 24.290.
En este tema, tanto Esteban Alfaro, especialista en derecho administrativo y constitucional de Caoba Legal, como Alonso López, abogado experto en Derecho Público de Ecija Legal, ven posibilidades de llevar la cuestión a consulta popular pues, inicialmente, no afectan las prohibiciones establecidas.
Venta del Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa)
La venta del BCR tuvo un primer empuje mediante un proyecto de ley en 2022, pero fue retirado posteriormente tras múltiples observaciones y el poco apoyo inicial de los diputados. En marzo, el Ejecutivo presentó una nueva versión del texto.
La intención de la venta del BCR es obtener recursos para reducir la deuda pública.
En este tema, los abogados tienen perspectivas distintas. Alfaro ve luz roja en la consulta pues podría haber un roce con la prohibición de consultar temas administrativos, mientras que para López no se afecta ninguna excepción establecida en la ley.
En la encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), publicada en abril, se consultó sobre el apoyo de vender activos del Estado, entre ellos el BCR. Un 32,6% de los encuestados se mostró de acuerdo o algo de acuerdo con la idea, cifra que disminuyó con respecto al 35% de abril del 2023.
Armonización del mercado eléctrico
Este tema se deriva del proyecto de ley que lleva el mismo nombre, presentado en octubre del 2022 bajo el expediente 23.414. Un año después, en octubre de 2023, fue aprobado por la mayoría de diputados de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional de la Asamblea Legislativa pero desde entonces no ha tenido mayor avance.
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En la propuesta se plantean ajustes al entramado energético del país, como la regulación de los productos y servicios eléctricos, y el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
En este tema, de nuevo, hay consenso entre los abogados especialistas en que podría ser sujeto a referéndum, siempre dependiendo de cómo y qué se consulte de forma específica.
Reestructuración del MOPT, MAG y Minae
Reestructurar estos tres ministerios ha sido una prioridad para el Gobierno. En estos dos primeros años el Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto de ley por cada una de esas instituciones.
En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se pretende eliminar la desconcentración en cuatro órganos: Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Consejo de Transporte Público (CTP), Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La propuesta es centralizar las competencias de esos entes en el MOPT.
En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Gobierno persigue el mejoramiento de la gobernanza del sector, con movimientos en la estructura jerárquica del Ministerio y establece una rectoría orientada a generar resultados. Además, plantea la sustitución del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) por la Dirección de Riego y Avenamiento (DIRA).
Por su parte, en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Poder Ejecutivo desea efectuar una reforma administrativa, con el objetivo de dar más potestades al jerarca de turno de la institución, tal y como se planteó en el proyecto de ley. Esto incluye reducir la independencia técnica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y eliminar las juntas directivas de parques nacionales adscritas al Minae, las cuales el Ejecutivo ha criticado que funcionan como “islas”.
Sin embargo, los abogados adelantan que estas reformas podrían colisionar con la prohibición de decidir en referéndum sobre actos de naturaleza administrativa. “Podría incidir propiamente en la forma en que se distribuye administrativamente cada una de esas carteras ministeriales”, indicó López.
Ciudad Gobierno
“Vamos a construir la Ciudad Gobierno”, así de contundente fue la frase del presidente Chaves en una conferencia de prensa a un mes y medio de haber asumido funciones.
En febrero de 2023, el Gobierno anunció la propuesta ganadora del concurso de diseño arquitectónico del complejo y anunció que se construiría bajo la modalidad BOLT (del inglés build, own, lease, transfer) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que significa que el banco se encargaría de construir, operar y mantener el proyecto hasta transferirlo a Costa Rica luego de 25 años.
Sin embargo, esta propuesta chocó con pared en la Contraloría General de la República (CGR), la cual ha emitido observaciones sobre el modelo propuesto y el proyecto está frenado desde entonces.
Sobre esta consulta, no obstante, podría recaer la misma promoción de consultar actos administrativos. Alfaro también agregó que podría verse afectado por la prohibición de preguntar por temas de créditos y empréstitos, algo que le compete a la Asamblea Legislativa. Mientras que López afirmó que esta consulta puede conllevar temas relacionados con contratación pública.
Todo dependerá, finalmente, del tipo de pregunta que se haga a la ciudadanía.
Autorización a Japdeva para alianzas público-privadas
El Gobierno desea autorizar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) a establecer alianzas público-privadas especialmente como vía para dar paso a la construcción de la terminal de cruceros y marina en Limón.
Este ha sido otro punto de conflicto entre el Ejecutivo y la CGR. Chaves criticó que el ente contralor solicitara una licitación para la obra, pero la propia Japdeva confirmó días después que el proyecto aún no ha sido presentado ante esa entidad, según publicó el medio digital CRHoy.
Los abogados ven poca cabida para consultar este tema en un referéndum, pues podría colisionar con la prohibición de temas administrativos y aquellos relacionados con contratación pública.
Eliminación de tarifas mínimas de honorarios profesionales
Eliminar las tarifas mínimas de colegios profesionales es una meta fijada desde la campaña presidencial de Chaves. Un primer impulso se dio a través de decretos firmados en setiembre del 2022, pero un tribunal se trajo abajo dichas disposiciones.
Asimismo también se presentó un proyecto de ley, bajo el expediente 23.357, para derogar la potestad de ocho colegios profesionales de regular las tarifas mínimas de sus agremiados, el cual tuvo en febrero de 2023 un dictamen negativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Los abogados ven luz verde sobre este tema para consultar en un referéndum, pues, de entrada, no afecta ninguna prohibición. Aunque Alfaro hizo una anotación particular.
“Alguien podría cuestionar si el tema tarifario tiene conexión con un tema impositivo o tributario, yo tengo mis dudas”, comentó.
¿Se pueden mezclar temas en un mismo referéndum?
Ni la Constitución Política ni la ley que regula el referéndum aclaran este punto. Solo el artículo 10 de esa legislación da ciertas pistas.
“Cuando se presente más de una solicitud de convocatoria, siempre y cuando se reciban dentro de los plazos establecidos en esta Ley, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podrá acumular las distintas consultas para que se conozcan en un solo acto comicial”, indica.
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Alfaro agregó que existe un antecedente del 2018 en una solicitud de consulta popular en la que el TSE consideró que no había conectividad entre las cuestiones propuestas.
Ante consulta de EF, Andrei Cambronero, letrado del TSE, prefirió no adelantar criterio sobre los temas mencionados por Chaves. Sin embargo, el representante aseguró en el programa radial Nuestra Voz que en un mismo proyecto de ley no pueden tramitarse materias que sean inconexas entre sí, aunque eso no impide al TSE acumular varios proyectos de ley de consulta para realizarlos en un mismo referéndum, tal y como indica el artículo 10.
El funcionario mencionó que el país no ha definido aspectos como si debe haber un máximo de temas en un mismo referéndum o si debe hacerse un decreto por separado para cada tema.
El referéndum, además, tiene otras particularidades. No puede convocarse más de uno al año y tampoco pueden celebrarse durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección presidencial, la cual será en febrero del 2026.
¿Cómo lo toman los diputados?
Para que el llamado a referéndum mancomunado tenga éxito, el Gobierno necesita de, al menos, 29 votos de diputados. Todavía falta para saber si este número mágico se alcanzará, pues los legisladores esperan la propuesta formal para definir su eventual apoyo.
El Frente Amplio aseguró que apoyan la democracia participativa, pero visualizan que la propuesta del Ejecutivo será inviable. En una línea similar se han manifestado diputados liberacionistas.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) está a la espera de la propuesta, mientras que el Liberal Progresista ha hecho un llamado a negociar.
Rodrigo Arias, presidente reelecto del Congreso, fue más tajante.
“El uso del referéndum como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir en contra de los Poderes de la República y de nuestra institucionalidad es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este Congreso”, aseveró en su alocución tras el discurso de Chaves del 2 de mayo.
¿Puede el Gobierno recoger firmas?
De no rendir frutos el llamado a referéndum en la combinación entre Ejecutivo y Legislativo, los otros dos caminos son por mayoría calificada del Congreso (38 votos) o por iniciativa popular.
La primera opción parece casi imposible en las actuales circunstancias, mientras que la segunda debe venir desde la ciudadanía, convocado por al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo que serían unos 181.000 personas.
El llamado mixto entre Gobierno y ciudadanía no existe, por lo que el Gobierno a nombre propio no puede hacer un llamado a recolección de firmas, sino que debe venir de un tercero.
La ley de referéndum indica que “cualquier interesado” puede recibir la autorización de recoger firmas, por lo que López mencionó que una posibilidad es que un miembro del Poder Ejecutivo sea ese “interesado”. De otra forma, ese tercero podría ser cualquier ciudadano o una organización.
De todas formas, corresponde completamente al TSE autorizar previamente dicha recolección de firmas.
