EscucharEl fiscal general de la República, Carlo Díaz, acudió este 10 de octubre a la Asamblea Legislativa para comparecer ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos. En su audiencia —que duró alrededor de una hora— el jerarca del Ministerio Público realizó múltiples revelaciones de temas que se investigan, algunas de ellas relacionadas con supuestas actuaciones del gobierno de Rodrigo Chaves.
Entre otros asuntos, Díaz reveló bajo juramento la existencia de denuncias sobre supuestos ofrecimientos de pagos millonarios a granjas de troles para desprestigiar instituciones y jerarcas de instituciones públicas, en beneficio del Poder Ejecutivo. También confirmó la existencia de otro caso, relacionado con el presunto uso de vehículos decomisados al narcotráfico, en poder del ICD, para vigilar a opositores políticos y contrapesos del Poder Ejecutivo, como los magistrados y él mismo.
Las declaraciones de Díaz se dan en un marco de alta tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial, en donde actualmente hay 53 causas de investigación activas en contra del presidente Rodrigo Chaves, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricato, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, delitos electorales, fraude y abuso de autoridad, entre otros.
Uso de vehículos decomisados
El fiscal Carlo Díaz aseguró que el Ministerio Público investiga el aparente uso de vehículos decomisados al narcotráfico, en poder del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, para vigilar a diputados, fiscales, él mismo y “todo el que se oponga” de alguna manera a los intereses del Ejecutivo.
Según Díaz, el caso se tramita por una denuncia recibida meses atrás.
El fiscal también aseguró haber detectado la presencia de un sujeto desconocido estacionado cerca de su vivienda después de que emprendió los allanamientos por un presunto caso de contrataciones irregulares en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el 23 de septiembre pasado.
"Justo en la casa que está a la par de la mía, un día de estos estuvo un tipo, ahí nada más estacionado, cuando yo estaba llegando“, aseguró, luego de hacer alusión al caso que se investiga sobre el supuesto uso de autos decomisados.
Ofrecimientos millonarios a troles
Díaz además aseguró que ha recibido información sobre el supuesto desarrollo de campañas, por medio de pagos a granjas de troles (perfiles falsos) en Internet, para desprestigiar a instituciones como la Fiscalía, la Sala Constitucional y a sus principales jerarcas.
Según aseguró, recibió información de inteligencia sobre el ofrecimiento en línea de hasta seis bitcoins (equivalentes a unos $350.000) para atacarle a él y a la Sala IV, luego de que este tribunal declaró inconstitucional el proyecto de ley jaguar: la iniciativa que el gobierno pretende someter a consulta ciudadana por la vía del referéndum.
“Incluso tengo los pantallazos donde se hace el ofrecimiento y se dice que, por el término de una hora, se hace un ofrecimiento (...) No es poca cosa, para desprestigiar la resolución de la ley jaguar, para que se apruebe la ‘ley jaguar’ y también se utilizó para desprestigiarme a mí. Obviamente, ustedes ven los ataques con troles todos los días”, subrayó.
El fiscal aclaró que estas supuestas gestiones son de difícil rastreo y por el momento se desconoce quién podría estarlas financiando, aunque todos los datos fueron remitidos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que la entidad policial determine si es posible o no abrir un expediente.
Explicaciones
El fiscal general también respondió ante una serie de acusaciones lanzadas por la diputada del gobierno, Paola Nájera, y luego secundadas por el presidente Rodrigo Chaves sobre un reciente viaje oficial de Díaz a un seminario organizado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Grecia, Europa.
Díaz fue acompañado a esa gira por su pareja; quien es fiscal auxiliar y, según el fiscal, habría viajado con un permiso sin goce de salario y sin que el Estado pagara por su traslado.
Según las figuras del oficialismo, Díaz habría violado regulaciones internas del Poder Judicial sobre la identificación de posibles conflictos de interés.
Al respecto, el fiscal había respondido anteriormente mostrando la invitación al evento, en la cual se menciona que habría “un programa para cónyuges/parejas acompañantes" y en la audiencia, además, cuestionó que otros funcionarios costarricenses no fueran invitados por la máxima autoridad antidroga de la potencia norteamericana.
"Vergüenza les debería dar a los que no invitó la DEA y no voy a decir nombres; me daría vergüenza que la DEA no me invitara, como fiscal general. Aquí no han invitado a otros funcionarios que deberían estar presentes, que tienen que luchar contra las drogas en este país. Mi persona y Randall Zúñiga (director del OIJ) fuimos invitados por la DEA, pero ¿ustedes creen que si yo fuera un narcotraficante la DEA me invitaría?, pues no”, aseguró, enfatizando que no hubo gastos adicionales de fondos públicos por el acompañamiento de su pareja.
Apertura de investigación
Pocos minutos después de que concluyó la comparecencia de Díaz en el Congreso, los diputados aprobaron en el Plenario legislativo una moción para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico investigue si existen nexos entre el actual gobierno y el crimen organizado. Esta decisión se aprobó con el voto a favor de 38 legisladores y con el rechazo de solo otros seis, del oficialismo.
Entre otros motivos para abrir la investigación, la moción indicaba decisiones polémicas del gobierno en materia de seguridad en los últimos meses, como movimientos de personal de la Policía de Control de Drogas (PCD), para trasladarles fuera de puestos fronterizos, o el reciente movimiento de la Academia Nacional de Guardacostas de Quepos a Pococí, a 103 kilómetros de la costa más cercana.
