Costa Rica cumple 200 años de vida independiente con una democracia sólida a pesar de la coyuntura de desestabilización que envuelve a Centroamérica. No obstante, enfrenta un crisis de representatividad que se evidencia en las bajas calificaciones de confianza sobre las principales instituciones de poder político.
La democracia costarricense es sólida y el respaldo a dicho régimen es alto, según las mediciones más recientes del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). Después de 70 años de elecciones y con 18 procesos de elecciones nacionales a cuestas, con la llegada de la Segunda República, el régimen democrático parece haber madurado satisfactoriamente.
Pese a ello, la crisis de representatividad se evidencia en un sistema electoral cada vez más personalizado y que privilegia la selección de personas por encima de partidos políticos o agendas concretas. Es decir, las personas cada vez más designan en el poder a personas con las que en realidad no se ‘matriculan’ más allá de en cuestiones meramente discursivas o superficiales.
A esto se suma la crisis de los partidos políticos. Estas agrupaciones que se idearon como el medio principal de conexión entre intereses de la ciudadanía y sus representantes cada vez son más, pero aglutinan a bases menores.
Todo esto se traduce en representantes políticos con una baja legitimidad ciudadana y cuya agenda queda más a merced de grupos específicos, con mayores cuotas de poder, capaces de incidir a través de acciones de cabildeo.
La consecuencia de este fenómeno es un desgaste del sistema democrático como un todo. La población no ve sus intereses directamente reflejados con el poder y esta molestia abre la puerta para oferentes de soluciones populistas o autoritarias.
Una crisis
La falta de representatividad se evidencia en la dinámica actual de los partidos políticos, explicó en entrevista con EF la politóloga Ilka Treminio, directora de la sede costarricense de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Muchos partidos políticos funcionan como “vehículos” para que personas específicas accedan al poder, más allá de como una verdadera base ideológica o programática para bases sociales.
“Los partidos políticos reales tienen afiliados, miembros y bases políticas. Cuando esta estructura existía, los partidos podían canalizar las demandas de sus afiliados y esto hacía que las personas asumieran el mandato por los sectores que los impulsaban. Ahora, cuando los partidos se empiezan a quedar en un cascarón y pierden su contenido, el control ya no existe”, explicó la investigadora.
Este fenómeno ocurre especialmente en los partidos emergentes.
Ante la falta de agendas predefinidas y mandatos, el control de los representantes queda en pocas manos. No hay compromisos ideológicos con grupos sociales definidos.
Para el politólogo Ronald Alfaro, el sistema democrático costarricense tiene buenos pilares para sostenerse, pero la falta de representatividad es una amenaza “latente”. Según comentó, las bases sólidas resisten, pero el desgaste puede capitalizarse.
Basta con repasar las calificaciones de institucionales en las encuestas de opinión pública del CIEP-UCR. Hasta mayo pasado, los representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los partidos políticos tenían los peores índices de confianza (con calificaciones menores a 4, en una escala de 0 a 10), y eran los peores ubicados en la lista de 18 entidades consultadas por ese estudio.
“Hay un problema de representatividad. A las democracias también se les evalúa a partir de qué tan capaces son de atender las necesidades de manera oportuna y ahí estamos teniendo dificultades porque las prioridades de la población son de un tipo y las respuestas de otro”, explicó el investigador del CIEP.
Difícil transición
La personalización en las elecciones y el debilitamiento de los partidos políticos como base democrática también genera una difícil transición en materia de gestión política. La existencia de más partidos en puestos de poder implica una mayor necesidad de negociar con una mayor cantidad de partes para llevar adelante las agendas, incluso cuando estas son compartidas por bases de los partidos o sectores mayoritarios de la sociedad.
Un reciente recuento realizado por el CIEP identificó que hasta 28 partidos políticos tendrían aspiraciones electorales para el proceso de elecciones presidenciales de 2022: la cifra más alta que se registra en 70 años.
La explosión posterior al fin del bipartidismo que dominó la segunda mitad del siglo XX parece no haber acabado.
Esta división no solo se evidencia en las papeletas multicolores sino que se traslada a las dinámicas del poder más cotidianas. Por ejemplo, se hace clara en la Asamblea Legislativa, en donde cada vez más fuerzas se ven representadas aunque sea en cuotas pequeñas.
Esto complejiza las dinámicas necesarias de negociación. Sobre todo, recordó Alfaro, porque los partidos políticos han empleado el “veto” de iniciativas que otros impulsan (a través de posturas políticas y acciones concretas) como una forma de ejercer presiones.
¿‘Contagio’ autoritario?
Ante este desgaste y una actualidad centroamericana marcada por la inestabilidad, siempre existe el riesgo de ‘contagio’ de actitudes autoritarias. Sin embargo, la reacción a lo interno de una democracia como la costarricense puede ocurrir en dos vías, explicó el politólogo del CIEP.
Por un lado, las tendencias autoritarias que se evidencian en países como Nicaragua, Honduras o El Salvador acrecientan la amenaza de que grupos antisistema se empoderen en el país; pero, por el otro, también pueden generar un reflejo de protección o defensa.
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“Cuando usted vive en un vecindario en donde los demás tienen dificultades, no quiere estar en esa condición y lo usa como un ejemplo para diferenciarse o escapar”, afirmó Alfaro.
Pese al ambiente desalentador de la región, Costa Rica además posee fortalezas democráticas que le han permitido resistir a las tentaciones de autoritarismo. Por ejemplo, el sistema presidencialista de Costa Rica da pocas potestades al mandatario (que carece de opciones para pasar por encima de otras entidades o poderes) y no hay acceso a fuerzas armadas.
La democracia costarricense es considerada una “democracia perfecta”, según el índice en la materia que publica anualmente The Economist: esta es la mejor calificación y solo la tienen alrededor de 20 naciones evaluadas. Esta medición toma en cuenta aspectos relacionados con los procesos electorales, la libertad civil, el funcionamiento gubernamental, la participación ciudadana y la cultura política de cada nación.
Sin embargo, la situación es diferente para el resto de la región. Panamá es catalogada como una “democracia imperfecta”, los países del Triángulo Norte como regímenes híbridos (con rasgos autoritarios) y Nicaragua como régimen autoritario.
Para Treminio y Alfaro, atender los problemas de representatividad para continuar con altos niveles democráticos en Costa Rica requiere de creatividad. Los partidos políticos deben reinventarse y la sociedad, como un todo, debe buscar formas de rehacer los vínculos perdidos con la política de las ideas.
“Cuando no hay representación, cuando se rompe ese vínculo, entonces la ciudadanía se ve completamente alejada de la toma de decisiones y esto trae implicaciones como la disminución del apoyo a la democracia como sistema político, haciendo a la sociedad más vulnerable a discursos autoritarios y populistas como una opción factible para gobierno”, concluyó la primera.