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¿Regular los servicios de transporte que se ofrecen mediante aplicaciones como Uber y Cabify? Una propuesta que se cocina, a fuego lento, en la Asamblea Legislativa, pretende lograrlo.
El anteproyecto de ley está en discusión entre diputados, Gobierno y las mismas empresas que ofrecen servicios de movilidad colaborativa en el país.
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La iniciativa pretende “ordenar” un servicio que actualmente opera por la libre, sin regulaciones ni trámites burocráticos.
La receta propone crear una Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa que lleve los registros y autorice las operaciones de empresas como Uber y Cabify.
Los conductores destinarían un 5% de su pago por cada viaje a un fondo nacional que servirá para financiar proyectos sociales y de transporte en el país.
La idea de regular los servicios de Uber surge en medio de presiones de taxistas, quienes piden bloquear la aplicación.
Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, aseguró que los servicios de Uber son ilegales, pero no ha propuesto ninguna fórmula legal para regularlos u ordenarlos.
La receta
La llegada de Uber a Costa Rica en agosto del 2015 abrió el sistema de movilidad colaborativa en el país y trajo un nuevo actor a un mercado en el que ya competían taxistas, see taxis y piratas.
Cabify, acérrimo competidor de Uber en Europa y América Latina, confirmó a EF que planean abrir operaciones en Costa Rica este año.
En un mercado que actualmente opera por la libre y se rige solo por reglas de oferta y demanda, surge una única receta que se gesta en el caldero del Congreso.
El plan crearía dos modelos de movilidad colaborativa: cerrada y abierta.
La cerrada se aplicaría solo en empresas privadas, instituciones públicas y centros de enseñanza. Se trata de todas las iniciativas o planes que permitan a sus trabajadores hacer carpooling para reducir presas y contribuir con el medio ambiente.
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El proyecto crea una serie de beneficios para quienes usen sus carros con este fin.
Por ejemplo, no tendrían que sujetarse a la restricción vehícular, ni pagar parquímetros municipales o peajes en autopistas.
Mientras que la movilidad colaborativa abierta es mucho más amplia y regulada en el texto del proyecto de ley.
Empresas como Uber o Cabify tendrán que registrarse en una Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Para registrarse, tendrán que pagar una cuota equivalente a dos salarios mínimos.
La propuesta obligaría a las empresas a entregar al MEIC un documento anual con todos los datos de sus conductores socios y de los vehículos.
La base de datos de los choferes debe ser actualizada cada seis meses, explicó Franklin Corella, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y autor de la propuesta regulatoria.
La iniciativa crea una serie de requisitos para los conductores que quieran trabajar con el modelo de transporte colaborativo.
Los choferes tendrían que presentar a las empresas su licencia al día, hoja de delincuencia, registro de infracciones de los últimos cinco años, póliza de seguro y una carta de autorización para usar el vehículo en servicios de transporte colaborativo.
Uber, Cabify y cualquier otra empresa que quiera operar en el país tendrá que entregar un distintivo a sus choferes socios para que sean identificados en carretera por los clientes.
La receta también tiene ingredientes que deben ser aportados por los usuarios.
Por cada viaje, se destinaría un 5% al Fondo Nacional de Movilidad Colaborativa.
Este fondo sería manejado por el MEIC para financiar proyectos sociales, ambientales o de transporte público en el país.
El 20% del dinero recaudado se invertiría en la operación de la Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa.
El 80% restante del fondo, se usaría para financiar proyectos seleccionados mediante un concurso público cada año.
La iniciativa prohíbe el pago en efectivo, los clientes solo podrán cancelar sus viajes mediante el uso de tarjetas de débito o crédito a través de la aplicación.
Así funciona
Actualmente los servicios de transporte de Uber operan sin ninguna regulación legal.
Su arribo al país en agosto del 2015 desencadenó, hasta la fecha, seis protestas de taxistas.
Este gremio presentó un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo contra Uber.
En febrero de este año, la Sala Constitucional acogió para estudio una acción presentada por los diputados del Movimiento Libertario y la Asociación de Consumidores Libres, lo que detuvo las multas contra los choferes de Uber hasta que el Contencioso resuelva su proceso legal.
Julie Robinson, encargada de comunicación de Uber, dijo que están anuentes a conversar sobre regulaciones para la movilidad colaborativa en Costa Rica.
Vianey Campos, gerente de relaciones públicas de Cabify, aseguró que están abiertos a analizar este proyecto o cualquier mecanismo que les permita ingresar de forma legal a Costa Rica.
Sao Paulo, Brasil, es una de las ciudades de América Latina que regula el servicio de Uber mediante una normativa municipal.
El ayuntamiento autorizó solo 5.000 vehículos para brindar servicios de transporte con Uber, debido al faltante de taxis formales que se presenta en esa ciudad.
Uber debe pagar a la municipalidad de Sao Paulo una comisión de 0,10 reales de Brasil (equivalentes a ¢13 de Costa Rica), para poder operar sus servicios de transporte.
En detalle
Anteproyecto de ley de movilidad colaborativa se discute entre sectores.
1
Regulación: Se crea la Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa para regular y autorizar la operación de las empresas.
2
Registro: Todos los datos de los conductores de las empresas como Uber y Cabify estarán en un registro en el MEIC.
3
Sanciones: El plan crea multas paras las empresas y sanciones para los choferes que irrespeten los procesos de la ley.
4
Requisitos: Los conductores deben tener licencia, marchamo, revisión técnica, récord de multas limpio y pólizas al día.
5
Financiamiento: De cada viaje se destinará el 5% a un fondo nacional para financiar proytectos con impacto social.
Fuente Proyecto movilidad colabortiva.
