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El reglamento que flexibiliza los montos que las pymes deben aportar al seguro de salud de sus empleados cumple casi un año varado en los pasillos de la Caja Costarricense de Seguro Social.
El texto fue aprobado por la junta directiva de la institución el 30 de julio del 2018 y tuvo una primera consulta –y única, de momento– en diciembre del 2018. Así, en casi 12 meses sigue sin entrar en vigencia. En consecuencia, las medidas que incluye son inútiles.
La lentitud con la que avanza este reglamento –esperado por el sector pymes, demandado por cámaras empresariales y apoyado por el mismo Poder Ejecutivo– contrasta con la labor que otras instancias públicas realizan en la actualización de normativa. Por ejemplo, el documento del impuesto de renta publicado por el Ministerio de Hacienda tuvo menos de un mes de consulta entre sus dos primeras versiones.
Mientras los oficiales de prensa de la CCSS se limitan a señalar que el reglamento sigue en “construcción”, la cantidad de trabajadores en condición de informalidad ha crecido hasta superar 1 millón de personas en Costa Rica, según datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Una propuesta simple en el papel
Según la versión del texto hecha pública el año pasado, cualquier empresa que esté acreditada como pyme ante el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), o como pequeños y medianos productores agropecuarios (pympa) ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que esté inscrita ante la CCSS y que opere como persona física o jurídica puede contar con el beneficio del reglamento.
Este beneficio sería un pago diferenciado del 14% que se cotiza por el seguro de salud de cada trabajador. De este porcentaje, un 9% lo pagan los patronos y se calcula con base en el salario de cada empleado. Este monto gozaría de un pago escalonado y reducido.
En el primer año después de la inscripción, solo tendrían que pagar un 4,25% por la cuota de cada trabajador. Durante el segundo año, el monto subiría a 5,25%; en el tercero pasaría a 6,25%, y, al cuarto, a 7,25%. Es hasta el quinto año que la tarifa se ajustaría al 9% final. El beneficio aplicaría a un máximo de cinco trabajadores por empresa.
Esta flexibilización de las cargas sociales es respaldada no solo por las pymes que se verían beneficiadas.
“No puede ser que las pymes desde el minuto cero tengan que cotizar a la Caja cuando no se ha generado ni una sola utilidad. Un período de gracia ayudaría a dar aire”, indicó Leonella Artavia, académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). La mortalidad de los emprendimientos en Costa Rica es del 80% en los primeros tres años, de acuerdo con datos del Global Entrepreneurship Monitor.
Este documento no es el primer intento de disminuir las cargas sociales para microempresarios. El MEIC busca implementar un mecanismo similar desde hace algunos años bajo la misma justificación: las microempresas en la informalidad son demasiadas.
La Cámara Nacional de Pymes (Canapymes) presentó un proyecto de ley con un enfoque casi idéntico al que hoy se ve en el reglamento de la CCSS, de acuerdo con Carlos Peña, presidente de la organización. Sin embargo no superó la Asamblea Legislativa.
En este proyecto del 2015 –expediente 19.729, Ley de Fomento a la Persona Emprendedora– se justificaba que más del 50% de los ingresos de los emprendimientos se iban en cargas sociales. La recaudación estimada que produciría la ley era de $15 millones por año, dividida entre la CCSS y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Las pymes quieren formalizar
Cuando Rafael Sáurez, dueño de KAM Breakfast & Bakery, buscó los beneficios de inscribirse como pyme, la lista la encabezaba el reglamento de la Caja. La descripción total del documento, los requisitos, e incluso los aspectos para perder el beneficio, son parte de un documento oficial del MEIC en línea.
El negocio que Rafael fundó en conjunto con su esposa Katherine Gutiérrez y su suegra Maritza Cartín no es nuevo; tiene ocho años de existir en San José y está inscrito ante Hacienda y la CCSS. Sin embargo, hoy buscan aplicar para la condición de pyme, con el fin de mantenerlo estable.
La cafetería, destacada por sus desayunos y repostería, está ubicada en las cercanías del Hospital Calderón Guardia. Ahí trabajan siete personas. Si el reglamento estuviera en vigencia, podría aplicar los pagos escalonados sobre cinco de ellas. Esto significaría un ahorro considerable para un negocio como este, que busca crecer.
Formalizar su negocio como microempresa también le permitiría acceso a recursos de banca para el desarrollo, capacitaciones, incubadoras o asesorías, así como a mejores contratos e incluso a la posibilidad de ser proveedor estatal.
“Esto va a ser muy importante después de julio. Esto va a hacer la diferencia entre los negocios que logren sobrevivir”, declaró.
Sin embargo, el reglamento todavía no pasa del papel y para Rafael fue una sorpresa enterarse con el trámite ya a medias.
“¿Quien pierde ahí? Esto –el reglamento– podría dar chance de contratar a otra persona. En un momento de crisis, ¿si todo se incrementa, por dónde se reducen costos? Por los empleados y es lamentable”, declaró el comerciante.
De acuerdo con July Peralta, de Pymes de Costa Rica, cuando el reglamento salió con luz verde de la directiva de la Caja, el sector microempresario se sintió escuchado.
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El 77% del parque empresarial es micro y, de este porcentaje, solo el 15% tiene asegurados a sus colaboradores, según datos de Pymes de Costa Rica. Y aunque el reglamento no es la solución a la tasa de mortalidad de las pymes, sí colaboraría con muchas que no pueden sostener operaciones formales.
Pymes de Costa Rica ha recibido consultas sobre la publicación del reglamento de al menos un 30% de las microempresas con las que trabajan.
Atraso sin explicación
Si los distintos actores coinciden en que el reglamento es un arma efectiva para sacar de la informalidad a muchos trabajadores, ¿por qué el reglamento se acerca peligrosamente al año de estar varado en la Caja?
La institución, después de diversas consultas y solicitudes de entrevistas por parte de EF, argumenta que necesita más tiempo para concluir el análisis del documento que la misma junta directiva aprobó.
“En este momento no será posible conceder la entrevista. El reglamento está en etapa de construcción y estamos pendientes de recibir las observaciones de las entidades con quienes se compartió esta propuesta. Una vez que sea conocido y discutido por la junta directiva, se le podrá atender por parte de la gerencia financiera”, fue la respuesta, por medio de correo electrónico, de Luis Alonso Ramírez, de la Subárea de Prensa de la CCSS.
Hace casi un año, la Caja justificó el reglamento no solo como un camino para acercar a trabajadores a la formalidad, sino como una iniciativa en “marco del cumplimiento de la recomendación 204 de la OIT, el proceso de adhesión a la OCDE y los ODS”.
Colaboró con la nota, la periodista Laura Ávila.
