El exmandatario Carlos Alvarado firmó la ley que legalizó la producción industrial de cáñamo y de cannabis medicinal el 2 de marzo, solo un día después de que la Asamblea Legislativa aprobara, en segundo debate, el texto, pero esa vez incluyendo el veto parcial emitido por el Poder Ejecutivo. Alvarado se comprometió a dejar listo el reglamento, pero eso no sucedió y la tarea recayó en la nueva administración Chaves-Robles.

El decreto encarga algunas responsabilidades al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Ministerio de Salud. El MAG, por ejemplo, deberá hacerse cargo del proceso de producción que implica la siembra, la cosecha y el almacenamiento tanto del cáñamo para uso industrial, como del cannabis para fines terapéuticos y medicinales.

“Es un reglamento sencillísimo. Las licencias no van a costar más que un monto simbólico y quien quiera y pueda bajo cumplir la ley, va a poder sembrar ese producto y va a tener la posibilidad de procesarlo”, precisó Chaves, quien el 16 de agosto, en el acto oficial que conmemoró los primeros 100 días de su Gobierno, confirmó que prepara un proyecto de ley para legalizar el consumo recreativo de la marihuana en el país.

De acuerdo con el mandatario, la iniciativa de ley la está preparando su despacho, con el objetivo de presentarla a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1.° de noviembre próximo. En la corriente legislativa ya existe un expediente que busca legalizar el consumo recreativo de la marihuana; fue presentado por el exdiputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), en abril de 2021.

Simplificación de trámites

Con el objetivo de simplificar la tramitomanía en Costa Rica, Chaves también firmó un decreto denominado “Celeridad de los Trámites Administrativos en las Entidades Públicas”, que prohíbe a las instituciones solicitar información que ya se encuentra disponible en las bases de datos de la Administración Pública.

“Con este decreto se busca que la verificación del requisito no la realice el usuario, sino la entidad a cargo de la gestión, quien tendrá que ubicar la información en las bases de datos públicas. En caso de que la entidad no pueda realizar la verificación requerida o no logre consultar las bases de datos públicas, deberá solicitar una declaración jurada o realizar la verificación posterior”, precisó Casa Presidencial por medio de un comunicado.

El presidente explicó que, por ejemplo si una persona solicita una patente comercial ya no se le deberá pedir copia de ningún documento personal, ni tampoco deberá ir al Registro Nacional a pedir o verificar nada, que “para eso están las bases de datos”.

En esta misma línea, el Gobierno firmó una directriz para eliminar un total de 163 cuellos de botella, ligados a más de 70 trámites en diversos ministerios e instituciones autónomas. Según explicó Chaves, los primeros 55 identificados se eliminarán en un máximo de dos meses (octubre), los otros 54 en un periodo de cuatro meses (diciembre) y los restantes en seis meses (febrero 2023). Además, la responsabilidad de eliminar las trabas recaerá en más de 20 entidades.

Los 163 cuellos de botella que pretende eliminar la actual administración, están ligados los siguientes trámites:

1. Concesión y perforación de pozos y aprovechamiento de agua.
2. Registros sanitarios.
3. Estudios de viabilidad ambiental.
4. Permiso sanitario de funcionamiento.
5. Vertido de aguas residuales.
6. Disponibilidad de recurso hídrico.
7. Base mínima contributiva.
8. Autorización y registro de estaciones para autoconsumo de combustibles.
9. Inscripción como asegurado.
10. Registro de alimentos.
11. Solicitud de concesión para explotar una cantera.
12. Certificado de circulación de mercancías.
13. Devolución de impuestos.
14. Exoneraciones tributarias.
15. Ingreso al país de turistas.
16. Licencias de guías de turismo.
17. Trámite de pago de cargas sociales.
18. Permisos de transporte terrestre de turismo.
19. Póliza de riesgos de trabajo.
20. Proyectos de riego en zonas de secano.
21. Registro de agroquímicos y fertilizantes.
22. Registro de pymes.
23. Residencias y estancias.
24. Seguridad contra incendios en proyectos constructivos.
25. Transporte de diésel a fincas para maquinaria agrícola.
26. Acceso a rutas de carreteras de acceso restringido.
27. Aceptación de trámites digitales, con firma digital.
28. Alineamiento de áreas de influencia en aeropuertos.
29. Alineamiento de poliducto.
30. Alineamiento ferroviario.
31. Alineamientos viales por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
32. Aprobación de planos urbanísticos.
33. Atención en aduanas y tiempo de respuesta para la revisión de documentos y mercancías.
34. Certificado veterinario de operación.
35. Cesión de facturas, contratos y órdenes de compra en instituciones de gobierno y sector privado.
36. Códigos aduaneros temporal y permanente.
37. Concesiones de servicios no esenciales en parques nacionales.
38. Construcción de obras fluviales.
39. Declaración de Clasificación Energética Integral.
40. Denuncia o queja ambiental.
41. Exoneraciones de importaciones de insumos, productos y equipos agrícolas.
42. Generación distribuida.
43. Importación de materia prima y producto terminado no comercializable.
44. Importación de productos de origen animal.
45. Inexistencia de planes reguladores.
46. Inscripción como contribuyente.
47. Inscripción como patrono.
48. Notas técnicas de importación e inspecciones.
49. Obtención de criterio de cauce de dominio público.
50. Permiso de desfogue a cauce de dominio público.
51. Permiso de operaciones de fuentes radioactivas y personal operacionalmente expuesto.
52. Permiso de pesos y dimensiones.
53. Permisos de Salud para notas técnicas 54 y 57.
54. Procesos de desalmacenajes.
55. Régimen de tributación simplificado.
56. Regímenes especiales: (perfeccionamiento activo).
57. Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales.
58. Registro de importadores de productos de origen vegetal.
59. Registro de medicamentos farmacológicos de uso veterinario.
60. Registro de productos veterinarios y cosméticos.
61. Reglamento de Insumos Agropecuarios y Régimen Especial Agropecuario.
62. Regularización migratoria para trabajadores temporales en el sector agropecuario.
63. Resoluciones en aduanas de control (rectificaciones de DUA, cargas retenidas).
64. Seguro de cosecha.
65. Trámites de importación farmacéuticos veterinarios.
66. Trámites en la Dirección de Agua. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
67. Uso de la plataforma Sistema Nacional de Información Territorial.
68. Uso de suelo agrícola.
69. Vallas publicitarias.
70. Venta de boletos de acceso a parques nacionales.
71. Ventas a plazo.

Pesca atunera

Este miércoles, también se firmó la Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover su Aprovechamiento Sostenible en Beneficio del Pueblo Costarricense (21.531). Este proyecto fue aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa el pasado 11 de agosto y fue presentado en 2019 por el Partido Frente Amplio.

La iniciativa reforma la Ley de Pesca y Acuicultura y pretende que el país potencie la pesca y el aprovechamiento local, se cobre lo justo por las licencias de pesca y se actualicen las condiciones bajo las cuales se dan esas licencias.

“Estamos declarando de interés público y prioridad nacional la creación de una flota atunera con artes de pesca debidamente certificadas, para que la pesca sea sostenible sin dañar el medio ambiente. Eso va a generar más empleo. Vamos a quitar las licencias gratuitas y ahí estamos cerrando un portillo legal que permitía y de hecho, hizo que regaláramos nuestra riqueza atunera por años sin pagar un cinco a barcos extranjeros y pagando en algunos casos montos ridículos debajo del precio verdadero”, precisó el mandatario.

Retorno de los eventos deportivos y culturales en vías públicas

Por otra parte, salió a consulta pública el reglamento de la Ley para Regular Eventos Deportivos en Vías Públicas y Terrestres (9.920) con la finalidad de permitir el regreso de los eventos deportivos y culturales durante los fines de semana.

Esto se hará por medio de la utilización o cierre de vías públicas terrestres nacionales y cantonales, lo que modifica o limita temporalmente el uso normal de las calles en procura de la sana recreación, explicó la vicepresidenta Mary Munive Angermüller.

Los eventos podrán realizarse una vez salga publicado el reglamento en el diario oficial La Gaceta.