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La recién aprobada reforma de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional es un paso hacia la contención de gasto público, aunque el ahorro será pequeño.
Datos del Ministerio de Hacienda muestran que con las cuatro leyes de la reforma se ahorrarán cerca de ¢21.000 millones cada año en el pago de las pensiones con cargo al presupuesto.
Esta reforma no aplica para pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Poder Judicial y Magisterio Nacional.
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Cuando se habla de pensiones con cargo al presupuesto, se trata de un grupo de pequeños regímenes –como el de los diputados, el Incofer y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)– que son pagadas directamente por el Ministerio de Hacienda.
La reforma a estas pensiones se puede ver desde dos dimensiones: por un lado pretende limitar el crecimiento del gasto, y por otro, poner en orden la “espantosa” situación de las pensiones del régimen con cargo al presupuesto.
En el plano político, la aprobación de los cambios también dejó lecciones que se pueden aprovechar en la discusión de los proyectos de nuevos tributos como Impuesto al Valor Agregado (IVA) y renta.
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Pequeño ahorro
Las transformaciones en las pensiones con cargo al presupuesto fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa el 28 de julio y firmada como ley por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el 16 de agosto.
Ese paquete le permitirá al Gobierno ahorrar ¢21.000 millones anuales.
El ahorro es modesto si se mide con la misma vara que el déficit fiscal, es decir, en puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
La reforma generará entonces un ahorro de 0,7% del PIB, mientras que el déficit financiero de Costa Rica será del 6% de la producción para el cierre del 2016, según prevé el Banco Central.
José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos, consideró que el impacto de la reforma en números es pequeño, pero es un paso importante para contener el crecimiento del gasto público en el futuro.
Es justamente en ese rubro donde el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos, ya que los diputados de oposición condicionaron la aprobación de nuevos impuestos hasta que se recorte todo el gasto posible.
Pacheco aseguró que los cambios son un esfuerzo que no alcanzará si no se aprueban los proyectos de ley para generar más ingresos como IVA y las modificaciones al impuesto sobre la renta.
“La reforma de pensiones es parte de un plan integral”, aseveró el viceministro de Hacienda.
Lo cierto es que además de limitar el gasto en pensiones con cargo al presupuesto, la reforma pretende ordenar la situación ética en que estaba sumido ese régimen.
Los cambios a las leyes eliminarán una serie de prácticas y beneficios que fueron instaurados mayoritariamente en la década de 1980.
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Por ejemplo, las pensiones de los diputados que fueron electos antes de 1992 –que se pagaban con el dinero de los contribuyentes– antes crecían automáticamente un 30% cada año.
De esta forma llegaban a ser pagos mensuales de hasta ¢5.000.000 en algunos casos.
La reforma elimina esa revalorización y sujeta el crecimiento de esas pensiones al costo de la vida.
Lección política
El camino legislativo que siguieron las cuatro leyes de la reforma dejó una lección política que podría allanar el camino para los proyectos de nuevos impuestos.
Tras una serie de discusiones, la fracción de Frente Amplio propuso excluir algunos temas de los proyectos para darle vía rápida a la reforma en el plenario.
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La propuesta fue aceptada por la mayoría de fracciones y finalmente la reforma de pensiones se aprobó con éxito.
Edgardo Araya, jefe de la bancada del Frente Amplio, explicó que el primer paso para resolver el problema fiscal del país es recortar donde se puede.
“Pensiones era un buen inicio para limitar el gasto”, agregó el legislador.
Hacienda espera que los proyectos de IVA y renta se aprueben este año para atenuar la difícil situación fiscal del país.
