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Hace cuatro meses el Gobierno decidió aplazar el plan para incorporar una mezcla de etanol en la gasolina (conocida como Eco95). Ahora que las aguas volvieron a su cauce, la iniciativa resurge.
El proyecto, que forma parte del Plan de Descarbonización del Sector Transporte Terrestre, se echaría a andar a mediados del 2020, según aseguró Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), a EF.
Antes de dar el banderazo de salida, la institución le dará seguimiento a una flotilla vehicular que de manera voluntaria adoptaría la gasolina Eco95, para mostrar los efectos del combustible que se vende como uno de los pasos para reducir las emisiones de carbono.
Meses atrás la refinadora fue blanco de múltiples críticas por no contar con estudios suficientes.
Más allá de reducir las emisiones de carbono el proyecto también tiene aspiraciones de dinamizar una economía que adormilada y que este año crecerá 2,2% según el Banco Central de Costa Rica (BCCR). El anhelo es comprar, a futuro, el etanol que se produce en el mercado nacional para no importarlo.
La estimación que maneja Recope es que si se llega a sustituir el 8% de la factura petrolera por la Eco95, se le podría inyectar a la producción nacional cerca de $70 millones anuales. Sin embargo, la idea genera posiciones divididas entre representantes del sector privado.
Meses después del freno el proyecto podría alzar vuelo luego de que la Sala Constitucional declarara sin lugar cinco recursos de amparo que se interpusieron en contra de la iniciativa y solo acogiera uno.
Nueva intentona
El Gobierno no quita el dedo del renglón y prepara dos decretos ejecutivos –que se darían a conocer en los próximos días– y que permitiría incorporar la gasolina Eco95, según confirmó el jerarca de Recope el lunes 5 de agosto.
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Los decretos constarían de un reglamento para utilizar el etanol y un mandato sobre el porcentaje que se le podría agregar a los combustibles. La institución comenzaría con un 8% pero la norma técnica los habilitaría a utilizar hasta un 10%, de acuerdo a Muñoz.
Estos documentos serían el banderazo de salida para una primera fase: las pruebas voluntarias. El programa consistiría en reclutar a un grupo de personas que deseen adoptar la gasolina Eco95. La institución les daría seguimiento por tres meses y después daría a conocer los resultados.
Al consultar sobre la cantidad de automotores necesarios para las pruebas, el jerarca indicó que la entidad aún trabaja en los detalles de la metodología.
“Adquirimos el compromiso de hacer una muestra para que la gente se convenza de que este es un producto que realmente funciona”, manifestó el presidente ejecutivo de Recope.
El voluntariado iniciaría a finales de agosto o principios de setiembre y contaría con el aval de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), según Muñoz.
Posteriormente vendría la puesta en marcha a nivel nacional que se programa para mediados del 2020. Para eso la refinadora contará con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entidad encargada de explicar la ruta del proyecto.
¿Una opción para dinamizar la economía?
A pesar de que el plan aún está en pausa, la refinadora lo ve como una opción para dinamizar la producción nacional. El objetivo a mediano plazo es comprar el ingrediente a los productores nacionales.
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El presidente ejecutivo de Recope estima que si se sustituye el 8% de la factura petrolera por gasolina por etanol y se compra ese porcentaje a los productores de caña, se invertirían cerca de $70 millones por año; y si sustituye un 5% por biodiésel la inversión alcanzaría los $100 millones anuales.
“Nuestra idea con el etanol no es producirlo nosotros, es que lo produzcan los cañeros del país y nosotros se lo compramos. Recope haría un contrato con los productores de biodiésel y de etanol y les garantizamos la compra a esta calidad. Eso sería lo ideal”, agregó Muñoz.
La institución estaría preparada para implementar la idea en cualquier momento, según Muñoz. Sin embargo, el plan genera posiciones divididas entre los representantes del sector privado.
Por un lado la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) se opone a que las instituciones estatales actúen como empresas o que Recope produzca o industrialice.
Sin embargo, no ven problemas en que se le compre etanol a los productores nacionales siempre que los precios sean competitivos. De lo contrario el ejercicio no ayudaría a la economía, según Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de la CICR.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), considera que primero debería darse a conocer un criterio técnico de costo beneficio por parte de la institución, según Gonzalo Delgado, presidente de la organización.
Entretanto, en el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), estiman que antes de impulsar la medida se deben establecer estudios técnicos en toda la cadena de valor para asegurar que realmente se mejoraría la competitividad, así lo indicó Shirley Saborío, vicepresidenta del organismo.
Actualmente Costa Rica produce y exporta etanol al mercado internacional, y hasta junio estas transacciones dejaron divisas por $17,4 millones. Durante el 2019 los destinos han sido Holanda y Reino Unido, de acuerdo a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
El fracaso de los recursos
En medio de la controversia que surgió por intentar cambiar la formulación de la gasolina súper, varios ciudadanos interpusieron recursos de amparo en contra del proyecto. Sin embargo, algunos no superaron el tamiz constitucional.
El 23 de julio la Sala Constitucional declaró sin lugar cinco recursos, dejando sin efecto los alegatos interpuestos por la exdiputada libertaria Natalia Díaz, Erick Miranda, Javier Berrocal, José Rodolfo Ibarra y Gerardo Venegas.
Algunos de los argumentos utilizados fueron que el usuario quedaba en vulnerabilidad al no poder verificar si el combustible se ajustaba a normas internacionales, que el proyecto violentaba los artículos 50 y 46 de la Constitución Política o que se obligaba a utilizar un determinado tipo de combustible, entre otros.
Durante la primera semana de agosto la Sala Constitucional no había finalizado la redacción de las sentencias por lo que la oficina de prensa solo brindó el detalle de la declaratoria sin lugar.
No obstante, a nivel general, la Sala consideró que como se pausó el proyecto los reclamos carecían de “interés actual” y las amenazas que se alegaban carecían de “certeza e inmediatez”.
La institución solo declaró con lugar el recurso interpuesto por el diputado socialcristiano Pedro Muñoz; “únicamente en contra del Ministerio de Ambiente y Energía con respecto a la solicitud de información”, según dio a conocer la oficina de prensa.
