La recaudación de impuestos del Gobierno siguió al alza en 2022 y creció en un porcentaje de doble dígito por segundo año consecutivo. El Ministerio de Hacienda registró ingresos tributarios por ¢6,3 billones en los 12 meses del año pasado, lo cual representó un aumento del 13,4%. Dicho crecimiento superó la tasa de inflación hasta diciembre pasado (7,88%), un indicador que suele tener un efecto al alza en la captación de tributos.
Los números consolidan una tendencia creciente en la recaudación de impuestos posterior a la aprobación de la reforma fiscal de 2018, la cual introdujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para gravar a más servicios, y algunas otras reformas en materia de renta, incluidas el aumento de algunas tarifas y la creación de otras más.
El crecimiento en la recaudación producto de la reforma fiscal se esperaba para 2020. Ese fue el primer año en que entró a regir por 12 meses el grueso de los cambios; sin embargo, sus efectos se vieron postergados con la llegada de la covid-19 y sus efectos sobre la economía local e internacional.
Cuatro años después, los efectos de aquella reforma legal se hacen por fin más evidentes. Los impuestos recaudados en 2022 representaron un 14,3% del Producto Interno Bruto (PIB): una cifra que no se veía desde 2008 y que supera en 1,6 puntos porcentuales los registros de 2018, el año anterior a la aprobación de la reforma tributaria que impulsó el gobierno del expresidente Carlos Alvarado.
A pesar de los buenos resultados, la administración del presidente Rodrigo Chaves (actual) confirmó que desea impulsar nuevas reformas tributarias en 2023, incluida la transformación del sistema vigente del Impuesto sobre la Renta para personas físicas y jurídicas.
Según afirman las autoridades, ya no se persiguen los cambios con el fin de aumentar la recaudación, sino para hacer el sistema más ordenado y eficiente. Si eso provoca un incremento de la recaudación, dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en una reciente entrevista con EF, solo sería una complemento positivo más y no el principal objetivo.
Grandes cambios recientes
Además de la transformación del viejo Impuesto de Ventas en el IVA, para tasar a más servicios y no solo a una mayoría de los productos, la reforma fiscal de 2018 incluyó otros cambios sustanciales que aumentaron la recaudación de impuestos.
Por ejemplo, se incluyó un nuevo tipo de Impuesto sobre la Renta del 15% sobre las ganancias de capital (aumentos de patrimonio).
Además, se aumentaron las tasas de renta sobre los salarios más altos y se aumentó el porcentaje del mismo impuesto sobre algunas rentas de capital, como los certificados de depósito bancarios, que pasaron de pagar un 8% a un 15% de sus rendimientos.
Todo ello coincidió con la entrada en operación de la factura electrónica, en 2018, la cual se instauró de forma obligatoria para todos los contribuyentes y redujo los portillos para la evasión de impuestos.
Este sistema de facturación, según las autoridades del Ministerio de Hacienda, es una de las explicaciones claves de por qué la recaudación tributaria no decayó en este 2022, a pesar del hackeo que inhabilitó los sistemas electrónicos tradicionales de Hacienda durante el segundo trimestre de ese año.
Incluso si una persona no empleó los mecanismos alternativos para tramitar la declaración y el pago de impuestos en aquel entonces, la necesidad de obtener las facturas –una vez reestablecidos los sistemas informáticos– para la posterior realización de dichos procesos por parte de compradores y vendedores de bienes y servicios generó mayores niveles de cumplimiento de los que pudieron esperarse en otro momento.
Se buscan más reformas
El Gobierno sostiene que buscará más reformas tributarias en los próximos meses. Varias de ellas incluso las ha mencionado al Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de sus compromisos para estabilizar el endeudamiento público del país en el mediano y largo plazo, y acceder a financiamiento blando con ese organismo.
El cambio más sustancial que perseguirá el Ejecutivo es la transformación del actual sistema cedular del Impuesto sobre la Renta en un sistema global. Con este esquema, ha dicho el ministro Acosta sin brindar mayores detalles, se perseguiría que las personas y empresas paguen sobre todos sus ingresos en un solo conjunto (utilidades regulares, salarios, etc,) y no de forma separada por cada uno de ellos, como ocurre actualmente.
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“Tenemos que pensar en una recaudación más justa, más que en el hecho de incrementar la recaudación”, dijo el ministro a EF en diciembre pasado. Y luego reconoció: “cuando hagamos esa recaudación más justa, tal vez, como resultado tengamos esa mayor recaudación”.
Además de esa gran reforma, el Gobierno indicó al FMI que buscaría eliminar exoneraciones de impuestos actuales que ya no considera necesarias o que, estima, ya habrían cumplido con sus objetivos.
También se perseguiría gravar “las rentas de capital obtenidas en el extranjero por residentes costarricenses” y se incluiría dentro de la base imponible del impuesto a “los dividendos distribuidos por las empresas en las zonas francas”, entre otras cuestiones.
¿Son necesarias las reformas?
Los resultados financieros del Gobierno fueron positivos en 2022. Sin contar el pago de intereses de la deuda, Hacienda registró una diferencia positiva de ¢927.392 millones entre sus gastos y sus ingresos el año pasado, lo cual representó un 2,1% del PIB.
Dicho monto más que triplicó las metas impuestas para el programa de financiamiento con el FMI.
“Esto no es cosa menuda”, afirmó el ministro Acosta en conferencia de prensa, este 7 de febrero. “Si lo vemos en términos nominales, dejamos de endeudarnos por casi ¢1 billón y son menos intereses que tenemos que pagar”.
Ello fue posible, según el jerarca, no solo por el aumento en la captación de tributos, sino también por la contención del gasto público por medidas como la aplicación de la regla fiscal.
Sin embargo, Hacienda defiende la necesidad de realizar los nuevos cambios en materia de impuestos para hacer el sistema tributario más “justo” y “eficiente”.
Además, el país todavía está lejos de alcanzar un equilibrio financiero y de controlar sus niveles acumulados de deuda de manera definitiva.
A pesar del balance positivo entre gastos e ingresos, la presión de la deuda hace que las cuentas generales del gobierno sigan en números rojos.
Contando el pago de intereses, el déficit financiero global calculado por Hacienda fue de ¢1,12 billones en 2022 (2,5% del PIB).
“La deuda va a seguir creciendo porque hay que pagar los intereses de la deuda”, explicó Acosta, “pero con un superávit primario vamos a poder no solo pagar los gastos que tenemos, sino una proporción de esos intereses, para ir reduciendo la deuda”, añadió.
De hecho, el acumulado de deuda creció apenas un 3,5% el año pasado, pero decreció como porcentaje del PIB (pasó de 68% de la producción a 63,4%).
Eventuales reformas que mejoren la recaudación podrían acelerar el proceso. Además, según Hacienda, serían un blindaje ante riesgos que podrían desajustar las proyecciones realizadas hasta el momento, como la reciente subida en las tasas de interés locales e internacionales que se aplica mundialmente para frenar la inflación.