Escuchar35 diputados de todas las fracciones —excepto los ocho legisladores afines al gobierno y 14 que estuvieron ausentes— aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que reduciría el impuesto sobre la renta para los trabajadores independientes.
Entre otros planteamientos, la enmienda ampliaría el mínimo exento del ¢4,1 millones al año a ¢6,24 millones; es decir, lo incrementaría en poco más de un 50%.
Asimismo, el texto modificaría los escalones posteriores; de modo que las tasas de un 10%, 15%, 20% 0 25% se empiecen a cobrar a partir de ganancias netas más altas.
El proyecto, sin embargo, ha enfrentado la una férrea oposición del gobierno. El Poder Ejecutivo primero lo envió consulta con la Sala Constitucional (con el apoyo de dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana) y luego lo mantuvo congelado durante el período de sesiones extraordinarias, que le permite controlar la agenda del Congreso. Todo ello permitió que el cambio no entrara en vigor para la declaración del período fiscal 2024, que actualmente está en marcha.
Ahora, además, el Ejecutivo analiza el veto parcial de la iniciativa. Esto es algo que había adelantado el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, desde diciembre pasado, en entrevista con EF.
¿Cómo quedarían los nuevos tramos del impuesto sobre la renta para los trabajadores independientes?, ¿cuánto dinero se ahorrarían con los cambios?, y ¿qué falta para que la enmienda quede en firme? Le explicamos.
¿Cómo quedan los tramos?
Los trabajadores independientes tienen que pagar el impuesto sobre la renta a partir de sus ganancias netas; en otras palabras, pagan diversos porcentajes sobre sus lo que queda de sus ingresos luego de restar sus costos operativos.
Hasta ahora, la ley establecía un mínimo exento de ¢4,1 millones anuales; sin embargo, la enmienda eleva esa cifra hasta los ¢6,2 millones.
Asimismo, se elevan los márgenes a partir de los cuales se empiezan a pagar las tasas de un 10%, 15%, 20% y 25%.
Los dos primeros tramos aumentarían en más de ¢2 millones, cada uno; mientras que los últimos dos (los más altos), apenas en ¢200.000 y ¢400.000, respectivamente.
¿Cuál es el ahorro?
Los cambios propuestos significarían rebajas para todos los trabajadores independientes, sin importar la cantidad de sus ingresos netos.
Una persona que reporte ganancias por ¢6,24 millones, por ejemplo, antes tenía que tributar más de ¢200.000. Sin embargo, ahora quedaría totalmente exenta.
Además, un ejercicio publicado por EF semanas atrás determinó que cualquier trabajador con ganancias netas anuales de más de ¢10 millones anuales (unos ¢833.000 mensuales) tendría que pagar al menos ¢300.000 menos al año.
El proyecto de ley lo propuso Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), desde febrero de 2023.
Poco antes de la votación en segundo debate, dos años después, el legislador destacó que la enmienda reduciría parcialmente la brecha entre trabajadores independientes y los trabajadores asalariados, pues los segundos empiezan a pagar tributos a partir de los ¢922.000 mensuales (sin deducciones).
Esto, dijo, implica una diferencia desproporcionada en contra de los trabajadores independientes, que muchas veces ya de por sí laboran en condiciones “precarizadas”, simplemente porque no logran acceder a puestos de trabajo permanentes o formales.
¿Qué falta para que quede en firme?
Usualmente, cuando una reforma legal es aprobada en segundo debate, se da por aprobada de manera definitiva.
No obstante, esto no siempre es así, porque el Presidente de la República tiene poder de veto.
Esto quiere decir que el mandatario Rodrigo Chaves puede oponerse a firmar la nueva ley si rechaza su contenido por cuestiones técnicas o de conveniencia.
El veto puede ser total o parcial. En caso de ser total, el presidente únicamente señala su desacuerdo y reenvía el texto al Congreso. Cuando es parcial, puede plantear cambios a la iniciativa para que, eventualmente, esos cambios se apliquen y decida firmarla.
Una vez que el presidente veta una ley, entonces la Asamblea Legislativa puede oponerse al veto del presidente y resellar la ley; siempre y cuando voten para eso dos terceras partes de los integrantes del Congreso.
La Asamblea, sin embargo, también puede aceptar los cambios que propone el presidente (si se trata de un veto parcial), y volver a aprobar el texto.
En este caso, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró desde finales de 2024 que el gobierno plantearía un veto parcial. Según dijo, se buscaría modificar el proyecto para permitir la rebaja de renta para los trabajadores independientes con ganancias más bajas, pero aumentando las tasas a quienes registran ingresos más altos.
El Ejecutivo critica que el proyecto, tal como está redactado actualmente, beneficia a todos los trabajadores independientes, sin importar la cantidad de sus ingresos, lo cual deteriora las arcas del Estado y su capacidad de financiar sus labores sociales.
Inicialmente, el proyecto de ley del diputado Acuña pretendía compensar la caída en la recaudación de impuestos rebajando a ¢14,4 millones el escalón de ganancias para empezar a pagar un 25%, y también planteaba introducir una tarifa del 26% a partir de los ingresos netos por ¢24 millones. Sin embargo, estas ideas se reformaron durante el trámite legislativo, a cargo de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Acosta dijo a EF que recomendaría realizar un veto parcial. “Vamos a hacer una propuesta frente a la Asamblea Legislativa y frente al pueblo costarricense que sea más justa, porque para eso estamos aquí; no para quitarle impuestos a los ricos”, subrayó.
Según las estimaciones de Hacienda, el impacto del texto sería de ¢7.000 millones para Hacienda; y la mayor parte de ese monto la dejarían de pagar los profesionales con ingresos más altos.
Si se concreta el veto parcial, es más probable que la reforma se apruebe —con o sin los cambios que proponga el Ejecutivo, dependiendo de qué decidan los legisladores.
