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Reactivar la economía, o más bien −como apuntan algunos economistas− reconstruirla tras el golpe del coronavirus no es una tarea sencilla. El Gobierno enfrenta una vía con muchos dilemas que atizó, por decisión propia, con contradicciones y mensajes difusos.
Durante marzo y abril, el Ejecutivo se enfrascó en buscar dinero de todas las fuentes posibles para atender lo urgente que incluía dar recursos a los servicios de salud, subsidios a lo afectados por el apagón económico y sostener el funcionamiento regular del Estado.
Las cifras de la primera ola de contagios en Costa Rica son positivas. El Ministerio de Salud mostró sus proyecciones, hizo sus advertencias y empezó tímidamente a levantar algunas restricciones para poner a funcionar el país de nuevo. Bajo la sentencia, eso sí, de que cualquier aumento en la cantidad de casos implicará regresar al aislamiento social. Al confinamiento.
En la Asamblea Legislativa los diputados aprobaron nueve leyes clave para facilitar la atención sanitaria, ayudar con bonos a los más golpeados y financiar el gasto estatal. Lo hicieron bajo un mecanismo ultrarrápido e inédito en el modus operandi del Congreso.
Mientras esto sucede, más de 616.000 personas solicitaron la ayuda económica del programa “Proteger”, 4.644 empresas privadas suspendieron temporalmente los contratos de 51.690 trabajadores, y 5.319 compañías más redujeron las jornadas de 106.252 empleados. Así lo revelan datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) al miércoles 6 de mayo.
El Gobierno se enfrenta a varios dilemas. Reactivar una economía apagada y aletargada por el coronavirus, sujeta a nuevos hábitos de consumo y a hogares más pobres o con menos in
Dilemas complejos
Las disyuntivas son claras. El presidente de la República, Carlos Alvarado, las enmarcó en su discurso de rendición de cuentas ante el plenario legislativo, el pasado 4 de mayo.
“Reducir el impacto fiscal de la pandemia demandará combinar la austeridad en el gasto público, seguir zocando la faja inteligentemente, con la generación de ingresos sanos y temporales, así como redireccionar ingresos que tenían otro destino”, señaló.
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Dijo que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectó una contracción económica del 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año y el Ministerio de Hacienda prevé un aumento del déficit fiscal que pasaría del 7%, en 2019, al 8,6% de la producción nacional si el Congreso aprueba una serie de leyes y se ejecutan recortes al gasto, de lo contrario, el asfixiante indicador superaría el 10% en 2020.
Ese crecimiento en el déficit financiero, según el mandatario, significa cerca de ¢701.000 millones que solo se podrán conseguir por “una combinación balanceada y temporal de las cargas”.
Hasta ahora el Ejecutivo negoció ocho créditos con organismos internacionales por $2.563 millones, de los cuales, uno por $380 millones con la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
Alvarado indicó, en una entrevista con La Nación, que promoverá un nueva reasignación al gasto público por ¢74.000 millones, monto que se sumará a los ¢84.564 millones en ajustes aprobados en el primer presupuesto extraordinario dedicado a la atención de la emergencia por la pandemia.
El presidente le apuesta a una donación de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS), a ¢140.000 millones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y a ¢139.000 millones provenientes de superávits de instituciones públicas.
También aseguró que se debe dar continuidad a los relegados proyectos de ley que buscan consolidar reformas estructurales como los cambios al empleo público, la fundición o cierre de órganos desconcentrados y la flexibilización de jornadas laborales que pide el sector empresarial.
Quizás el principal dilema del Gobierno es la deuda pública. Antes de la crisis del coronavirus Hacienda la estimó en 62,5% de la producción nacional al cierre del año, pero en las nuevas proyecciones con un déficit financiero del 8,6%, ese rubro se elevaría al 67%.
Los préstamos internacionales darán oxígeno con menores tasas y condiciones más favorables en comparación con las colocaciones de bonos, lo que repercutirá en menor presión sobre la deuda.
Estos créditos facilitarán sustituir deuda cara por otra más barata. La complejidad en este área se vislumbra para el 2021, cuando los organismos internacionales dejen de ofrecer financiamiento en esas condiciones y el país deba recurrir a otros mecanismos como eurobonos o emisiones en el mercado doméstico que estrujan la economía.
Contradicciones
Una de las principales contradicciones surge sobre las ideas del Ejecutivo de crear un impuesto a los salarios o “sobretasas” a algunos tributos existentes para obtener recursos que le permitan sostener el plan de subsidios “Proteger” por más tiempo.
El 26 de marzo, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, anunció en el Congreso la creación de un “impuesto solidario" a los salarios de los empleados privados para financiar los bonos. Inicialmente la propuesta planteaba gravar con una tasa del 5% los sueldos de ¢500.000 y, a partir de ese umbral, aplicar tarifas diferenciadas en tramos.
El mismo día Alvarado contradijo a Chaves en Twitter y aclaró que no se iba a presentar ninguna propuesta para crear el tributo a los salarios.
El Gobierno no presentará ningún proyecto que ponga impuestos a salarios de 500 mil colones.
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) March 26, 2020
El plan Proteger es para cuidar a las personas que perdieron empleo o bajaron sus ingresos.
Convocaremos lo que de manera solidaria, justa y sostenible dé alivio a la población.
En su discurso del 4 de mayo, el mandatario volvió a enviar señales sobre la posible creación de un impuesto para sostener los subsidios. Anunció la reducción del 10% de su salario “acorde con una propuesta solidaria” y dijo que las soluciones deben darse con “la generación de ingresos sanos y temporales”.
De inmediato las voces del sector empresarial saltaron para oponerse a cualquier idea de aumentar tributos cuando se debe proveer la reactivación económica.
Gisela Sánchez, presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), considera que las opciones deberían estar relacionadas con mayores facilidades fiscales para las empresas, acceso a crédito, impulsos de liquidez y encadenamientos solidarios; pero nunca con alzas en tributos.
En la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) piden mejores condiciones para generar empleo, reducir los costos de producción y simplificar trámites. Así lo apuntó Álvaro Sáenz, jerarca de la institución.
El ambiente para aprobar “sobretasas” a impuestos tampoco es favorable en la Asamblea. Luis Fernando Chacón, jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), ve muy pocas posibilidades de que los diputados avalen ajustes tributarios a menos de un año de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.365).
Xiomara Rodríguez, jefa de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), añadió que la idea de aumentar impuestos a personas con salarios reducidos y a un sector privado que soporta el 100% del impacto de la crisis, no tiene viabilidad política.
Los congresistas recordaron que el Gobierno se comprometió con una serie de proyectos de ley complementarios a la reforma fiscal para recortar el gasto de forma sostenible en el tiempo. Se trata de la reforma al empleo público y los cambios en instituciones desconcentradas; pero estas iniciativas todavía no llegan a Cuesta de Moras.
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Finalmente, Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, descartó, en entrevista con Noticias Monumental, cualquier posibilidad de ajustar tributos o crear nuevos gravámenes en el plan de reactivación económica del Ejecutivo.
Agenda clara
El sector empresarial demanda una agenda clara con acciones específicas que generen impacto inmediato en la producción, el empleo y la reconstrucción de las diferentes actividades económicas.
En dos años de labores la actual administración lanzó al menos tres agendas de reactivación económica que mezclaban algunas iniciativas y proyectos en ejecución −sobre todo en infraestructura− con planes que, en algunos casos, no llegaron a materializarse efectivamente.
La primera propuesta anunciada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) busca impulsar la reconstrucción de ese sector con una campaña publicitaria “sin precedentes” y con reducciones en los precios al consumidor final.
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Es cierto que la imagen de buen manejo en salud que Costa Rica proyecta al mundo jugará en favor del turismo y de otras actividades. Sin embargo, la atracción de turistas extranjeros está limitada por la recuperación económica de las regiones emisoras −Estados Unidos, Europa y Centroamérica−, además del comportamiento de las olas de la enfermedad.
La rebaja en las tarifas podría incentivar el turismo interno a un ritmo lento y pausado, sujeto, nuevamente, a las posibilidades de levantar las restricciones por parte de las autoridades.
Para Gisela Sánchez, el Gobierno debe pensar primero en cómo mejorar las condiciones actuales de los empresarios en los diferentes sectores con impulsos que les permitan reabrir sus negocios sin sobrellevar altas cargas de producción, fiscales y sociales.
El 2020 está rodeado de una nebulosa de incertidumbre marcada por la contracción económica, la caída en el consumo de los hogares, una reducción en las exportaciones y el empobrecimiento de la población que dejó de percibir ingresos o los vio recortados. La agenda de reactivación también debe incluir soluciones a esos problemas que por ahora son temporales.
