EscucharEn Costa Rica se contabilizan 34 instituciones autónomas y empresas públicas de alcance nacional cuya gobernanza reside en juntas o consejos directivos. Este dato se desprende de los registros oficiales del Ministerio de Planificación (Mideplán), que cuenta con un listado completo de 302 entidades que son parte del diseño institucional costarricense y que son comandadas por diferentes tipos de órganos colegiados.
Las juntas y consejos directivos de las 34 instituciones autónomas y empresas públicas mencionadas, a su vez, están compuestas por 227 personas: la gran mayoría, designadas por parte del Poder Ejecutivo.
Siete de cada 10 miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas y las empresas son elegidos por el Gobierno; ya sea porque se trata de ministros, representantes ministeriales, presidentes ejecutivos o personas seleccionadas externas, pero directamente elegidas por el Consejo de Gobierno.
En algunos casos, sin embargo, también hay representación del sector empresarial, del sector laboral, de otras instituciones o hasta de los sectores puntuales que son atendidos por las entidades en concreto.
Este recuento de 34 instituciones únicamente incluye instituciones autónomas y empresas públicas. Deja por fuera entidades adscritas a municipalidades, órganos desconcentrados de ministerios, empresas públicas que dependen de otras más grandes y entes públicos no estatales, como los colegios profesionales, por citar solo algunos ejemplos.
¿Cuáles son las instituciones autónomas y las empresas públicas comandadas por juntas o consejos directivos en Costa Rica y quién se encarga de los nombramientos en cada uno de esos aparatos? EF le muestra el detalle completo a continuación.
Las instituciones
Entre las instituciones públicas comandadas por juntas directivas en Costa Rica destacan las 13 empresas públicas del Estado (EPE).
Ellas son dos bancos estatales, cinco institutos proveedores de servicios y otras seis entidades más.
Puntualmente, hablamos de las marcas:
- Banco Nacional (BNCR)
- Banco de Costa Rica (BCR)
- Consejo Nacional de la Producción (CNP), incluida la Fábrica Nacional de Licores (Fanal)
- Correos de Costa Rica
- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
- Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer)
- Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop)
- Instituto Nacional de Seguros (INS)
- Junta Administradora Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope)
- Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)
Este recuento no incluye al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), a pesar de que también es comandado por una junta directiva, porque dicha entidad financiera se trata de un ente público; pero que no es propiedad del Estado.
Además de esas 13 entidades, hay otras múltiples instituciones autónomas que también son dirigidas por juntas o consejos directivos.
Entre ellas, hay organismos rectores de campos específicos como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) o el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); y también hay entidades dedicadas a labores sociales específicas, como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Patronato Nacional de Infancia (PANI) o el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), entre otros.
Responsables de nombramientos
La gran mayoría de los nombramientos en las juntas directivas de las 34 instituciones autónomas y de empresas públicas de alcance nacional que se mencionan en este trabajo corresponden al Poder Ejecutivo.
De las 227 sillas en esos foros de dirección, 158 corresponden a personas cuya designación corresponde al Gobierno; ya sea porque se trata de ministros, presidente ejecutivos, representantes ministeriales o personas seleccionadas por el consejo de ministros.
Las 69 sillas restantes, sin embargo, corresponden a representantes de sectores laborales, empresariales, instituciones específicas o de sectores directamente atendidos por las instituciones, los cuales muchas veces funcionan como garantes de los propios intereses de los grupos a los que representan o como contrapesos del gobierno.
Este tipo de divisiones de poder, por ejemplo, se evidencian en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); la cual está compuesta por el presidente de la institución y dos representantes más nombrados por el Consejo de Gobierno; tres representantes del sector laboral, nombrados por las organizaciones sindicales, cooperativas y solidaristas; y tres representantes del sector patronal, designados por la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (Uccaep).
Solo en la mitad de las 34 instituciones incluidas en este recuento, la conformación de sus juntas directivas o consejos depende exclusivamente de nombramientos hechos por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en una gran cantidad de esos casos, existen controles específicos para evitar que el gobierno de turno tenga discrecionalidad completa sobre los nombramientos, o que los pueda realizar todos en un solo período de cuatro años.
Por ejemplo, los nombramientos en el Banco Central se tienen que hacer anualmente, de forma escalonada, de modo que no todos los reemplazos le correspondan a un mismo cuatrienio. Además, las designaciones del Consejo de Gobierno tienen que ser ratificados o rechazados por la Asamblea Legislativa con base en diferentes criterios de idoneidad.
En otras entidades, como el ICE, no existe intervención de la Asamblea Legislativa para aprobar o rechazar los nombramientos. Sin embargo, se aplica el esquema de nombramientos escalonados, de modo que, al menos si las personas se mantienen en sus cargos durante todo su período, no sea responsabilidad de un mismo gobierno elegir a todas las personas en su máximo foro de dirección.
Tensiones de poder
Sin importar a quién corresponda realizar los nombramientos, los miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas y de las empresas estatales deben de responder al interés de la entidad específica, más allá de si ese interés coincide o no con los intereses de los políticos de turno.
Esto es algo que siempre genera tensiones. Por ejemplo, los recientes reproches del presidente de la República, Rodrigo Chaves, a los representantes laborales y patronales de la junta directiva de la CCSS por no oponerse a readjudicar la construcción del nuevo Hospital de Cartago. Esta es una obra que había quedado en pausa desde finales de 2024 y que el mandatario adversa por cuestiones relacionadas con los terrenos seleccionados y con el costo de la obra, entre otros motivos.
La intensidad del disgusto del presidente fue tal que amenazó con impulsar un plan de ley para excluir a la Uccaep como responsable de nombrar a los representantes empresariales de ese foro, aunque todavía no ha presentado iniciativa alguna al respecto, según las bases de datos del Congreso.
Antes, Chaves también ha reaccionado de forma negativa frente a otras decisiones de entidades como la propia CCSS o del Banco Nacional, sobre el cual criticó la selección de su última gerenta general, solo por citar algunos precedentes.
Las tensiones y las divergencias entre los representantes del Poder Ejecutivo y las juntas directivas institucionales son fáciles de explicar. Principalmente, si se toma en cuenta que son responsables de altas cantidades de recursos públicos —los cuales se pueden utilizar con múltiples propósitos— y de proyectos que inciden sobre la calidad de vida de poblaciones específicas.
