EscucharLa Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la autorización para que el Gobierno salga a los mercados internacionales a captar $5.000 millones en títulos de deuda externa durante los próximos tres años: una cifra récord que ninguna otra administración había tenido a su disposición en tan estrecho margen de tiempo.
Los diputados tienen previsto realizar el segundo debate el proyecto el martes 29 de noviembre. Pero, ¿qué representan verdaderamente esos $5.000 millones para la gestión de la deuda pública realmente? Esto es lo que sabemos hasta ahora:
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Magnitud de la cifra
El Gobierno tuvo aval para colocar emisiones hasta $1.500 millones en el primer semestre de 2023 y de hasta otros $1.500 millones en la segunda mitad de ese año. Además, podrá colocar hasta $1.000 millones en 2024 y hasta $1.000 millones adicionales en 2025.
Si se contraponen esos montos con los vencimientos en dólares de 2023, 2024 y 2025, se puede decir que los $3.000 millones del primer año servirían para satisfacer por completo los pagos de amortizaciones e intereses de deuda en dólares para ese período (registrados hasta septiembre de este año). Por otra parte, los $1.000 millones de 2024 y los $1.000 millones de 2025 permitirían llenar hasta un 43,4% y un 34,5% de los pagos de cada uno de esos dos años, respectivamente.
Las cifras del stock de la deuda, sin embargo, pueden incrementar o decrecer con el pasado del tiempo. Esto pasa por la adquisición de nuevo endeudamiento o por la variación de sus condiciones (como las tasas de interés).
Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), por otra parte, el endeudamiento de $5.000 millones (unos ¢3 billones) representa alrededor de 6,7% del PIB proyectado para este 2022.
No obstante, ese porcentaje de endeudamiento no se sumaría directamente al acumulado de deuda pública del Gobierno Central que ya registra el país (cuya proyección es que cierre en un 67,2% del PIB este año); pues la autorización de endeudamiento recién avalada por los diputados especificó que los nuevos $5.000 millones solo podrán usarse “con la finalidad exclusiva de sustituir colocaciones de deuda bonificada interna por externa y/o cancelar vencimientos de deuda”.
Múltiples impactos
La posibilidad de acceder a los mercados internacionales por montos tan altos como $3.000 millones, solo en 2023, implica múltiples impactos directos e indirectos para la gestión de la deuda pública y el devenir macroeconómico del país como un todo. Entre ellos, están los siguientes puntos:
1. Efecto en fuentes de financiamiento e intereses
El Gobierno de la República usualmente depende del mercado interno para llenar sus necesidades de financiamiento de cada año. Además, lo suele complementar con créditos de apoyo presupuestario que obtiene a través de organismos internacionales (como los programas de $2.500 millones que mantiene en curso con el Fondo Monetario Internacional). Un permiso por $5.000 millones para acceder a los mercados internacionales cambia completamente ese panorama.
El Gobierno espera que el mayor acceso a oferentes de deuda implique por sí solo una reducción en las tasas de interés que se cobran al país, pues la oferta de deuda para Costa Rica se multiplicaría considerablemente.
Algunos economistas han mencionado que las tasas de interés en el mercado externo ahora mismo no brindan mayores ventajas sobre las que ofrece el mercado local, pues las principales economías del mundo ofrecen ahora mismo tasas de interés más elevadas, para hacer frente a la crisis inflacionaria. Sin embargo, el Gobierno estima que el país incluso podría recibir una mejora en sus calificaciones de riesgo crediticio por su programa de eurobonos, y que ese solo movimiento mejoraría las tasas de interés. Esto, sin embargo, es solo una expectativa que podría o no concretarse.
“Un tema interesante es que varios de los issues que las calificadoras nos penalizan es que no vamos al mercado”, recordó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en una entrevista con EF realizada a finales de octubre pasado. “Por eso, acudir a los mercados sería una señal importante de la Asamblea Legislativa y del Gobierno de Costa Rica para las calificadoras y los tenedores de bonos de que Costa Rica va a implementar un programa de mediano plazo de colocación de títulos”, subrayó el jerarca.
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2. Efecto en mercado de deuda interno
El economista José Luis Arce, director de la firma FCS Capital, señaló que el acceso a un monto tan alto en materia de eurobonos podría tener un efecto importante sobre el mercado de deuda interna. Si el Gobierno decide acceder a oferentes de deuda en el mercado externo, entonces inversionistas locales podrían quedar huérfanos y eso podría abrir espacio para una fuga de esos capitales al extranjero o para un exceso de recursos en dólares en el mercado interno.
“Nadie se ha preguntado que va a hacer la gente que tiene esos dólares (de deuda interna) cuando el Gobierno no se los recoloque”, explicó Arce.
$5.000 millones representan un 62,2% de stock de vencimientos en dólares (amortizaciones e intereses) que el Gobierno tendrá que pagar entre 2023 y 2025 (años de las posibles emisiones).
Además, para poner la cifra en contexto, los $3.000 millones que se podrían colocar en 2023 permitirían pagar todos los vencimientos de deuda externa que el país debe enfrentar en ese año, según los registros hasta septiembre; pero también todos los vencimientos en dólares de deuda interna.
El Banco Central estimó aumentos del ahorro nacional del 4,5% en 2022 y de 3,9% en 2023, dentro de su último Informe de Política Monetaria, considerando el ingreso de los créditos de apoyo presupuestario para el Gobierno y la colocación de títulos de deuda soberana en los mercados internacionales.
3. Efecto en tipo de cambio
Otro efecto colateral de que el país realice colocaciones por $5.000 millones en el mercado externo, en los próximos tres años, podría ser la apreciación del colón, en el tipo de cambio. Al ingresar esa cantidad de recursos en dólares al país, la oferta de la divisa sería más amplia y, por ende, su precio podría caer.
“Con toda la plata de apoyo presupuestario que se está pidiendo a organismo multilaterales, más toda la plata de eurobonos, se puede más que refinanciar los requerimientos de financiación neta”, comentó Arce. “Eso implica una recomposición de portafolio muy grande y un exceso de oferta de divisas”.
La oferta de dólares crecería, según el economista, porque no todas las personas e instituciones que hoy tienen títulos de deuda interna del Gobierno se verían tentados a llevar sus recursos al extranjero si no pueden recolocarlos en nuevos bonos del Gobierno. Según explicó, esto es comprensible porque los costos de esos procesos son altos, al requerir de puestos de bolsa. Alguna parte de los recursos, entonces, podría quedarse en suelo local y eso incrementaría la cantidad de dólares en el país, observó.
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Más allá del permiso
Las autorizaciones de endeudamiento en el mercado internacional aprobadas por el Congreso para 2023, 2024 y 2025 establecen montos máximos, pero no definitivos. Es decir, el Gobierno puede realizar emisiones por hasta los montos específicos y en los tiempos puntuales que se mencionan en la norma, pero también puede hacerlo por cantidades menores y en un solo o varios tractos, según Hacienda estime más conveniente.
Cada colocación implica un proceso de al menos dos o tres meses. En eso coincidieron el ministro Acosta y la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en distintas entrevistas.
Para esas colocaciones, Hacienda debe contratar –en este respectivo orden– a un asesor legal internacional que lleve el proceso, a un banco o varios bancos que realicen la colocación, al proveedor encargado de certificar las calificaciones de riesgo y a un agente fiscal que se encargue de dar seguimiento al tránsito del dinero.
Luego, el Gobierno y los agentes externos asesores deben redactar el documento formal de la oferta de emisión (offering circular), cuya extensión final se contabiliza en centenas de páginas.
Asimismo, el Ejecutivo debe realizar rondas de negociación con potenciales inversionistas (una acción de mercadeo que se conoce como roadshow), las cuales son vitales para evaluar las condiciones del mercado antes de realizar cada emisión.
La administración Rodrigo Chaves Robles podrá realizar la mayor emisión de títulos en el mercado externo que cualquier otro Gobierno haya hecho en la historia costarricense. Antes, el gobierno de Laura Chinchilla (2006-2010) había obtenido un permiso por hasta $4.000 millones, cuyas emisiones se realizaron al cierre de ese cuatrienio y al inicio de la administración del exmandatario Luis Guillermo Solís (2010-2014). El gobierno de Carlos Alvarado, a su vez, accedió a una autorización más chica, de solo $1.500 millones, en 2019.
