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El caso ‘Cochinilla’, como se conoce a la investigación judicial sobre presuntos sobornos de constructoras a funcionarios públicos para beneficiarse prioritariamente con trabajos de infraestructura pública, podría provocar pausas, suspensiones o deterioros en obras estratégicas del Estado que gestionan empresas que actualmente son investigadas, como los gigantes Meco y H Solís.
Golpes reputacionales por las investigaciones en curso podrían debilitar económicamente a las empresas y dificultar que cumplan con sus obligaciones contractuales; a lo cual se suma que el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, ya aseguró que no se les asignarán nuevas contrataciones, ni se les ampliarán los contratos de conservación vial.
Abogados especialistas en Derecho Administrativo aseguraron a EF que el abandono de obras por insolvencia es una práctica que ya ocurre en la gestión pública, ya sea porque las empresas hacen públicos sus problemas financieros (en una minoría de las ocasiones) o porque estas empiezan a incumplir los contratos y el Estado entonces debe quitárselos.
EF solicitó una entrevista con el ministro Méndez Mata al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para consultar sobre la medias tomadas por la cartera para garantizar la continuidad de las obras en trámite desde este 28 de junio; sin embargo, no se obtuvo una cita hasta el cierre de esta publicación.
Las empresas Meco y H Solís respondieron a este medio que trabajan “con normalidad” por el momento.
Las obras
Meco y H Solís desarrollan –solas o en consorcio con otras empresas– una gran cantidad de las principales obras que actualmente se construyen en el país. Se trata de dos gigantes de la construcción de obras viales en Costa Rica e incluso gestionan obras fuera de suelo costarricense.
Meco tiene adjudicada la rehabilitación y ampliación del antiguo puente sobre el río Virilla, paralelo a la nueva estructura del puente del ‘Saprissa’, inaugurado en septiembre del año anterior, aunque todavía no inician las obras.
Recientemente también se le adjudicó el diseño y la construcción de un paso elevado vehicular en Hatillo 4.
H. Solís, por su parte, tiene en sus manos la construcción de Circunvalación Norte (desde Calle Blancos hasta La Uruca), los trabajos de ampliación en Barranca-Limonal y La Angostura; dos fases del proyecto de Obras Impostergables (OBIS) en la ruta que conecta a San José con San Ramón, y los pasos a desnivel en Taras y La Lima, en la entrada de Cartago.
La mayoría de estas obras se financian con recursos de entidades internacionales y en conjunto rondan los $800 millones. Todas tienen distintos niveles de avance.
Riesgos de pausa
Hasta el momento el proceso judicial en sí mismo no ha implicado la pausa de ninguna operación empresarial por medidas cautelares, pero este no es el único escenario en que las empresas podrian especialistas en Derecho Administrativo coinciden en la factibilidad de que declaraciones de empresas que caigan en problemas de solvencia económica se desliguen de obras que les fueron adjudicadas.
“Esto no es nuevo, ya pasa que el contratista dice que por ‘equis’ motivo no tiene la posibilidad o en otras no lo manifiesta, pero se dan incumplimientos y la administración puede reaccionar”, afirmó en entrevista con EF el abogado Esteban Alfaro, de Caoba Legal.
Esa reacción del Estado podría implicar hacerse cargo de las obras, realizar una contratación de emergencia para terminar las partes inconclusas del contrato o que, en el caso de consorcios, pueda suplantar a la empresa que incumple con otra que sí pueda asumir sus labores.
Los consorcios son muy utilizados en Costa Rica. Los contratos de H Solís para Circunvalación Norte y para los pasos a desnivel en Cartago los realiza junto con la firma dominicana La Estrella; mientras que las OBIS las desarrolla aparejada con las españolas TPF Gentisa Euroestudios. Meco, por otro lado, atiende la rehabilitación del puente del ‘Saprissa’ en conjunto con la española Puentes y Calzadas.
La solución que se tome en cada caso, aseguró Alfaro, dependerá siempre en gran medida de los niveles de avance de las obras, pues el Estado no suele contar con los recursos para asumir grandes obras por su cuenta.
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Una declaratoria formal de quiebra o de insolvencia por parte de una empresa contratista, agregó a EF el gerente legal de Grant Thornton, Ivan Vicenti, siempre dará pie a una resolución contractual. Así lo establece el artículo 75 de la Ley de Contratación Administrativa (7494).
En esos casos, recordó Vicenti, también se pueden ejecutar garantías de cumplimiento que son parte de los contratos con las empresas. Sin embargo, en términos prácticos eso no garantiza la continuidad de la obra.
El Estado también debe reclamar y solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios, pero el pago de estos finalmente dependerá de que los daños realmente ocurrieran por culpa de la empresa y de la capacidad de la empresa para cancelar los reclamos, recordó Alfaro.
Los reclamos de indemnizaciones por incumplimientos contractuales tienen un plazo de prescripción de 10 años en casos de obra pública, por eventuales vicios ocultos en las construcciones.
Las empresas que incumplen contratos pueden ser inhabilitadas hasta por diez años si se detectan incumplimientos graves, a través de una reciente modificación legal.
Ambos abogados se refirieron sobre casos generales de contratación pública. No hicieron alusiones directas a contrataciones de Meco y H Solís, cuya investigación judicial está en curso.
El contexto
El Ministerio Público investiga una supuesta malversación de fondos en favor de empresas constructoras que se sospecha habrían pagado sobornos (en dinero, regalos y hasta favores sexuales) para recibir un trato prioritario en la asignación de proyectos y el pago de facturas.
Información divulgada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asegura que se habrían redirigido de manera incorrecta, en favor de las empresas investigadas, unos ¢78.000 millones entre 2018 e inicios de 2020.
Como parte de las operaciones judiciales se detuvo a funcionarios públicos, en su mayoría del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y a ejecutivos y dueños de empresas relacionadas con la construcción, incluidas H Solís y Meco.
A los dueños de estas compañías, Mélida Solis y Carlos Cerdas, se les impuso fianzas de $3 millones y $5 millones para evitar prisión preventiva (repectivamente), las cuales han sido canceladas a través de propiedades y certificados.
Tras todos los incidentes, la calificadora de riesgo Fitch Ratings redujo la evaluación crediticia de Meco de AA- a A-. La decisión contempla “la posibilidad de que haya suspensiones, retrasos o amortizaciones parciales de cuentas por cobrar”, ante la incertidumbre que rodea a la compañía.
Una reciente revisión del periódico La Nación determinó que ambas empresas adeudan ¢72.000 millones a siete entidades financieras costarricenses: el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica (BCR), Promérica, Lafise, Cathay, Financiera Desyfin y BCT. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) avisó de que dará seguimiento al caso.
Otras empresas investigadas con contratos estatales, según publicó La Nación, son constructora Herrera, constructora Montedes, Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (Cacisa), Vieto y Asociados, Diccoc, Castro y de la Torre, y LGC Ingeniería de Pavimentos. No obstante, todas ellas accedieron a obras de costo y envergadura mucho menores.
