Costa Rica tendrá nuevos encargados del proceso de inspección técnica vehicular. Actualmente, el trabajo lo realiza la empresa Dekra, que obtuvo un prórroga provisional hasta julio de este 2025.
Luego de un atropellado proceso, el camino parece despejado para la transición.
En esta nota le explicamos qué está pasando con la revisión técnica vehicular y los cambios que podemos esperar en los próximos meses.
LEA MÁS: ¿Siente que hay más carros en la calle? No es idea suya; vea por qué
¿Qué está pasando con la revisión vehicular?
El proceso de inspección vehicular lo realiza la empresa Dekra actualmente.
La compañía alemana originalmente había obtenido el permiso para operar entre octubre de 2022 y octubre de 2024, pero finalmente obtuvo una prórroga de nueve meses.
Dicha prórroga vence el próximo 27 de julio y ha servido para dar continuidad al servicio, al mismo tiempo que se llevaba adelante el proceso de selección de los nuevos operadores.
¿Ya hay nuevos operadores de la revisión vehicular?
La Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) aprobó, desde agosto del año pasado, la preselección de dos oferentes que cumplían con los requisitos para brindar el servicio de inspección en el país.
Las dos empresas fueron el grupo Applus CR (del cual es parte el viejo operador del servicio, Riteve SyC) y el grupo TÜV Rheinland; las cuales se quedarían con el negocio que tiene un valor estimado de ¢12.000 millones anuales.
Las empresas tienen experiencia en diversos países del mundo, incluidas naciones de la región como Argentina, Uruguay, Chile, México, Ecuador y Brasil.
La idea de seleccionar dos operadores se tomó para evitar posteriores reclamos por prácticas monopolísticas.
Ninguna de las empresas seleccionadas fue Dekra, a pesar de que sí participó en el proceso. La compañía quedó desestimada del proceso de precalificación por cuestiones de capacidad financiera, según informaron medios nacionales.
La empresa alemana presentó varios recursos; sin embargo, fracasaron.
¿Ya quedó en firme?
La preselección de Applus CR y TÜV Rheinland está en su etapa final, luego de múltiples recursos presentados por diversos actores involucrados.
La Junta Directiva comunicó su decisión al director de la institución, Carlos Rivas, este 15 de enero; y ahora tendrían que pasar 10 días hábiles (a partir de esa fecha) para que el acuerdo quede en firme y se proceda a la adjudicación, según explicó el funcionario a La Nación.
¿Cómo operarán las dos firmas seleccionadas?
A cada compañía se le asignarán diversas regiones en las cuales podrán operar.
Ambas tendrán que repartirse en mitades iguales la totalidad de las estaciones disponibles en todo el territorio nacional. También tendrán presencia tanto en la Gran Área Metropolitana (GAM) como en la periferia y las costas.
Esa totalidad de estaciones estaría compuesta por las 13 que ya tiene el Estado en propiedad, así como otras seis que tendrían que construirse en San José, Alajuela y Puntarenas, y otras tres móviles, que se establecerían en el Pacífico, la Zona Norte y Turrialba.
El servicio se brindaría por un plazo de 10 años.
¿Cuáles serán los precios de las compañías?
Rivas explicó a La Nación que las empresas seleccionadas podrán aplicar tarifas diferenciadas, aunque siempre dentro de las bandas establecidas por la Autoridad de Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Esas bandas tienen un límite más bajo para vehículos livianos de ¢4.898 y uno más alto, de ¢5.794.
Datos revelados por la propia Dekra en septiembre pasado señalaban que solo en los 22 meses que fueron de octubre de 2022 a agosto de 2024, la compañía efectuó 3,6 millones de inspecciones, entre primeras y segundas revisiones (para vehículos con dos fallas graves) y reinspecciones (para vehículos con solo una falla grave). A partir de esas operaciones, obtuvo ingresos brutos por ¢21.000 millones.
Las principales faltas graves detectadas en ese período fueron por emisiones contaminantes, problemas con frenos y la condición de las llantas.
Cambios recientes
Dekra dejaría el proceso de inspección vehicular en Costa Rica luego de solo dos años y nueve meses de disponer de él. La compañía alemana había sido seleccionada para operar mediante un permiso de uso en precario por el entonces ministro de Obras Públicas, Luis Amador, quien le concedió el permiso por discrecionalidad.
El proceso de selección fue criticado y actualmente es investigado en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial, pues no se aplicaron los mecanismos establecidos regularmente en la ley.
Dekra, además, había obtenido una calificación de 90 por parte de la comisión evaluadora encargada del proceso; mientras que su competidor, la firma sueca Opus Group, había obtenido un 97. Además, la compañía nórdica había propuesto una oferta más barata.
Según declaró Amador en una reciente audiencia con los diputados de la Comisión de Infraestructura, finalmente se dio mayor preponderancia a Dekra por factores como su experiencia; a pesar de que públicamente se señaló el precio del servicio como la clave detrás del proceso. Amador culpó a la Aresep de fijar tarifas mínimas para el servicio, las cuales, dijo, hicieron irrelevante el factor del precio.
En el Congreso también se ha cuestionado por qué solo tres días antes de la entrada en operaciones de Dekra se modificó el reglamento de inspecciones vehiculares para que los vehículos con más de una “falla grave” tuvieran que volver a pagar una revisión completa.
Antes de Dekra, la inspección técnica vehicular había estado por 20 años en manos de la empresa Riteve SyC, período máximo del contrato que había firmado con el Estado.
Dentro del proceso de adjudicación actual, el Cosevi tuvo que esperar la resolución de una acción de constitucionalidad en contra de varios artículos de la Ley de Tránsito que facultaban la asignación de contratos indefinidos. Sin embargo, dicho trámite se resolvió en octubre del año pasado sin afectar el trámite.
Según Rivas, la adjudicación final a las dos compañías seleccionadas podría realizarse antes de julio, de modo que empiecen sus labores al terminar la prórroga de Dekra. Esto ocurriría, según dijo, siempre y cuando no se presenten nuevas gestiones en contra de las decisiones o del proceso.