EscucharLa legislación nacional prohíbe la recaudación de ingresos para campañas políticas fuera de los controles oficiales de los partidos y de las autoridades electorales. Pero, según determinó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), esto habría sucedido durante la campaña que llevó al presidente Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República.
Así lo publicó el periódico La Nación, este fin de semana, con base en el informe final de las autoridades electorales sobre las presuntas irregularidades que ocurrieron durante el camino del mandatario para llegar a Zapote.
Las pesquisas del TSE permitieron levantar el secreto bancario del presidente Chaves, entre otras personas, para seguir los movimientos de dinero cuestionados.
Las dos estructuras
La investigación del TSE concluyó que la campaña de Chaves se habría beneficiado de dos estructuras paralelas de financiamiento, “en grado de probabilidad y salvo mejor criterio del superior“.
La primera estructura paralela estaría configurada por el fideicomiso Costa Rica Próspera, por medio del cual se habrían movilizado ¢112 millones para gastos de campaña.
Según el Tribunal, el fideicomiso se usó entre febrero y octubre de 2021 para recibir donaciones y financiar gastos político-electorales, bajo el conocimiento de las autoridades del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y del presidente Rodrigo Chaves, como candidato presidencial.
Para comprobar la conexión de este fideicomiso con la campaña del PPSD fue crucial acceder a facturas y otra prueba tributaria. En estos documentos quedaron registrados conceptos para múltiples pagos que aludían directamente al PPSD, a la candidatura de Rodrigo Chaves, a la campaña de la diputada Pilar Cisneros y a cuestiones como la coordinación del plan de gobierno.
La segunda estructura paralela correspondería a las cuentas bancarias de Sofía Agüero, hija del posteriormente elegido como diputado Waldo Agüero, por donde se habrían transferido unos ¢136 millones.
Agüero recibió varios depósitos en el Banco Nacional y en la Cooperativa Nacional de Educadores R. L. (Coopenae) por decenas de miles de dólares.
Esas transacciones habrían sido identificadas con conceptos como “Loeb Casanova Jack Frederic/campaña RCH” o “Loeb Casanova Jack Frederic/campaña política”, entre muchos otros más, según los registros bancarios disponibles. Además, según el TSE, habrían sido utilizadas para cuestiones como “el pago de pauta político-electoral en Facebook, televisión, vallas y adquisición de signos externos”.
Entre los dos esquemas, se contabilizaron ¢248 millones (al tipo de cambio del momento), los cuales habrían escapado de los controles oficiales del sistema electoral. Entre otras cuestiones, estos controles permiten distinguir la legalidad o no de los movimientos, que provengan de personas locales y que la información sea pública y accesible para cualquier persona.
¿Qué se achaca al presidente Chaves?
Al presidente Rodrigo Chaves se le señalan tres posibles delitos electorales; entre ellos, las autoridades del TSE le atribuyen responsabilidades como recaudar fondos para al PPSD sin tener autorización de la tesorería de la agrupación; solicitar depósitos en las cuentas de ATA Trust (la administradora del fideicomiso), siendo ya candidato electo por el PPSD; y haber recibido y utilizado los recursos de la doble estructura paralela de financiamiento.
El primer hecho se castiga con penas de dos a cuatro años de prisión; mientras que el segundo y el tercero, con penas de entre dos y seis años de cárcel cada uno.
Según el TSE, Chaves tendría que haber conocido la existencia del fideicomiso Costa Rica Próspera, al ser uno de sus constituyentes. Pero no hay certeza de que tuviera constancia sobre la segunda estructura; es decir, el uso de las cuentas personales de Agüero.
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Otras autoridades señaladas
Aparte de Chaves, el informe señala al vicepresidente de la República, Stephan Brunner; así como al canciller, Arnoldo André.
El vicepresidente Brunner era el tesorero del PPSD para la campaña 2021-2022 y a él se le atribuye saber que se estaban recibiendo contribuciones por fuera de las vías oficiales del partido, y no denunciarlo.
Meses atrás se filtró un audio de Brunner —que habría sido enviado a Chaves antes de la segunda ronda de elecciones en el 2022—, en el cual señalaba tener conocimiento de personas jurídicas que “metieron plata” a la campaña y de que existieron dineros y activos “contaminados”.
Tanto el presidente Chaves como el vicepresidente Brunner habían reconocido que el audio era auténtico, y el presidente atribuyó su difusión a “un robo” por parte de terceros.
En tanto, al canciller André se le achacan dos posibles irregularidades.
Una de ellas fue actuar como administrador del fideicomiso Costa Rica Próspera y otro, haber donado ¢3,6 millones por ese medio, a través de las empresas Galería Tres Mil SA y Península Group SA.
La primera cuestión se castiga con penas de dos a cuatro años de cárcel, mientras que la segunda, con penas de dos a seis años.
El TSE también señala a los diputados Luz Mary Alpízar y Waldo Agüero, quienes eran la presidenta del PPSD y un candidato a diputado durante la campaña. A ambos se les reprocha beneficiarse de donaciones y contribuciones irregulares.
Chaves y el oficialismo usaron el PPSD para llegar a Zapote; sin embargo, luego se alejaron paulatinamente de la agrupación. Solo Alpízar siguió del lado del Partido y, luego de varias diferencias de criterio con el presidente, la relación entre ambos se quebró por completo. Chaves incluso se ha referido a la legisladora como una “Judas” en varias intervenciones públicas.
De cara a las elecciones de 2026, el oficialismo busca una nueva agrupación para intentar continuar en el poder.
¿Cuáles otras personas estarían implicadas?
Además de las autoridades antes mencionadas, existen otras personas mencionadas por el informe y que estarían implicadas con las irregularidades.
Entre ellos, el TSE señaló a la propia Sofía Agüero y a los financistas Jack Loeb Casanova, Andrés Vásquez Landergreen, Alonso Vargas Araya, José Francisco Coto Quesada, Luis Diego Soto Clausen, Bernal Jiménez Chavarría, Adrián Torrealba Navas, Damaris Robles Aguilar, Helen Valerie Loeb Casanova y José Antonio Yock Fung.
El banquero Loeb también fue constituyente de Costa Rica Próspera, mientras que Vargas fue su director de operaciones y Vásquez su representante legal.
A los financistas se les reprocha haber realizado donaciones al margen de las estructuras oficiales establecidas legalmente: una información que fue divulgada por La Nación desde marzo de 2022, antes de la segunda ronda de elecciones.
En tanto, a Sofía Agüero se le reprocha la presunta recaudación ilegal de fondos por medio de sus cuentas. Ella reconoció que esos fondos se destinarían a la campaña política de su padre, cuando fue consultada por el BN sobre los movimientos irregulares en sus cuentas.
Loeb fue el encargado de las donaciones a la cuenta de Agüero y, según se determinó luego de revisar sus cuentas bancarias, el banquero recibía dinero de cuentas como “Grupo Santiago”, “Prival Bank Panamá”, “Holland Global Enterprises Ltd” y otras cuentas de Prival Bank.
La investigación del TSE tomó cerca de tres años. La ley establece que todo el financiamiento electoral debe de gestionarse por medio de las cuentas de los partidos. Además, están prohibidas las contribuciones de origen extranjero o de personas jurídicas, las donaciones anónimas, el financiamiento por parte de entidades estatales y las contribuciones provenientes de actividades ilícitas.
El informe fue secuestrado por el fiscal general, Carlo Díaz, desde el 17 de enero pasado. El Ministerio Público investiga al presidente Chaves, entre otras personas, por medio del expediente 22-000116-1218-PE, en una de las múltiples causas que se han abierto contra el mandatario durante los últimos años.
