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El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) podría perder la autoridad sobre las cesiones de los puertos en manos de terceros.
Ocurriría si los diputados aprueban un proyecto de ley que impulsan desde la Presidencia de la Asamblea Legislativa. El texto apenas inicia su travesía, pero ya calienta la discusión en torno a la concesión y control de los puertos.
Se trata del proyecto de “Ley general marítima y portuaria” que se tramita bajo el número de expediente 18.412 y que ya cumplió con su trámite de publicación en el diario oficial La Gaceta.
Su proponente es el presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Granados, diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
El plan llega en momentos en que la empresa APM Terminals se prepara para diseñar, construir, operar y darle mantenimiento a la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
La obra, con un valor de $1.000 millones, es la más grande que el país haya concesionado.
Grandos afirmó que su proyecto de ley respeta las concesiones en materia portuaria que ya han sido aprobadas y que solo influiría en los nuevos contratos.
Consejo Marítimo Portuario
La iniciativa de ley consta de 71 artículos y cinco transitorios, e impulsa la creación del Consejo Marítimo Portuario (CMP) que, según Granados, vendría a llenar un vacío en materia de concesión, operación, planificación y políticas marítimo-portuarias en el país.
Sería un megaconsejo que también se constituiría en la nueva autoridad portuaria costarricense, bajo el mando del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Hoy los esquemas de operación y de concesión portuaria están desligados.
Por un lado, la potestad de concesionar obras públicas, incluidas las ampliaciones de puertos, recae en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Ese es un órgano de desconcentración máxima del MOPT y cuenta con personería jurídica instrumental.
En tanto que existen dos autoridades en la administración portuaria: el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) en el caso de Caldera, y la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en la caribeña provincia de Limón.
En el proyecto de ley de Granados, el CMP unificaría los componentes de la concesión y la administración portuaria.
Ese órgano tendría una inclinación hacia lo social, al contar con representantes de entidades como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para intentar conducir mejor las políticas de desarrollo costero.
La parte de las concesiones estaría a cargo de carteras como las del MOPT y Comercio Exterior (Comex).
El plan, que ingresó a la Comisión de Asuntos Económicos el 24 de julio pasado, prevé la permanencia de Japdeva y del Incop. Empero, en el texto no se especifica cómo interactuarían con el CMP.
EF intentó conocer la opinión del Secretario Técnico del CNC, Edwin Rodríguez, y del presidente ejecutivo de Japdeva, Allan Hidalgo, sobre los contenidos del proyecto. Sin embargo, al cierre de esta edición no habían contestado las consultas.
Más eficiencia
El diputado Granados considera que su iniciativa de ley va en la ruta correcta para hacer más eficientes lo puertos costarricenses.
La tarea es ineludible y toma matices de emergencia cuando se trata del complejo portuario Limón-Moín, el puerto más importante del país.
En los últimos cinco años ese portal marítimo movió casi 49 millones de toneladas métricas de carga.
Empero, el volumen trasegado pudo haber sido muy superior si las huelgas causadas por reclamos sindicales, y los yerros en la administración, no se hubieran interpuesto entre las grúas y los contenedores.
“La idea es hacer más eficiente la administración de los puertos del país desde el CMP, donde se conjuntarán una serie de visiones políticas y sociales para darle integridad al desarrollo de las poblaciones portuarias”, sostuvo el diputado.
La intención, agregó, es que las concesiones estén dentro de un contexto donde se potencie la actividad costera y portuaria como algo integral.
Dudas
Los diputados ya tienen un criterio preliminar sobre el proyecto.
Juan Carlos Mendoza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), cree que el plan podría ser inconstitucional, al darle el control de las concesiones portuarias a un nuevo órgano cuando, afirma, esa potestad sobre los puertos le compete en exclusiva a la Asamblea Legislativa.
“Se le están dando poderes amplísimos al CMP y ese es un tema muy delicado. No creo que sea la ruta correcta para alcanzar el desarrollo portuario”, consideró.
Empero, se podrían rescatar elementos. Mendoza no ve mal que el CMP concentre la autoridad portuaria por encima de Japdeva y el Incop, con la esperanza de que se unifiquen los políticas de desarrollo de ambas costas.
La libertaria Patricia Pérez también manifestó su oposición a que se concentren poderes en materia portuaria.
“Ya existen experiencias grises. Sería peligrosa tal concentración porque impediría un buen control político sobre las decisiones. La discusión va a ser exhaustiva de nuestra parte”, destacó.
Del lado del oficialismo el tema aún no es prioritario. El proyecto no ha sido convocado por Casa Presidencial aún durante las actuales sesiones extraordinarias.
El tema todavía no está maduro, pero apenas está saltando al agua, en un momento en que la modernización de los puertos requiere de alternativas viables.
Anclas del plan
Concesión: Se propone que el Consejo Marítimo Portuario se haga cargo de otorgar y fiscalizar las concesiones de los puertos y otorgarlas hasta por 20 años.
Ganancias repartidas: El 70% de lo que obtenga el CMP por nuevas obras concesionadas será girado a Japdeva y al Incop.
Concesiones actuales no se tocan: Las únicas obras que podrá concesionar el CMP serán las nuevas ampliaciones en los puertos.
Tarifas: Las tarifas que cobren los nuevos concesionarios se fijarían con base en las disposiciones de Aresep.
Autonomía: El concesionario será autónomo en su gestión operativa y financiera.
Fuente Proyecto 18.412.
