EscucharEl proyecto de ley para permitir que el Ministerio Público solicite el secuestro o el congelamiento anticipado de los capitales de una persona o empresa, cuando exista la sospecha de que pudieron haber sido adquiridos “sin causa lícita aparente”, recibió una modificación en los últimos días que le permitiría avanzar a su votación definitiva en el Congreso. Sin embargo, los números para su eventual aprobación no parecen garantizados.
Con una votación de 24 diputados a favor y 21 en contra, los diputados de la Asamblea Legislativa corrigieron los detalles del texto que habían sido objetados por la Sala Constitucional. Puntualmente, eliminaron una parte de la redacción que permitía notificar a una persona sobre la existencia de una eventual denuncia en su contra a través de cualquier medio que antes hubiera indicado a cualquier autoridad judicial para otros procesos.
Este proyecto de ley ha generado un intenso debate desde que se presentó, en diciembre de 2021. En aquel entonces, había sido enviado al Congreso por parte del gobierno del expresidente Carlos Alvarado, con el respaldo de la Fiscalía. Sin embargo, el texto experimentó varios cambios desde aquel momento y su discusión apenas se desatascó en el último año, ante la creciente ola de criminalidad que enfrenta el país y el consecuente mayor apetito para impulsar reformas en materia de persecución al crimen organizado.
A pesar de ello, el proyecto todavía polariza criterios. A su favor están quienes privilegian la tesis de que el congelamiento o el secuestro de bienes funcionaría como procedimiento rápido y efectivo para atacar al crimen organizado. En contra están quienes consideran que se trata de una herramienta peligrosa, que podría ser utilizada de forma discrecional e incorrecta por parte de autoridades incompetentes o corruptas.
¿Cómo se aplicaría el secuestro de capitales?, ¿cuán probable es su aprobación definitiva?, ¿qué dicen quienes opinan a favor y en contra del texto? y ¿cómo se parece o se diferencia de los modelos de extinción de dominio que se aplican en otros países? EF le explica.
¿Cómo se aplicaría?
El proyecto de ley —que se tramita bajo el expediente legislativo 22.834— le permitiría al Ministerio Público solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que se aplique el aseguramiento, el secuestro, la conservación o la verificación de bienes y productos financiero, cuando se sospeche que están relacionados con actividades ilegales.
Esta medida se aplicaría de forma “cautelar anticipada y provisional”, antes de presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito.
El Juzgado puede autorizar la gestión si considera que existen elementos suficientes para presumir que los bienes pueden ser ocultados o distraídos, pero también puede rechazarla. Asimismo, dará tres días de audiencia a las partes para, al final, decidir si mantiene, modifica o revoca su decisión inicial.
De aprobarse la aplicación de esta medida cautelar, esta se podría traducir en la anotación e inmovilización registral de bienes muebles e inmuebles ante el Registro Nacional. Además, podría implicar el congelamiento preventivo de productos en el sistema financiero como cuentas o productos de inversión.
Tan pronto como se apruebe la aplicación de estos procedimientos, el Ministerio Público tendría un plazo máximo de un mes para presentar la denuncia relacionada con sus sospechas de lavado o enriquecimiento ilícito.
Las personas que se consideren afectadas, también podrían presentar recursos de apelación en las 24 horas posteriores a la decisión inicial del Juzgado Administrativo, aunque sin efecto suspensivo. Estos recursos tendrían que ser resueltos por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.
¿Cuán probable es su aprobación?
A pesar de que el proyecto de ley ya no tendría el vicio señalado por la Sala Constitucional, no está claro que tenga el respaldo necesario para su aprobación definitiva.
Esto es así porque hay diputados que manifiestan su oposición rotunda al proyecto y, en los últimos días, se sumaron otros que manifiestan dudas sobre la redacción actual.
Dentro del primer grupo se encuentran los diputados de la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP). Eliécer Feinzaig, fundador de ese partido, sostiene que el proyecto de ley es una forma de “extinción de dominio solapada”, que elimina el principio de inocencia y que podría ser utilizado por gobiernos autoritarios, si eventualmente lograran capturar los tribunales administrativos del país.
“Si a usted alguien lo acusa de cometer un delito, usted va a un juicio penal, donde quien lo acusa tiene que demostrar que usted cometió el delito; en cambio, si lo llevan a un contencioso administrativo, más bien usted tiene que probar lo imposible, que usted no hizo eso de lo que lo acusan y eso muchas veces es imposible”, subrayó este 11 de marzo en el Congreso.
Por otra parte, los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del gobierno manifestaron dudas recientes sobre la iniciativa.
La jefa del oficialismo en el Congreso, Pilar Cisneros, aseguró que “ha escuchado voces preocupadas” después de la votación en primer debate y que por eso debería de plantearse un nuevo espacio para realizar mejoras al proyecto. En tanto, la diputada del PUSC, María Marta Carballo, también aludió a “aspectos que hay que mejorar”, aunque no hizo énfasis sobre cuáles.
En ese sentido, tanto los diputados del oficialismo como del PUSC fueron parte de los diputados que abogaron por reenviar el proyecto a comisión, por un plazo de 15 días, para presentar nuevas enmiendas. Sin embargo, no tuvieron éxito.
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La propuesta de devolver el proyecto a comisión no caló entre los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), del Frente Amplio (FA) y varias legisladoras independientes; los cuales fueron suficientes para dejar el texto listo de cara a su votación en el Plenario, pero no lo serían para garantizar su aprobación definitiva. Para que el proyecto resulte aprobado, se necesitaría el respaldo de los congresistas del PUSC, del Partido Nueva República (PNR) y del gobierno que inicialmente habían respaldado la iniciativa en agosto pasado, cuando el texto se había aprobado en primer debate con el respaldo de 36 legisladores.
Si las dudas expresadas por el PUSC y por el oficialismo implican una negativa a votar positivamente el proyecto, entonces el conteo de votos podría ser insuficiente.
Las fracciones del PLN y del FA apenas suman 25 votos en conjunto; mientras que el PUSC, Nueva República, el oficialismo y el PLP son 27. Los independientes, por otra parte, son solo cinco congresistas.
Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), indicó también este 11 de marzo que ya se había alcanzado un acuerdo sobre el proyecto y que devolverlo a comisión, para aplicarle más cambios, implicaría la posibilidad se estanque nuevamente. Asimismo, dijo que si se quieren realizar mejoras, se puede trabajar en nuevos proyectos paralelos, de forma independiente.
“Si se quiere poner de verdad en dificultades al crimen organizado, hay que ponerle dificultades a cómo manejan y lavan la plata”, comentó. “Lo que suele ocurrir en el presente es que cada tanto dichosamente se desarticula alguna banda criminal, pero los que suelen caer son los últimos eslabones de esas estructuras criminales; mientras que los capos, los que mandan, se salvan”, añadió.
Algunos de los cambios que el oficialismo y el PUSC quisieran agregar al proyecto son intereses que comparten, pero hay otros de los que no existe claridad. Por ejemplo, Cisneros y Carballo mencionaron la posibilidad de imponer un umbral a partir del cuál se pueden realizar estas solicitudes de congelamiento de bienes; pero la oficialista también planteó la posibilidad de permitir que entes como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República (CGR) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) también puedan solicitar este tipo de procesos. Esa fue una idea que en algún momento formó parte de la iniciativa, pero que se quitó luego de críticas sobre posibles injerencias políticas.
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¿En qué se parece y en qué no a extinción de dominio?
Críticos del proyecto de ley, como la fracción del PLP, califican a la iniciativa como una forma de extinción de dominio. No obstante, hay otros actores, como la diputada independiente y penalista de profesión, Gloria Navas, que rechazan esa tesis.
Las divergencias de criterios se explican porque el proyecto de ley para congelar bienes que se tramita en Costa Rica tiene similitudes y diferencias con los marcos legales de extinción de dominio tradicionales que se aplican en países como Colombia, México, Perú o Guatemala.
Entre las diferencias, por ejemplo, la extinción de dominio tradicional que se aplica en varios de esos países se desarrolla de forma completamente independiente de procesos penales o administrativos; mientras que en Costa Rica se plantea como una medida provisional.
Asimismo, el proyecto de ley no plantea la venta anticipada de los bienes incautados, como ocurre en algunas otras jurisdicciones.
Sin embargo, la finalidad de la extinción de dominio es muy similar a la del proyecto que se plantea en Costa Rica: confiscar o congelar bienes cuyo origen no se puede justificar legalmente.
A pesar de eso, Navas sostiene que el proyecto únicamente se trata “una medica cautelar y que garantiza procesos de audiencia para las partes. Sobre el hecho de que invierte la responsabilidad de la prueba, haciendo que las personas acusadas tengan que confirmar su inocencia en caso de ser señalados por el Ministerio Público, indicó que “es la única forma de capturar esos bienes”.
