La provincia no podría soportar una proyección “hacia los próximos 50 años” —plazo que establece el proyecto para garantizar el recurso a la provincia para consumo humano, agrícola e inversión turística— para solventar la falta de infraestructura hidráulica y la moratoria para entregar cartas de disponibilidad de agua a producto comercial.

Las fuentes consultadas argumentan que el enfoque de la iniciativa nació para abastecer al sector agrícola, para el consumo humano, en parte, y no para el desarrollo inmobiliario. Además, dijeron que aún no les han informado de fechas específicas para cumplir con el proyecto, por lo que es “difícil resolver la necesidad de manera inmediata”.

“Hemos perdido inversionistas que buscan construir comunidades residenciales eco sostenibles que no están dispuestos a esperar años para poder tener agua. Esto está sucediendo en toda el área desde la moratoria sobre el agua comercial. El crecimiento está completamente atrofiado”, expresó Donna Osborne, agente de bienes raíces y presidente de la Asociación Pro Mejoras de Flamingo.

Flamingo, Brasilito, Tamarindo, Potrero, Playa Grande y Ocotal son las zonas que presentan la mayor afectación en productos inmobiliarios detenidos. Carlos Trejos, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) indicó que, se deben impulsar proyectos de corto y mediano plazo para atender el desabastecimiento, mientras se logra construir Paacume.

Otra solución cercana que se ha planteado es que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) acepte donaciones de pozos y que haga perforaciones adicionales. “Se tiene que conectar esta agua a la red de acueductos, para permitir que la construcción avance”, dijo Steven Wroe, del Consorcio Económico Legal (con clientes que tienen propiedades en la zona).

Los dueños de Rancho Cartagena ofrecieron donar un pozo de 31,5 litros por segundo hace más de tres años, y el AyA no ha hecho nada para aceptar esa donación.

—  Joaquín Gamboa, promotor del proyecto Marina Flamingo.

LEA MÁS: Falta de presupuesto compromete futuro del programa estrella de conservación ambiental de Costa Rica

La promesa

Paacume pretende inyectar 20.000 litros por segundo, en agua superficial, para distintos usos. Incluso, en periodo de sequía, unas 18.639 hectáreas estarían habilitadas con riego durante todo el año.

Esto beneficiaría de manera directa a 746 productores agropecuarios de la margen derecha del río Tempisque; y también recibirán riego unas 1.213 hectáreas para proyectos turísticos.

Por otra parte, medio millón de personas en Carrillo, Santa Cruz y Nicoya contarán con agua para consumo humano, “con un crecimiento proyectado a 50 años”. Asimismo, se contempla un plan de desarrollo, sugiriendo encadenamientos que mejoren los procesos de producción, comercialización y beneficio socioeconómico a la región.

La sustitución de usos de agua subterránea por agua superficial, permitirá a los acuíferos costeros “descansar y recuperarse” y además, promueve la sostenibilidad de los ecosistemas en el área del proyecto, por la permanencia de agua.

—  Paacume.

El Gobierno ya garantizó los fondos para Paacume, con el contrato de préstamo por $425 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobado en 2018 y firmado el 4 de abril; luego de superar varias consultas de inconstitucionalidad y aprobarse la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae); y los criterios de composición y equivalencia ecológica por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

El siguiente paso, es recibir la aprobación de la Asamblea Legislativa del contrato de empréstito.

“Este contrato viene a saldar una deuda histórica con la provincia de Guanacaste en temas de agua”, había manifestado la primera dama de la República, Claudia Dobles, el 4 de abril.

LEA MÁS: Déficit de agua deseca el rebrote de la construcción privada

Lejos de una solución

Agua escasa e infraestructura insuficiente, han sido los potentes frenos al desarrollo inmobiliario en la provincia guanacasteca desde hace más de 10 años.

En 2019, como parte de los resultados de la encuesta “Gestión y uso del agua potable en los hogares costarri­censes”, elaborada por el proyecto Re­gulación, Innovación y Medio Ambien­te (Reina) del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), se evidenció que Guanacaste presenta los mayores problemas de acceso y calidad del agua potable en el país.

Federico Marín, diseñador y constructor de diferentes proyectos en la zona precisó a EF que actualmente el AyA solo está entregando cartas de disponibilidad de agua para construcción de viviendas individuales. Uno de los primeros requisitos para cualquier edificación.

Esto deja como consecuencia, la no realización de muchos proyectos hoteleros, de condominios y comerciales, ya que los inversionistas y desarrolladores se cansan de esperar meses y años por el requisito.

Marín explicó que la entidad ya completó la infraestructura de tuberías y tanques de almacenamiento del proyecto Nimboyores, situado en Lorena e inaugurado hace dos años.

“El argumento del AyA para no levantar la moratoria es que quieren aumentar la disponibilidad total de litros por segundo basados en una proyección a largo plazo. Esta medida está creando una crisis económica grave en la zona y paralizando el desarrollo por completo, principalmente ahora que va a entrar en operación la Marina Flamingo”, expresó el diseñador.

La situación no es exclusiva de Guancaste. Una información publicada por este medio, comprobó que en 2021, el AyA había denegado más de mil de estos documentos en algunas zonas del Área Metropolitana de San José (AMSJ). La CCC denunció que esto había provocado retrasos en, al menos, 20 proyectos.

EF consultó a la institución sobre la moratoria y la no aceptación de las donaciones, así como de la situación del recurso hídrico en Guanacase, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Por su parte, Gamboa, promotor de Marina Flamingo, indicó que la desarrolladora de la marina se vio obligada a montar una planta desalinizadora para conseguir la viabilidad del proyecto.

“El equipo y el proceso de desalinización es muy costoso. Pero Marina Flamingo no consumirá agua del AyA”, expresó el promotor.

Los desarrolladores afirman que el AyA estaba mejorando recientemente la red de acueductos y tanques de almacenaje en la zona de Flamingo y sus alrededores, sin embargo, el trabajo quedó inconcluso, y no se está utilizando para proveer de agua a la comunidad.

“El problema tiene raíz en una falta de voluntad política en las agencias del Estado. Si es así, no podremos anticipar una solución hasta que veamos un cambio en esta actitud”, compartió Wroe, del Consorcio Económico Legal.