EscucharEl Partido Acción Ciudadana (PAC) está por finalizar su primera temporada en el Poder Ejecutivo y el presidente Luis Guillermo Solís se alista para dejar atrás la casa de cristal tras un cuatrienio marcado por la estrechez fiscal, los embates climáticos extremos, el caso del cemento chino y una considerable disminución de las protestas ciudadanas.
Como todo gobierno, la administración Solís Rivera tuvo puntos altos y bajos. Su principal pecado fue el manejo del déficit fiscal y no reconocer el problema a tiempo, así que cuando intentó barajar distintas soluciones se encontró con el férreo entrabamiento del Congreso más fraccionado de la historia.
La administración también experimentó un profundo bache en materia de seguridad ciudadana que provocó una tasa de homicidios de 12,1 por cada 100.000 habitantes.
A pesar de las grandes presiones que generaron la crisis fiscal y la inseguridad ciudadana, la administración también saboreó logros. Algunos de ellos fueron la disminución en las protestas ciudadanas, la implementación de la Reforma Procesal Laboral y la validación de los derechos de la población LGTBI, mediante una opinión consultiva que hizo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH).
Grandes pecados: déficit, inseguridad y corrupción
Uno de los pecados más grandes de la administración Solís Rivera fue iniciar tardíamente la discusión para contener alto déficit fiscal. Actualmente el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tiene vía rápida en el Congreso, pero antes de eso existieron varios intentos fallidos.
En agosto de 2015 el Poder Ejecutivo presentó dos expedientes, uno para realizar modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y otro para crear la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo, los proyectos no superaron el trámite en comisión a pesar de los cambios que se plantearon para facilitar su negociación.
Una situación similar vivió la iniciativa Ley de Responsabilidad Fiscal de la República, que pretendía aumentar la carga tributaria y establecer regulaciones de disciplina fiscal para la elaboración y ejecución de los presupuestos públicos.
Pese a los intentos de la administración, tampoco prosperó el proyecto Ley sobre la Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos para una Gestión Pública de Calidad, que pretendía convertir las anualidades en un sistema de evaluación del desempeño.
Con un déficit fiscal que crece día a día y la presión de las calificadoras internacionales, el gobierno no tuvo más remedio que tomar todas esas iniciativas y fusionarlas en un solo expediente, el 20.580, también conocido como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para facilitar su tramitación de manera conjunta y expedita.
Esta medida paliativa se presentó en la corriente legislativa en noviembre de 2017 y tras varios meses de pausa -producto de las vacaciones y la coyuntura electoral- el proyecto de ley se reactivó en el ocaso de la legislatura 2017-2018. Ahora tras asumir funciones, los nuevos diputados intentan llegar a un acuerdo para poder presentar mociones al proyecto.
En marzo de este año el déficit financiero se contabilizó en 1.5% del PIB (el año anterior era de 1.3% en el mismo periodo), por lo que el Ministerio de Hacienda hizo un llamado urgente para que los legisladores aprueben la iniciativa que permitiría aumentar los ingresos y desacelerar el crecimiento del gasto público.
En febrero de este año, la calificadora de riesgo internacional Standard & Poor’s (S&P) dejó sin cambio la calificación de riesgo soberano de Costa Rica BB- y mantuvo la perspectiva negativa.
Este es fue resultado de una administración que no logró convencer al Poder Legislativo sobre la urgencia de corregir el déficit fiscal y que más bien envió señales equivocadas al inicio de la administración. Ejemplo de ello fue cuando en noviembre de 2014 disparó el gasto al aprobar un presupuesto nacional de $7,9 billones para el año siguiente.
“Esa estrategia fiscal del Gobierno es una irresponsabilidad, cuando aumenta el gasto en prácticamente dos veces y medio la inflación”, afirmó en ese momento Ottón Solís, diputado oficialista.
Además de la crisis fiscal, durante este cuatrienio Costa Rica vivió uno de sus más profundos baches en materia de seguridad. El 2017 cerró como uno de los años más violentos al registrar 602 homicidios, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los delitos contra la vida (personas heridas con armas de fuego o blancas) crecieron dramáticamente a partir del 2015 cuando se dieron 6.446 casos. El 2017 cerró con 6.243 casos, a pesar de que hubo una disminución de 737 delitos, la cifras siguen siendo altas si se comparan con las del 2014 cuando se dieron 5.046 delitos.
La inseguridad ciudadana provocó una tasa de homicidios de 12,1 por cada 100.000 habitantes durante el 2017.
Otro de los puntos bajos que experimentó la administración Solís Rivera fueron los presuntos casos de corrupción por el caso del cemento chino. En setiembre anterior el mandatario tuvo que comparecer ante los diputados en Casa Presidencial, luego de que salieran a la luz las reuniones que mantuvo el empresario Juan Carlos Bolaños en Zapote entre febrero del 2015 y julio del 2016.
Tras 73 audiencias la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa consideró que las actuaciones del Presidente Solís debían ser analizadas por la Procuraduría de la Ética, ya que presuntamente este había faltado a su deber de probidad.
“Que quede muy claro: nunca he instruido a funcionario alguno para que viole el ordenamiento jurídico o interceda a favor de una empresa o persona en especial”, afirmó el mandatario tras conocer la recomendación de la Comisión Investigadora.
Como parte de las investigaciones la Comisión Investigadora pidió sancionar a 28 personas más, entre ellas: Mariano Figueres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS); Welmer Ramos, exministro de Economía; Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda y Benito Coghi, exdirector de Aduanas.
El alto costo de la inexperiencia política
Constantino Urcuyo, politólogo y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) afirmó que la inexperiencia política del PAC le pasó una cara factura a la administración. Situación que se reflejó sobre todo en el primer año de gobierno.
A tan solo cien días de haber asumido la Presidencia, Solís entregó un informe marcado por la crítica pero carente de soluciones.
En una ceremonia realizada en el Teatro Melico Salazar, el mandatario se dedicó a enumerar la impunidad, el desorden y el despilfarro que encontró en las instituciones públicas, y denunció la forma en que el país había sido manejado en otras administraciones.
“En importantes sectores del Estado costarricense la postración es total. Existen múltiples instituciones que perdieron el rumbo completamente”, señaló en esa ocasión.
Tras el discurso, algunos sectores afirmaron que las señales del Gobierno no eran claras para el futuro. “Ya hemos fijado nuestra posición en temas claves para el desarrollo del país. Pero es poco el avance en estos 100 días y las señales en el futuro no son muy claras si tomamos como base este discurso”, manifestó en ese momento Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio.
Otro error producto de la inexperiencia política se dio con Melvin Jiménez, obispo luterano y exministro de la Presidencia. A pesar de los constantes señalamientos de parte del Poder Legislativo y el alto costo político que ocasionó, el mandatario lo mantuvo en su puesto contra viento y marea.
Durante su gestión los jefes de fracción le exigían a Jiménez más diálogo con las distintas bancadas, ya que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no eran las óptimas.
Las labores del obispo luterano estuvieron salpicadas por el escándalo que surgió entre Daniel Soley, exviceministro de la Presidencia, y Ana Lorena Brenes, excontralora de la República, a quien presuntamente se le ofreció una embajada cuando aún le quedaba un año de gestiones.
El complicado capítulo de la gestión Jiménez finalizó hasta que el obispo luterano presentó su renuncia en abril de 2015, tras la baja de Gisella Kopper, ministra del Micitt y quien era responsable del controversial proyecto de ley de radio y televisión que promovía multas a los medios de comunicación por sus mensajes.
Tras once meses de labores, la administración Solís Rivera enfrentó nuevamente otro tropiezo: la cancelación del Festival Internacional de las Artes (FIA) por primera vez en 26 años. El desorden y desorganización de la producción provocó la salida de Elizabeth Fonseca, sus dos viceministros y el productor del festival.
Fortalezas de la administración
El Gobierno también mostró fortalezas en varias áreas a lo largo de los cuatro años de gestión.
Uno de los puntos altos de la administración fue la atención de desastres naturales tras el paso del Huracán Otto y la Tormenta Nate que dejaron una huella profunda en suelo costarricense.
En noviembre de 2016 el huracán categoría tres golpeó el territorio nacional. Ante la amenaza las autoridades evacuaron prontamente el Caribe Norte y las costas, y el mandatario se convirtió en la voz cantante durante la emergencia.
Los daños se contabilizaron en ¢106.000 millones y al día de hoy se han realizado 66 de las 69 obras prioritarias, se han construido 18 puentes, 190 kilómetros de caminos y se han canalizado 67 kilómetros de ríos o quebradas que se vieron afectadas tras el paso de Otto.
Otro de los logros de la administración fue la disminución de la pobreza, que tuvo una reducción al pasar del 22,4% en 2014 al 20,0% el año pasado. Mientras que la pobreza extrema bajó de 6,3% a 5,7% según lo señaló la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) en noviembre de 2017.
Esto se logró gracias a que el Gobierno inyectó más recursos para ayudar a las familias pobres del país ubicadas en el primer quintil de la población por ingreso, en relación con lo que destinó en 2016.
Otro avance que se dio en el periodo 2014-2018 fue el descenso sostenido de las manifestaciones sociales. La reducción de la protesta se dio en varios actores como: trabajadores públicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, sector estudiantil y ciudadanía.
Sin embargo, esto podría cambiar porque la posible reducción del gasto público como parte de la solución al déficit fiscal, presagia protestas en un futuro cercano.
El dinamismo que experimentó el sector exportador también fue otra de las fortalezas del Gobierno. Las transacciones de bienes y servicios al exterior alcanzaron su punto más alto en el 2017 y durante ese año, las ventas a Europa registraron el crecimiento más alto desde el 2007.
La validación de los derechos de la comunidad LGTBI fue uno de los puntos más altos del periodo. El gobierno recurrió a una opinión consultiva a la Corte IDH para garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio de género para transexuales, el país conoció la histórica respuesta del ente internacional el pasado 9 de enero.
Otro de los logros que se destacan en esta administración, fue el control de la inflación. Si bien es cierto que el Gobierno logró mantenerla a la baja, también jugó un papel importante el comportamiento del mercado externo, en particular la disminución de las materias primas.
El Gobierno también mostró grandes fortalezas al renegociar puntos claves de 17 convenciones colectivas, aprobar la Reforma Procesal Laboral y hacer modificaciones al régimen de Pensiones del Poder Judicial.
Algunos de los avances que se dieron en esta administración fueron fruto de gobiernos antecesores: la conclusión del Centro Nacional de Convenciones y el ingreso a los distintos comités de la OCDE, según comentó Ronald Alfaro del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (Ciep).
Mandatario cierra con baja calificación
El presidente Solís cerró su mandato con una baja calificación, la encuesta realizada por el CIEP determinó que la nota del mandatario para marzo de 2018 era de 5,2. Esta consulta se realizó en diferentes momentos del periodo presidencial y durante las últimas mediciones, la calificación mostró un deterioro.
Sobre la valoración del presidente el 25% consideró su gestión como positiva, el 30% como regular y el 39% como negativa. Mientras que el 42% de los ciudadanos calificaron la gestión del gobierno como mala o muy mala, el 31% como regular y el 25% como buena o muy buena.
Para el 72% de los encuestados el actual presidente no cumplió sus promesas de campaña y el 25% de los encuestados opinaron que el mayor obstáculo que enfrentó el Presidente fue la Asamblea Legislativa.
A pocos días de que Luis Guillermo Solís le entregue el poder a Carlos Alvarado, presidente electo, apenas quedan las promesas del cambio. "En esta nueva Administración, el pueblo tendrá la posibilidad de escrutar, día a día, nuestras acciones, así como de señalar y censurar nuestras omisiones, para exigir las rectificaciones que correspondan", afirmó Solís al asumir la Presidencia de la República.
