El arroz es el único producto del mercado nacional cuyo precio se fija o controla por ley. José Luis Bolaños, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), prefiere no llamarle fijación, se inclina más por el término “regulación”. Le incomoda menos.

El 25 de abril, en el contexto de la crisis económica provocada por el coronavirus, el Gobierno firmó un decreto para declarar desabasto del grano y autorizó la importación de 50.012 toneladas métricas con una reducción del arancel, que pasó del 35% al 6,5%. El permiso para comprar más barato estará vigente hasta el 31 de diciembre.

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Sobre el modelo de control de precio de este producto, considerado proteccionista, se ciernen dudas porque impide la libre importación y venta de producto, lo que permitiría al consumidor disponer de más variedades, calidades y precios para elegir. Como ocurre con otros alimentos de consumo básico.

EF entrevistó a Bolaños sobre el tema. Esta es parte de la conversación.

Razones del desabasto

— ¿Por qué Conarroz pidió al Gobierno un decreto para importar el grano con una reducción del arancel que finalmente se aprobó en 6,5%?

— Conarroz lleva el control de inventarios en este país como institución autorizada por ley. Lleva el control de todas las compras a nivel nacional e internacional y de todas las ventas que se producen. Deseamos, para efectos de trasladar al consumidor, cero arancel. Sin embargo, es el Gobierno el que lo decide. Nosotros damos la voz de alerta diciendo que los inventarios están bajos.

— ¿Cuál es la situación del inventario nacional del grano para 2020 frente a la crisis del coronavirus?

— En el primer semestre del año Costa Rica no cosecha ni el 30% de la producción. Es en el segundo semestre que se cosecha esa cantidad. Los arroces nacionales tienen que entrar en un proceso de maduración por lo que se requería que ingresara un poco de arroz para saber que íbamos a estar con una seguridad alimentaria de por lo menos un par de meses en el país. Por eso fue que pedimos ese decreto de desabasto.

— ¿Con esta importación de 50.012 toneladas métricas −aprobada por el decreto 42320-MAG-MEIC-Comex el 24 de abril− se va a cubrir la demanda del país sin problemas?

— Sí. Para este año con esa cantidad de toneladas esperamos llegar más o menos a diciembre o enero con inventario adecuado. Según las estimaciones de Conarroz, a pesar de que en el segundo semestre se cosecha la mayor cantidad, posiblemente tengamos el nivel de inventario más bajo de los últimos cinco años al cierre del 2020.

— ¿Con cuál metodología estiman el desabasto en el país?

— Es la misma con la que el Consejo Nacional de la Producción (CNP) calcula los desabastos en frijol o maíz. Nosotros no nos apartamos del criterio técnico que tiene la comisión interministerial −integrada por los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG); Economía, Industria y Comercio (MEIC); y Comercio Exterior (Comex)− para hacer estas estimaciones.

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Nosotros proyectamos, mediante una serie de información que tenemos, basados en inventarios físicos, en la producción nacional durante los siguientes meses y en las importaciones. Utilizamos fórmulas matemáticas para determinar el avance de la reserva nacional; de ahí nos agarramos para determinar si el país será deficitario en los próximos 12 meses o no.

— ¿Cuáles factores influyeron en el contexto actual para proyectar un desabasto?

— Lo que nos preocupó muchísimo en esta oportunidad fue un desabasto extraordinario. En marzo el consumo del arroz subió prácticamente un 40% y en abril el nivel es similar. Al romperse ese equilibrio que teníamos, vimos que a partir de junio los meses de inventario que determina la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que no pueden ser inferiores a dos meses, iban a ser muy ajustados o inferiores.

La recomendación al Gobierno fue que para poder cubrirnos de una situación de mucha incertidumbre y con aumentos en el precio del grano en los mercados internacionales, además de que los países exportadores están casi prohibiendo la venta, entonces por eso recomendamos alertar sobre el desabasto.

— ¿Cómo manejan la gestión de datos y el inventario nacional, tienen alguna certificación internacional sobre este sistema?

— Conarroz tiene una certificación ISO 17025-2005 (es específica para calibraciones y muestreos en laboratorio, no tiene que ver con gestión de inventarios) que nos da la validez como laboratorio de control de calidad para todos los ensayos. En realidad para los procedimientos internos tenemos un estándar de calidad alto. Sobre los inventarios físicos, utilizamos una metodología de ir directamente a las agroindustrias una vez al mes, ahora las visitamos cada 15 días por solicitud del MAG.

¿Más barato?

—¿Qué va a pasar con el arroz importado que es más barato por la reducción del arancel, se va a trasladar esa situación al precio final que paga el consumidor?

— No sabemos qué va a pasar con estas 50.012 toneladas métricas de arroz o cómo va a repercutir con el precio posterior, porque no se ha comprado. No sabemos el precio al que se va a adquirir, el precio internacional ha subido más de un 50% en el último mes y medio, entonces no sabemos a qué tarifa se va a adquirir.

El modelo que regula esto somete el precio de compra y lo promedia con todo lo que hay en inventarios y futuras cosechas en Costa Rica y simplemente se da un precio al consumidor. No podemos decir si esta situación de pagar un arancel reducido se va a trasladar al consumidor en la baja en el precio o en un aumento.

La obligación del MEIC es correr el modelo y definir si el precio baja o sube al consumidor.

— ¿Y cuáles son las estimaciones de Conarroz sobre la variación en el precio final para el consumidor?

— El MEIC no aprobó la importación con un 0% de arancel, sino que le aplicó un 6,5%. Haciendo estimaciones con ese arancel, el precio al consumidor no va a bajar, pero lo que no tomó en consideración el MEIC es que el arroz no se ha comprado y el precio internacional de la tonelada métrica en diciembre era de $310 y en abril era de $570, el aumento se debe al acaparamiento.

— En diciembre del 2019 el sector aplicó una medida de presión al Gobierno, que no es nueva, para que firmara el decreto que aumentó el precio a los consumidores de ¢608 a ¢620 por kilo. El argumento fue que durante seis meses los productores soportaron el alza en el saco de 73,6 kilos en granza. El cambio trasladó el precio al consumidor y liberó a los agroindustriales, ¿qué mejoras en eficiencias se lograron con este ajuste en el sector?

— El modelo de costos que tiene el país y que regula a la industria, incluso para trasladar el precio al consumidor, no solo tiene el concepto de materia prima, tiene todos los demás rubros de producción como electricidad, cargas sociales, salarios, todo lo que conlleva producir.

(...) En mayo del 2019 se revisó el modelo agrícola y se definió que había que hacer un ajuste y se hizo un aumento del 4%, es un rubro que entra al modelo de costos industrial. Desde luego las industrias han estado mejorando tecnologías, me imagino, renovando equipos y demás, pero la queja de las industrias es que no había plata para eso.

— Este sistema de fijación de precios no opera en favor del consumidor, sino en favor del productor, ¿por qué si la mayor parte del consumo del grano se concentra en los hogares de menores ingresos se debería mantener el modelo?

— Discrepo de esta afirmación, yo creo que sí beneficia a los consumidores y a los de menos ingresos. Estoy convencido de que esto es así, incluso siento que si desaparece la producción nacional y quedamos en manos de importadores, ya sea de materia prima en granza o de arroz procesado, puede ser que pase lo que pasó con los frijoles.

Le pongo el ejemplo, actualmente se compra un quintal de frijoles a un productor en ¢24.000 o ¢26.000, depende de si son rojos o negros, y el precio de venta al consumidor final a veces llega hasta ¢70.000 o ¢90.000. Entonces yo digo, ¿por qué eso sucede?, ¿qué pasa si hubiera estado regulado, estaría más bajo el precio al consumidor?

Modelo y distorsiones

— Para algunos economistas consultados por EF, mantener el sistema de fijación de precio crea distorsiones que afectan el mercado, la oferta y los precios. ¿Cuáles son los efectos que tendría la eliminación de este modelo?

— El modelo tiene un sistema de regulación de precios agrícola y uno al consumidor. De acuerdo con los costos agrícolas simplemente se determina su nivel, se genera una utilidad para el agricultor y esto está basado en rendimientos promedios que en este momento están en 4,78 toneladas de arroz por hectárea. Desde luego nada es perfecto, algunos sacarán más, otros sacarán menos, eso depende un poco de los costos de producción.

— ¿Pero cuál es el efecto que tendría eliminar el modelo?

— El efecto que se podría dar, es futuro y el futuro es incierto. Pero el efecto que se podría dar es que ocurriría lo mismo que con los frijoles y el maíz; simplemente éramos un país que cultivaba una cantidad importante y ha ido disminuyendo casi hasta desaparecer las actividades.

Otros efectos que tienen que ver con la capacidad de los productores, y que interesa al país, es la creación de empleos. Actualmente con las casi 37.000 hectáreas cultivadas se generan 33.000 empleos entre directos e indirectos, sobre todo en zonas rurales muy afectadas por la desigualdad.

— En la cosecha 2018-2019 se inscribieron diez empresas agroindustriales con 12 plantas procesadoras. Algunos industriales son productores y a la vez importadores. ¿Cuáles son las opciones para hacer este mercado más eficiente si existe alta concentración?

— Hoy hay diez industrias inscritas, hace 27 años eran 25 (...), al estar en un modelo donde se regula la entrada y la salida de la industria es simplemente sobrevivir. Ha estrechado muchísimo la situación al regular el 100% de las calidades del grano, hace 15 años se regulaba solamente el 80% de las calidades.

De hecho el país ha bajado el precio del arroz prácticamente en los últimos diez años.

— Pero, ¿cómo se puede tener una industria más eficiente que permita mejores precios a los consumidores si algunos agroindustriales son productores e importan también?

— De las diez industrias, tres tienen un poco de arroz que siembran en terrenos propios, pero las otras no, son solo industrias. En la Región Chorotega y en el Pacífico Central hay dos cooperativas que son productores dueños de sus industrias y curiosamente tampoco es que les va de los mejor porque exigen la compra de su producción en perjuicio de la competitividad de la industria, efectivamente.

— No todos los productores son del mismo tamaño. De los 577, que participaron en la cosecha 2018-2019, un grupo de 33 concentró el 52% del área sembrada, mientras que los otros 240 se repartieron apenas el 4% de la producción nacional. ¿Por qué se fomenta un modelo que tiene condiciones tan desiguales para producir?

— Producir cualquier producto en Costa Rica es muy costoso por las cargas sociales, desde luego con los beneficios que esto nos trae al país y que vemos en esta pandemia. Las industrias que cultivan no tienen costos diferenciados, simplemente son muy altos y eso hace que haya bajado la producción.

Hay algunos productores grandes que no han logrado salir con los costos, nuevamente, porque son elevados.

— El sector genera 22.000 empleos directos, una apertura sin control de precios obligaría a las empresas a buscar mayor eficiencia y tecnología para competir, eso ayudaría a mantener y crear empleo. ¿Por qué en los comunicados de prensa se mantiene la constante advertencia de que cambiar el sistema eliminaría de un solo golpe esos 22.000 trabajos?

— No es que se acaban. Desde luego sabemos que habría algunos productores que van a seguir, no es que va a desaparecer 100%, pero sí, efectivamente se va a ver muy afectado.

(...), No es que la industria de Costa Rica no vaya a sobrevivir, posiblemente se vaya a transformar un poco y va a seguir adelante, porque el país va a consumir arroz. Aquí es donde hay que ver qué es más barato si traerlo pilado, que además Costa Rica no tiene la infraestructura necesaria; también se podría traer la granza. Lo que queremos es que haya un poco de contribución al empleo.