EscucharEste miércoles 19 de junio el Poder Ejecutivo anunció dos nuevas acciones para reactivar la economía. Se trata de una moratoria regulatoria que eliminará la creación de nuevos trámites y un decreto que agiliza procesos mediante el uso de la declaración jurada.
La moratoria regulatoria se extenderá hasta mayo del 2022 y evitará la creación de nuevos trámites, requisitos o procedimientos que se necesiten para permisos, licencias o autorizaciones.
“Es suficiente la tramitología que hay en este punto y el esfuerzo tiene que ser a reducir y simplificar trámites, y a no crear trámites nuevos (...). Se constituye en un filtro, si llega una normativa que pretenda crear nuevos trámites, no pasaría”, comentó Carlos Alvarado, presidente de la República.
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La moratoria también promueve incentivos, es decir, alienta a las personas o instituciones a modernizar o simplificar los procesos; siempre y cuando el espíritu sea agilizar procesos.
La moratoria regulatoria de trámites, no implica la eliminación o suspensión de los trámites vigentes.
Además, existirán excepciones como cuando el trámite se deba a un mandato legal, una emergencia nacional, cuando responda a razones ambientales, de salud pública o interés público –siempre y cuando exista el aval de la Presidencia de la República–.
La segunda acción es un decreto para utilizar declaraciones juradas para agilizar gestiones.
La decisión es porque el 20% de los trámites generan el 80% de las trabas más grandes, según Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Estos procesos se pueden sustituir por una declaración jurada.
“La idea no es crear nuevos trámites, sino cambiar los mecanismos tradicionales de tramitación, que es la visita e inspección, a realizarlos en un contenido posterior; y que este análisis de costo beneficio, sumado al estudio de cargas administrativas, que vamos a buscar la forma de implementarlo, refleje que la disminución de trámites se refleja en el Producto Interno Bruto (PIB)”, manifestó Hernández.
Esta acción ya la implementa el Ministerio de Salud con el Permiso Sanitario de Funcionamiento; antes el trámite duraba más de 90 días para entregar el permiso a los comercios y ahora es de siete días.
Esta práctica ha dado buenos frutos en países como Dubai o Singapur, según el Presidente de la República.
El sector productivo se manifestó de manera positiva ante las dos acciones presentadas por el Poder Ejecutivo, pero también instó al Congreso a que apresure el paso para aprobar los proyectos de empleo público y regulación de huelgas.
Todo esto para afianzar la seguridad jurídica que se lesionó durante el 2018 con la huelga contra el entonces Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hoy Ley de la República. Según comentó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
En este momento se realizan mejoras en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la tramitología de la seguridad social, según el Presidente de la República.
