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Pese a que la Sala Constitucional encontró una serie de inconstitucionalidades relacionadas con la rectoría administrativa del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) en el proyecto de ley marco de empleo público (21.336), el texto salió vivo de ese tribunal y ahora va en camino de regreso al Congreso.
Sin embargo, el texto no solo se enfrenta al reto de corregir esos señalamientos, sino también, de asegurar los 38 votos que necesita para convertirse en ley de la República.
Los propulsores de la iniciativa en el Gobierno y en la Asamblea Legislativa coinciden en que los señalamientos hechos por la Sala se podrían corregir sin afectar los puntos centrales del texto, como la aplicación de un salario global único para los funcionarios públicos, o de restricciones más fuertes de gasto en la negociación de convenciones colectivas.
Lo que sí fue declarado inconstitucional fue que Mideplán dicte directrices a cinco tipos de entidades: el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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Corregir esto implicará realizar enmiendas al texto y volverlo a votar en primer debate.
Si el proyecto logra llegar hasta ese punto, entonces tendrá que recibir, también, la segunda votación y definitiva; es decir, tendría que enfrentar el que ahora mismo parece su más importante reto: conseguir el respaldo de, al menos, 38 legisladores.
Ese es el número de votos que requiere en la segunda ronda por tratarse de un proyecto que, según la opinión de la Corte, afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) que ha trabajado como uno de los principales operadores oficialistas de la reforma, Víctor Morales Mora, confía en que los números se mantengan. Antes del primer debate, estimaba que al menos unos 40 legisladores respaldarían la iniciativa y, según dijo en entrevista con EF, el conteo no tendría por qué cambiar demasiado por el momento.
No obstante, los acuerdos políticos pueden ser frágiles y existen factores que podrían entorpecer el avance de la reforma. Por ejemplo, la compañera de fracción de Morales y precandidata del partido de gobierno, Carolina Hidalgo, ahora manifestó que analizará el fallo integral de la Sala “con detenimiento” y que votará negativamente el texto si este mantiene la popularmente conocida como “cláusula de objeción de conciencia”.
Este último es un inciso declarado constitucional que le permitiría a los funcionarios públicos pedir que se les excluya de capacitaciones cuando piensen que estas riñen con sus creencias éticas, morales o religiosas.
¿Qué sigue ahora?
Si bien ya se conocen “las conclusiones” del fallo de la Sala Constitucional sobre las tres consultas de constitucionalidad que presentaron grupos de diputados, aún falta que el alto tribunal envíe la resolución completa al Congreso.
Esto detendrá por algunos días el trámite del proyecto. Por ejemplo, en el caso de la reforma fiscal aprobada a finales de 2018, pasaron 10 días entre la publicación del “por tanto” y el envío del fallo completo al Congreso.
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Una vez que esa resolución llegue a Cuesta de Moras, los diputados tendrán su espacio para realizar enmiendas al proyecto, según lo indicado por los magistrados.
Inicialmente, estas deberían de realizarse en la comisión de Consultas de Constitucionalidad, un foro especial en el Congreso que podría eliminar del proyecto aquello que se considere inconstitucional y remitir el texto, de nuevo, al plenario. En ese espacio, los diputados primero tendrían que acoger los cambios que plantee el foro y luego volver a votar la iniciativa en primer debate.
Según la presidenta legislativa, Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), por eso es urgente que la resolución completa llegue cuanto antes a la Asamblea. Son “muchísimos detalles que deben revisarse”, comentó.
Esta vía es la que impulsa la mayoría de diputados que apoya el proyecto. Sin embargo, un grupo minoritario aboga para que sea reenviado a la comisión de Asuntos de Gobierno y Administración, para un debate más amplio y realizar mayores reformas.
Esa postura la sostiene especialmente Pablo Heriberto Abarca, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Él, que además es presidente del foro de Gobierno, sostiene que el proyecto requiere de mayores niveles de consenso para avanzar.
Otros opositores tienen posturas más fuertes. Por ejemplo, la oficialista Paola Vega cree que el Ejecutivo debería desechar el proyecto actual, en lugar de enmendarlo, y promover un nuevo texto “que solo contenga salario global y no legitime esa espantosa cláusula para discriminar”.
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No obstante, estas posiciones encuentran poco o nulo respaldo entre los diputados que acuerpan el proyecto, por cuestiones de tiempo. Cualquiera de las dos medidas implicaría aumentar considerablemente los plazos para una aprobación del texto, algo que se considera riesgoso cuando solo faltan nueve meses para que concluya el cuatrienio 2018-2022.
En cambio, el trámite en la Comisión de Constitucionalidad permite que la presidencia legislativa asigne un plazo máximo para la emisión de un informe definitivo.
El reto de los 38 votos
Antes de la consulta de constitucionalidad, en su primer debate que ahora tendría que repetirse si se realizan cambios al texto, el proyecto 21.336 recibió el apoyo de 32 diputados y el rechazo de 15 legisladores. Un grupo considerable de 10 congresistas estuvo ausente (ver recuadro).
El Gobierno considera clave a este último grupo para conseguir los 38 votos que, hasta hoy, se requieren para dar votación definitiva al texto.
Según el diputado Morales Mora, las evaluaciones iniciales son positivas para alcanzar ese número o más. “Yo creo que si las fracciones que sostuvimos durante meses el debate de este proyecto en la Asamblea nos mantenemos, sigue habiendo base política para esta reforma y, en principio, en los términos en que la Sala resolvió, me parece que no debería haber razón para que ninguno de estos grupos cambie de posición, pero eso lo vamos a saber en los próximos días”, subrayó.
La presidenta Hernández también se mostró positiva. Según dijo a EF, considera que el país “está cerca de tener una ley de empleo público”.
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“Parece que las normas y principios de carácter general se aplican a todos los funcionarios. El salario único o global fue declarado constitucional y se aplica para todos, así como las limitaciones a las convenciones colectivas, que también fueron vistas como constitucionales (...) También es importante indicar que la Sala consideró constitucional la regla de evaluación y calificación del desempeño”, destacó
Similar opinó la ministra de Planificación, Pilar Garrido. “Las inconstitucionalidades señaladas por los magistrados refieren únicamente a un tema, como lo es el eventual el ejercicio de la rectoría política (...) esto quiere decir que todos aquellos aspectos que no requieren de ningún instrumento de rango inferior a la ley que deba ser emitido por el Poder Ejecutivo son de plena aplicación para todas las instituciones bajo el ámbito de cobertura”, añadió.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, agregó este 2 de agosto que incluso ve posible que, dependiendo de los alcances de la respuesta constitucional, el proyecto ya no requiera de 38 votos para su aprobación sino de 29 (mayoría simple). Eso, argumentó, podría ocurrir si el proyecto deja de afectar el funcionamiento y la organización del Poder Judicial. Sin embargo, llamó a buscar una votación “nutrida” y lejana de “cálculos electorales”, en cualquier escenario posible.
El plan de empleo público es una de las principales medidas que han impulsado el Gobierno y diputados en el Congreso para frenar el crecimiento del gasto público. Su relevancia también es trascendental como parte del acuerdo negociado por la administración Alvarado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a una línea de financiamiento de $1.778 millones en tres años, a cambio de implementar una agenda de estabilidad financiera.
