Los sujetos obligados a declarar este año son todas las personas jurídicas, los fideicomisos privados, los administradores de recursos de terceros y organizaciones sin fines de lucro, indica la página web del Ministerio de Hacienda.

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La declaración se realiza en el Banco Central de Costa Rica (BCRR), específicamente en la página www.centraldirecto.fi.cr, y según explicó en un comunicado la firma Grant Thornton, para mayor facilidad la declaración estará disponible con la opción de “precargar”, por lo que si no hay variaciones en los datos del documento anterior, se mantiene la información suministrada.

O bien, si se ha dado alguna variación, solo se deben realizar los cambios puntuales, firmar de manera digital y enviar la declaración.

Incumplir con esta obligación tiene una multa pecuniaria del 2% de los ingresos brutos que se hayan declarado por concepto del Impuesto a las utilidades en el 2021.

Aunque se establece un porcentaje, la sanción oscila de tres hasta 100 salarios base (¢462.200), por lo que las multas irían desde ¢1.386.000 y hasta ¢46.220.000.

Por otro lado, el Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería, ni les inscribirá documentos a los deudores.

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Los obligados para 2022

Este año, la lista de sujetos obligados a declarar el RTBF creció. En una nota publicada por este medio, el año anterior, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica había confirmado la obligatoriedad de los administradores de terceros y asociaciones sin fines de lucro.

Los administradores de terceros puede ser un abogado o contador que tiene clientes en el extranjero y por lo tanto se encarga de pagos de impuestos, o el pago de las planillas (por trabajadores de seguridad o limpieza) en caso de que el propietario extranjero tenga un bien inmueble a su nombre.

En este caso, se le da una autorización al administrador para que puedan manejar recursos que no son propios.

Las personas jurídicas, que se encuentren inscritas en el Registro Nacional con plazo social vigente o tengan asignada una cédula jurídica por dicha entidad también están obligadas a declarar. Serían las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita, sociedades extranjeras con cédula jurídica nacional, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades civiles y profesionales.

Por otra parte, los fideicomisos privados, nacionales o extranjeros que realicen actividades en el país, deberán solicitar su cédula jurídica ante el Registro Nacional, de previo a inscribirse en la herramienta de RTBF.

Los fideicomisos son contratos o figuras jurídicas por el cual una persona destina bienes, derechos o negocios a un fin lícito en específico, y con diferentes finalidades. Para eso encomienda su realización a una institución o persona fiduciaria de su confianza por un plazo o condición determinada.

En el formulario se deberá de brindar información sobre el fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, objeto del contrato, cuantía, fecha de constitución, fecha final del fideicomiso, actividad económica y tipo de fideicomiso.

El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales fue creado por la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (9.416), que rige desde el 30 de setiembre del 2016.

Su objetivo es obtener información que le permita a las autoridades de la Dirección General de Tributación (DGT) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) identificar quiénes son los accionistas y beneficiarios finales de las participaciones en una empresa.

El objetivo es detectar posibles estructuras para evadir el pago de impuestos y eventuales casos de legitimación de dinero provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico.

El sistema elaborado por el Banco Central procesa la información suministrada por los representantes de las personerías jurídicas de manera automática.