Desde octubre del 2017 toda persona o empresa que desee construir una casa o realizar actividades urbanísticas, condominales, turísticas, comerciales o masivas, deberá de incluir un requisito más para iniciar la obra. Se trata de un estudio hidrogeológico que podría costar desde $5.000 y hasta $100.000.
Esto se debe a que entró a regir la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, que nació tras un acuerdo de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento (Senara). Anteriormente en los procesos de construcción se utilizaba una norma denominada Matriz de Poás, pero a criterio de Senara, el cambio se hizo para que los estudios en los terrenos fueran más exhaustivos.
Con esta nueva regulación las municipalidades avisarán a las personas o empresas, si deben realizar estudios hidrogeológicos. Son los municipios los que determinan el uso del suelo y los permisos de construcción. Es importante señalar que no todos tendrán que contratar el análisis, ya sea porque el municipio cuenta con los mapas de vulnerabilidad y recarga de mantos acuíferos, o porque la construcción no lo requiera.
Los estudios hidrogeológicos se exigen porque no todo el país está mapeado y los recursos hídricos subterráneos tienen diferentes grados de vulnerabilidad a la contaminación (que van desde la baja hasta la extrema).
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Complejidad
Por la novedad en su aplicación, el Senara está creando un documento en el que participan la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y Senara, para definir cómo será la aplicación de la matriz a nivel interinstitucional, y determinar cuáles proyectos deberán contratar estudios hidrogeológicos.
Cuando EF le consultó a Carlos Zúñiga, subgerente general de Senara y a Roberto Ramírez, director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, sobre cuáles proyectos no necesitarán de estudios, ellos afirmaron que si una persona realiza un proyecto unifamiliar de un 60% en un terreno menor a 500 metros -es decir 300 metros de construcción-, no necesitará de estudios hidrogeológicos; pero si la construcción en ese terreno supera el 60% sí necesitará de estudios.
Esa afirmación se basa en un documento que está preparando la institución y que estará aprobado y publicado en La Gaceta en las próximas semanas, según manifestó Carlos Zúñiga, subgerente general de Senara.
Sin embargo, esta disposición contrasta con la matriz, que estipula que las construcciones con “cobertura del terreno inferior o igual al 20% del área de la propiedad” no necesitarán de estudios.
Siguiendo con lo que afirmaron Zúñiga y Ramírez, ¿Qué pasa si se quieren construir los mismos 300 metros en un terreno de 1.000 metros? En este caso se construye en el 30% del terreno, pero según la matriz sí deberían hacer estudios porque sobrepasa el 20% establecido en esta nueva regulación.
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Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), asegura que la matriz puede generar una serie de interpretaciones. “El mismo 20% puede ser igual para un terreno de 100 metros que para 50.000 metros, por un lado se protege una cosa pero por otro queda descubierta, es uno de los grandes problemas que tiene la matriz” manifestó.
La lista de los requisitos definitivos de cuándo se necesitarán estudios hidrológicos, aún no está clara. Lo que sí es un hecho es que hay una nueva disposición para los procesos constructivos.
¿Qué pasa en las zonas que sí están mapeadas? Según Ramírez, solo se presenta un dictamen general a Senara para que la institución comunique la regulación que va a tener el terreno.
Ramírez afirmó que a finales del 2017 se aprobó el mapa de vulnerabilidad y recarga de la Municipalidad de Santo Domingo. Ramírez contó a EF que otros cantones que también están mapeados son San Pablo, Barva y Belén.
En este complejo proceso también entran en juego los planes reguladores de las municipalidades, Ramírez asegura que no todos los municipios lo tienen. Según el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), 23 municipios no tienen este documento.
Estudios costosos
Cuidar los recursos hídricos subterráneos tiene precio, ya que los análisis cuestan varios miles de dólares. Ernesto Echandi, coordinador de la Comisión de Hidrogeología del Colegio de Geólogos, estima que el valor dependerá de la función de los proyectos, el área a cubrir y los riesgos de cada sitio.
“Se podría estimar que los costos de los estudios, incluidas las perforaciones exploratorias que deben realizarse, oscilarían entre $5.000 para vivienda unifamiliar, de $10.000 a $15.000 para un condominio pequeño o mediano, y de $25.000 o $40.000 en proyectos más grandes, como condominios en áreas mayores a diez hectáreas o proyectos industriales”, confirmó Echandi.
Los análisis en megaproyectos tendrían costos muy superiores, por ejemplo, en el caso de un relleno sanitario o un aeropuerto el costo podría llegar a los $100.000, principalmente por la cantidad de perforaciones que se deben hacer.
Pero el valor de los análisis no es la única inquietud. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), afirma que la propuesta del Senara establece lineamientos que no le competen a dicha institución.
“Al definir coberturas (cuánto porcentaje del terreno se puede construir) y densidades (cuántas personas pueden vivir en determinada área), se invaden competencias propias de las Municipalidades, reconocidas desde la Constitución Política, quienes son las que tienen facultadas para definir el desarrollo del territorio en sus respectivos planes reguladores”, comentó Franco Arturo Pacheco, presidente de Uccaep.
Sobre el tema de la cantidad de personas que pueden vivir en un área, una de las delimitaciones expone que “solo se permiten en zonas de media vulnerabilidad densidades poblacionales menores a 150 habitantes por hectárea con tanque séptico”.
La Cámara de la Construcción dice que es importante cuidar de los recursos, pero asegura que la forma en la que está planteada la matriz es “irresponsable”.
“Causa una inseguridad jurídica que nos preocupa muchísimo, si yo voy a una municipalidad y averiguo de acuerdo al plan regulador qué puedo hacer en un terreno, la municipalidad me lo va a aprobar, empiezo a hacer planos y de pronto Senara me dice que no puedo hacer esto porque interfiere con la matriz”, dijo Jorge Arturo González, presidente de la Cámara.
¿Senara dará abasto?
La Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara, aprobará los estudios. Pero este departamento solo cuenta con 15 funcionarios, por lo que hay dudas si dará abasto con la cantidad de trabajo.
Carlos Zúñiga, de Senara, comentó que antes de la aplicación de la matriz la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica recibía entre 600 y 700 expedientes al año, pero ahora proyectan recibir hasta 1.800 anuales.
“Estamos esperando a arrancar para ver el tamaño (...) sumado a que hicimos con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) una simplificación de trámites para mejorar nuestros tiempos de respuesta”, dijo Zúñiga.
Por eso la institución contratará ocho hidrogeólogos para cumplir con la demanda.
Matriz para protección de acuíferos
- ¿Qué es? Es un requisito que empezó a regir en octubre de 2017 bajo el nombre de Matriz Genérica de Protección de Acuíferos. Cada municipalidad determinará quién debe hacer estudios hidrogeológicos.
- ¿Cual es la finalidad? Proteger el recurso hídrico. Se aplica a nivel nacional con mapas de vulnerabilidad y recarga aprobados por Senara.
- ¿Por qué se solicitan estudios? Porque muchas zonas no cuentan con mapas de vulnerabilidad y recarga.
- ¿Qué pasa si necesito hacer estudios? Se deberá presentar el análisis al Senara para que lo analice.
- ¿Y si la zona ya tiene mapas? Solo se presenta el dictamen general a Senara.
- ¿Quiénes deben contratar estudios hidrogeológicos?
- Actividades, obras o proyectos de alta toxicidad
- Actividades, obras o proyectos que se deseen desarrollar en zonas sin mapas de vulnerabilidad (aprobados por Senara) y con densidad mayor a 80 habitantes por hectárea.
- Actividades, obras o proyectos que se deseen desarrollar en zonas sin mapas de recarga donde la cobertura del terreno de la propiedad sea superior al 20 %.
- Actividades, obras o proyectos que deseen evaluar las condiciones del sitio.
- Actividades, obras o proyectos que requieran de movimientos de tierra y que puedan afectar la cobertura del terreno o poner en riesgo el acuífero.
- Actividades que para efectos de renovación de permisos requieran presentar a Senara la evaluación del sitio para actividades existentes.
- ¿Quiénes no requieren evaluación de Senara?
- Actividades de baja amenaza.
- Que no utilicen sustancias de alta toxicidad.
- Con cobertura del terreno inferior o igual al 20% del área de la propiedad.
- Con densidades menores o iguales a 80 habitantes por hectárea.
- Fuente: Matriz Genérica de Protección de Acuíferos y Roberto Ramírez de Senara.