Con un gobierno enfrentado a la oposición y divorciado del sector privado, sin la ayuda venezolana, y con la cooperación internacional congelada, Nicaragua cumple un año sumida en una crisis social, económica y política que se profundiza día a día.

El conflicto se inició con protestas por una impopular reforma a la seguridad social, que escaló con la represión de las marchas y derivó rápidamente en exigencias de renuncia del presidente Daniel Ortega, acusado de autoritarismo.

La crisis ha dejado más de 300 muertos, cientos de detenidos, miles de exiliados y millonarias pérdidas económicas en el segundo país más pobre del continente –su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es de $2.154–.

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Hoy, es común ver bares, restaurantes, hoteles, tiendas, fábricas cerradas o a media marcha, furgones con mercancías parados y miles de desempleados o subempleados.

Nicaragua es la nación más grande de Centroamérica y venía creciendo durante ocho años seguidos a un ritmo de 5%, gracias a una pragmática alianza entre Ortega y la empresa privada.

Pero la crisis impactó la economía, que se contrajo 3,8% el año pasado. Para 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la producción nacional retrocederá 5%. Y mientras la Cámara de Industria y Comercio (Cadin), que agrupa al sector privado, tiene proyecciones más pesimistas de -7%, el gobierno estima un decrecimiento de -1% a un -7%.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del centro independiente Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social y Económico (Funides), cree que la contracción económica oscilará entre el -7% y -11% en 2019.

“El panorama es devastador, y no se ve una salida inminente. La pobreza se ha incrementado y pasó de 20,4% en 2017 a un 23,5% en 2018. En 2019, cerrará entre un 29% y un 32%”, dijo Chamorro.

Debido a la debacle económica, de acuerdo con Cadin, el país perdió 157.923 empleos formales en 2018 y se prevé que desaparezca una cantidad igual de fuentes de trabajo este año.

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Sergio Maltez, presidente de Cadin, declaró que el año pasado 2.800 empresas cerraron, por lo cual “podemos hablar de que se incrementó la tasa de desempleo, y aunque no hay aún cifras oficiales, se presume que se generó un subempleo de 40% de la fuerza laboral (3,3 millones de personas), es decir, de gente que ya no tiene un trabajo fijo pero que se gana la vida como negociantes ambulantes o realizando cualquier actividad por un pago de menos de dos dólares diarios”.

Funides añadió que las importaciones cayeron un 14%, el consumo privado un 4,8%, el gasto público un 2,8% y las exportaciones 2,6%, y el país perdió $792 millones de reservas.

Crisis humanitaria

Tan grave como el descalabro económico, Nicaragua sigue viviendo una crisis humanitaria producto de la represión de las fuerzas gubernamentales, apoyadas por las milicias sandinistas. Incluso la prensa y la Iglesia Católica han sido afectadas por estos grupos.

Al menos 68 periodistas han huido del país, al menos dos están en la cárcel, cientos han sido amenazados y varios medios han sido allanados, mientras que el obispo Silvio Báez, uno de los mediadores del diálogo, anunció que se va al Vaticano debido a amenazas.

Durante estos 12 meses, la violencia ha cobrado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales elevan a 568 las víctimas fatales, mientras el Ejecutivo reconoce 199. Además se cuentan entre 779 y 809 “presos políticos”, casi el doble de los que reconoce el gobierno, que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes”.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que 62.000 nicaragüenses han huido del país, de los cuales 55.000 lo han hecho hacia Costa Rica.

El director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, manifestó que “lo más probable es que sin una solución política a la crisis, la gente siga escapando”. Agregó que hay también una cantidad de exiliados que no están registrados y que “un número más acertado sería 80 mil”.

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Entre los emigrantes se cuentan estudiantes, extrabajadores públicos, figuras opositoras, periodistas, defensores de los derechos humanos, e incluso, médicos que han sido perseguidos y amenazados de muerte por el régimen sandinista, afirmó.

La CIDH responsabiliza al gobierno de Ortega por “crímenes de lesa humanidad” y la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática, por ruptura del orden constitucional que, de ejecutarse, suspendería a Nicaragua del organismo.

Para el analista político José Paillás, abogado y exviceministro de Relaciones Exteriores, la única salida a la crisis es retomar el diálogo iniciado en mayo con mediación de la Iglesia Católica y que se encuentra suspendido.

“El gobierno no ha respetado los 20 acuerdos suscritos sobre restitución de derechos, libertades y garantías ciudadanas, liberación de presos políticos y el inicio de un proceso de reforma electoral con asistencia de la OEA. La Alianza Cívica ha sostenido que mientras el gobierno no cumpla lo pactado no abordará nuevos temas ni reanudará el diálogo (...), no se podrá revertir la tendencia negativa de la economía y el problema humanitario”, señaló.

Reforma fiscal

Para empeorar las cosas y en medio de la crisis, en enero Ortega impulsó una reforma fiscal que eleva el impuesto sobre la renta, el impuesto selectivo de consumo, así como las rentas de la actividad económica, de capital y ganancias, lo cual generó amplias críticas de diversos sectores.

Su objetivo es recaudar $312 millones, el equivalente al 2,3% del PIB, en un intento por paliar la caída de la economía.

“Existe un testarudez del gobierno en implementar la reforma fiscal y de pensiones. El efecto general será que la economía se reducirá a niveles críticos, habrá mayor desempleo, costos de producción elevados, y el margen bruto de ganancia de las empresas y las unidades económicas se podría reducir del 15,6%, en 2018, al 7,5%, este año, lo que dejaría flujos de caja limitados, activos devaluados, entre otros problemas”, explicó el economista Alejandro Araúz.