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La propuesta de creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC) ha ocasionado visibles desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y los diputados que respaldan la idea.
El 26 de marzo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la Ley de creación de la AEC (9960), aprobada en la Asamblea Legislativa el 18 de febrero de este año con 35 votos, tras meses de intercambios de criterios.
No obstante, a pesar de la firma, el Ejecutivo aseguró que impulsará una reforma a la ley con el fin de garantizar un costo “razonable” que se adapte a las posibilidades de plazos y presupuestos del país, para lo que solicitó el apoyo del astronauta costarricense Franklin Chang.
El tema trascendió el escenario político y otros sectores también han dejado patente su apoyo o sus críticas al proyecto.
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Posicionamiento e impacto económico
La diputada liberacionista Aida Montiel es la proponente del proyecto de ley y su principal impulsora.
Para Montiel, la AEC se nutrirá de lo que considera son ventajas competitivas del país: su ubicación geográfica, la investigación que se genera, y el nivel educativo de los profesionales y científicos.
Además, uno de los principales argumentos para impulsar la iniciativa es el posicionamiento que tendría el país en este campo.
“Costa Rica no cuenta con una contraparte para poder hacer convenios de alto impacto con agencias de países amigos como la NASA, la Agencia Espacial Europea, japonesa o coreana, por mencionar sólo algunas con las que se podría tener alianzas estratégicas”, comentaron desde el despacho de la diputada.
Otro de los argumentos que defiende Montiel es el impacto económico que generaría la Agencia.
Según la legisladora, el ente contribuiría a crear zonas de alto valor agregado fuera del área metropolitana del país, especialmente en Guanacaste, y sería impulsor de encadenamientos y empleo al necesitar de proveedores que le brinden apoyo en insumos y servicios.
Mismas ideas defienden desde la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio (ACAE).
El presidente de la Asociación, Julio Calvo, cree que el tema ha causado diferencias porque es un proyecto “disruptivo”.
“El futuro está en el espacio (...). Costa Rica no puede quedarse atrás. La regulación del uso del espacio va a requerir que el país tenga gente preparada y una entidad pública que nos represente en los foros internacionales”, aseguró Calvo.
Además, el representante considera que se trata de una oportunidad real para que el país reciba fondos e inversiones y que empresas del sector aeroespacial se instalen en territorio nacional.
El astronauta Franklin Chang también mostró su apoyo a la propuesta, mediante un comunicado publicado en su página de Facebook.
Chang aseguró que el proyecto “catapulta” al país en el tema aeroespacial y que la Agencia se puede implementar “responsablemente”.
No obstante, a pesar de las bondades que pueda tener la iniciativa, el proyecto ha encontrado escepticismo y oposición de otros diputados y del mismo Gobierno.
Incompatibilidad con el contexto económico
El Ministerio de Hacienda ha sido una de las instituciones más reticentes con el proyecto de la AEC.
Así se lo dejó ver a los legisladores mediante dos criterios institucionales emitidos en julio y en setiembre del 2020. Ante consultas de EF, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, reiteró dicha postura.
“En el contexto económico en el que se encuentra el país, la creación de entes públicos podría generar efectos negativos en la situación fiscal ya afectada en demasía por la pandemia del COVID-19”, afirmó Villegas mediante correo electrónico.
Hacienda cuestiona particularmente el esquema de financiación proveniente del 0,4% del superávit de algunas instituciones, pues la pandemia ha reducido los ingresos y, con ello, disminuido la posibilidad de contar con superávits.
Además, el jerarca recordó que algunas de estas entidades están obligadas a devolver al presupuesto de la República los recursos no utilizados, con el objetivo de aplicarlos en la amortización de deuda o en inversión pública, por lo que aseguró que es un financiamiento “inseguro y eventualmente insuficiente”.
La Contraloría General de la República también hizo eco de las preocupaciones de Hacienda, ante lo que consideró como una falta de claridad del financiamiento de la entidad.
Asimismo, el proyecto contó con la oposición de los diputados del bloque Nueva República quienes argumentaron que la entidad consumiría recursos que el país no tiene.
Montiel asegura que la AEC recibiría fondos del superávit no comprometido de las instituciones no financieras del Estado solo por los primeros cinco años, monto que su despacho estima en ¢13.500 millones a lo largo del quinquenio, aunque admite que será la Autoridad Presupuestaria quien finalmente determine el monto definitivo.
Asimismo, confían en que la AEC pueda captar al menos un 0,1% del sector espacial que en el último año representó $800.000 millones en todo el mundo, según Paul Stephen, asesor de la diputada.
La propuesta
El texto aprobado en Cuesta de Moras crea la AEC como un ente público no estatal, adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) como ente rector en el área de ciencia y tecnología.
Se trata de la primera institución de este tipo en Centroamérica, con lo que se espera colocar a Costa Rica en el mapa mundial de la aeronáutica y de las ciencias del espacio.
Entre sus funciones estarán desarrollar proyectos de investigación, generar conocimiento científico espacial, promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para la consolidación de este sector en Costa Rica, así como incorporar al sector productivo, entre otras.
La Agencia tendría un consejo directivo formado por cinco miembros: la persona jerarca del Micitt, la persona que lidere la Dirección General de Aviación Civil, la persona jerarca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un representante del sector aeroespacial privado y un representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Para su funcionamiento, la ley establece que la AEC contará con tres formas de financiamiento.
Durante los primeros cinco años la Agencia recibirá un aporte del 0,4% del superávit de las instituciones del sector público no financiero (excluyendo al Gobierno Central, los municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, las Universidades Públicas y la Universidad Técnica Nacional), además de ingresos propios resultantes de la venta de productos y servicios, sumado a donaciones o contribuciones.
Asimismo, la ley funda también el Centro Espacial de Guanacaste como una dependencia de la AEC, el cual estará integrado por científicos, especialistas y personal de apoyo y tendrá como sede la ciudad de Liberia.
La cantidad de personal que el Centro tendrá a cargo deberá ser definida por el Consejo Directivo.
Dicho Centro tendrá servicios complementarios de capacitación para expertos internacionales, exposiciones y un museo.
No obstante, estas características pueden cambiar, pues se está a la espera de la propuesta de reforma a la Ley que presentará el Ejecutivo.
