EscucharEl problema creciente del narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica se puede medir en toneladas de drogas confiscadas, en arrestos y muertes; pero también en la cantidad de personas que trabajan para las organizaciones criminales.
En Costa Rica este número es alto, según reconocen las autoridades. Como ejercicio para dimensionar el problema en relación con el mercado laboral del país, EF realizó un cálculo conservador del número de personas que estarían involucradas en estas actividades criminales partiendo de información general de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y contrastó el resultado con la información de empleadores privados del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
Tras el cálculo y la comparación, el narcotráfico y el crimen organizado ya estarían, como mínimo, entre los 100 principales “empleadores” no estatales en Costa Rica —aunque la situación podría ser peor—.
Las autoridades tienen identificadas a más de 150 bandas criminales que operan a lo largo del territorio costarricense, las cuales están compuestas por al menos ocho personas cada una, según explicó el OIJ ante una consulta de EF. Si se considera al narco como un solo empleador, su “nómina” sería de unas 1.200 personas.
Este número es superado por las planillas de 92 sociedades privadas en Costa Rica, según los datos del Sicere. Los 1.200 trabajadores es un registro que no han podido alcanzar gigantes transnacionales con operaciones en el país como Pfizer o HP, ni gigantes del mercado costarricense como Grupo Monge o Spoon.
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Sin embargo, la situación podría ser peor. El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó en una reciente entrevista con EF que hay bandas criminales integradas por hasta 60 u 80 personas en algunos puntos del país. “Por eso”, dijo, “no es tan fácil” definir un número específico.
“Lo cierto es que sí existe una cantidad importante”, reconoció.
Usando un promedio de 20 o 25 integrantes por banda criminal —una referencia que el propio Zúñiga utilizó en esa entrevista con EF—, entonces el número de personas empleadas por grupos delictivos podría subir hasta las 3.750 personas; es decir, se triplicaría la magnitud.
La “empresa” criminal
Para poner esa cifra en contexto, solo 15 sociedades privadas tienen inscritas a su nombre más de 3.750 trabajadores, según los mismos datos de Sicere. Entre ellas están los tres mayores empleadores privados, Del Monte, Amazon, Walmart; fabricantes de implementos médicos como Boston Scientific; bancos como BAC y gigantes de la industria alimenticia como Dos Pinos.
Para dar contexto a la cifra, planillas abultadas como la de Intel, McDonald’s o Fifco se quedan por debajo de ese número.
Es importante resaltar que el número de las bandas criminales y de sus integrantes es fluctuante, tal como señaló Zúñiga.
El director de la policía judicial subrayó que en los últimos meses se han “sacado de circulación” más de 100 bandas criminales pero, usando como referencia datos anteriores a ese trabajo, dijo que el número de implicados en la actividad de grupos delictivos podía subir hasta a las 7.000 personas. En ese cálculo, sin embargo, estimó la existencia de 287 bandas criminales.
“De esas 287 bandas, nosotros ya hemos sacado de circulación más de 100. Ya no serían las 7.000 personas, seguramente sean menos, pero es alto”, afirmó, consultado sobre la magnitud del problema.
La barrera de los 7.000 trabajadores solo es superada por cinco empresas privadas en Costa Rica.
Además de la fluctuación de los grupos criminales, hay otros factores que hacen complejo realizar cálculos más finos.
Por ejemplo, es posible que exista un subregistro de grupos delictivos que no han sido identificados por las autoridades todavía, pues la desintegración y formación de los mismos es una constante.
Por otra parte, estos datos tampoco contemplan aquellas personas que realizan actividades criminales por cuenta propia; por ejemplo, quienes roban o asaltan sin pertenecer a una estructura criminal delimitada.
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Problema social
El crimen organizado tiene un gran poder reclutador en Costa Rica, a pesar de que no cuenta con los medios de cualquier otra empresa para conseguir a su personal.
Esto se explica de la misma forma que el nacimiento de cualquier otro mercado: existen dos necesidades que se complementan entre sí.
Por un lado, los grupos criminales requieren de mano de obra barata para sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos; mientras que, por otro, también existe una gran base de la población con poco o nulo acceso a la educación o puestos de trabajo formales.
“Por eso hablamos de un problema estructural”, explicó Zúñiga. “Las personas que no terminan de estudiar, que no tienen trabajo formal, que ya crecieron, y que necesitan mantenerse de alguna forma se decantan por trabajar en cuestiones informales y una de estas, evidentemente, es el narcotráfico”.
La situación económica y el auge delictivo van de la mano, y así se refleja en los resultados de las encuestas de opinión política a nivel nacional.
Según el último estudio de este tipo publicado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en mayo pasado, los dos problemas nacionales preponderantes para la población en la actualidad son la inseguridad y la delincuencia, así como el costo de vida y la situación económica.
Karen Jiménez, directora de ciencias policiales de la Universidad Estatal de Educación a Distancia, dijo observar “una enorme debilidad en política pública, y en la debida inversión” en una entrevista con el medio especializado InSight Crime. Por eso considera que el país debe trabajar para dar una mayor cantidad de oportunidades a la población, pero especialmente a los más jóvenes, que sufren la mayor parte de los problemas educativos y de desempleo.
“Esta es la realidad de muchísimos jóvenes que ahora vemos en los vídeos de sicariatos. Vemos personas muy jóvenes cometiendo estos actos”, añadió.
En eso coincide Randall Zúñiga, quien señaló que las organizaciones delictivas ven dos ventajas principales en reclutar a jóvenes, principalmente a menores de edad, para sus tareas más riesgosas. Por un lado, que las personas menores reciben penas más bajas en el plano judicial por su condición etaria y, por otro, que son más propensas a ceder por retribuciones bajas como “un par de tenis o una camisa de marca”.
“Si no se mejora la educación y la oferta de trabajos formales”, señaló Zúñiga, “esto va a continuar”. “Cuando usted tiene zonas descuidadas o abandonadas a nivel social, jóvenes que no siguen en la escuela o en el colegio, sin programas de interés social, y si no hay trabajo formal, surgen los problemas”, puntualizó.
