EscucharEl modelo costarricense de financiamiento de partidos políticos es terreno fértil para la inmersión de capitales ilícitos y la dependencia de los partidos en pocos actores, a pesar de las reformas electorales aprobadas en 2009 que –entre otros controles– prohibieron la contribuciones por parte de personas jurídicas y extranjeras.
Si bien se fortalecieron las capacidades fiscalizadoras del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y esto derivó en el envío de 23 casos al Ministerio Público desde 2010; el tiempo también dejó en evidencia que se mantienen “problemas, debilidades e inequidades” que hacen vulnerables a los partidos políticos frente a “múltiples riesgos de caputra por fuerzas indeseadas o capitales ilícitos”.
Estas son las palabras exactas que utilizaron los investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN) en su más reciente Informe del Estado de la Nación, que se publicó este martes 16 de noviembre.
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El estudio asegura que los partidos políticos encuentran pocas fuentes de liquidez para lograr sus objetivos electorales y que su dependencia del endeudamiento es alto.
Además, señala los efectos negativos de los certificados de cesión de bonos de la deuda política, un mecanismo que el mismo TSE ha criticado por restringir la libertad de las agrupaciones políticas, generar inequidades entre ellas y abrir portillos para el encubrimiento de donaciones ilícitas.
“La legislación electoral costarricense sobre financiamiento partidario tiene vacíos y portillos que se deben cerrar, especialmente porque sigue existiendo una figura como los llamados ‘bonos de la deuda estatal’, cuyo mercado se ha hecho más pequeño y tiene a muy pocos acreedores, ganando mucho dinero”, explicó Ronald Alfaro, investigador del PEN. “Esto tiene a los partidos endeudados de manera complicada y representa una vulnerabilidad para que cualquiera de ellos pueda ser capturado por dineros cuya procedencia pueda ser cuestionable”, añadió.
Partidos endeudados... y endebles
Los partidos políticos costarricenses enfrentan riesgos relacionados con su independencia y su misión de representar a los ciudadanos, por la forma en que se gestiona su financiamiento.
“Cuando analizamos las fuentes de financiamiento de los partidos nos damos cuenta de que más del 50% de los dineros que reciben los partidos provienen de deudas. Entonces son partidos débiles desde el punto de vista electoral y que, además, están endeudados desde el punto de vista financiero”, comentó Alfaro.
Luis Antonio Sobrado, en una audiencia legislativa, el 1.° de junio pasado actuando todavía como presidente del TSE, señaló que el modelo de financiamiento partidario tiene “un Talón de Aquiles estructural que eleva la tentación de recurrir a capitales delictivos o al menos de origen dudoso”.
Ese Talón de Aquiles, indicó, es que la contribución estatal a favor de los partidos opera como un reembolso postelectoral; lo cual impide que los partidos cuenten con recursos líquidos de manera oportuna o equitativa.
Ante esta situación, los partidos optan por diversos mecanismos para encontrar recursos. Las donaciones y los ingresos propios cuentan con amplios controles, pero la cesión de bonos de deuda política está plagada de distorsiones.
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Según el TSE, los certificados represntan un mecanismo “perverso” que privilegia a pocos partidos y que puede utilizarse para encubrir donaciones irregulares.
“Yo siempre he insistido en que los certificados de cesión son de naturaleza perversa porque no abonan a la transparencia y porque son un factor de inequidad en la competencia electoral”, dijo Sobrado a los diputados. “De hecho, hemos abogado en distintas instancias para su eliminación”, subrayó.
En materia de inequidad, el director del Registro Electoral, Héctor Fernández, subrayó que los partidos mejor ubicados en las encuestas tienen muchas más altas posibilidades de colocar bonos y obtener recursos que aquellos que son nuevos o han tenido malas votaciones pasadas.
¿Qué son los certificados?
Los certificados de cesión, o bonos de deuda política, son utilizados por los partidos políticos para acceder a liquidez inmediata.
Como la gran mayoría de los recursos estatales de la deuda política se distribuyen hasta acabadas las elecciones, los partidos ofrecen bonos a inversionistas, a cambio de liquidez.
Los inversionistas, por su parte, obtienen a cambio intereses y una porción de la contribución del Estado.
“Por ejemplo, un certificado de cesión por ¢100.000 puede ser vendido (a un inversionistas) en ¢80.000; y si el partido logra los votos suficientes, el comprador recibirá la totalidad del valor nominal y, por tanto, una ganancia de ¢20.000 más intereses”, describe el Informe del Estado de la Nación.
El TSE considera desde hace muchos años que este mecanismo es negativo, porque podría utilizarse para encubrir donaciones ilícitas. Es decir, personas que realmente no son inversionistas podrían comprar bonos de baja calidad (con altas posibilidades de impago) a partidos a los que quieren beneficiar.
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Asimismo, la entidad considera que supeditar la liquidez de los partidos a su posibilidad de obtener mejores resultados genera una diferenciación que debería evitarse.
Pese estas advertencias, los certificados de cesión se mantienen vigentes y son una de las principales herramientas de financiamiento para los principales partidos políticos con acceso a ellos.
Los certificados además fueron avalados por la Sala Constitucional, en 2013; aunque con algunas limitaciones.
Aquel año, el TSE pidió a la Sala declarar inconstitucionales estos mecanismos. Sin embargo, la Sala Constitucional determinó en su resolución N° 2013-015343 que no lo serían, siempre que se realicen entre personas físicas nacionales, a favor de los bancos que integran el Sistema Bancario Nacional, o a favor de medios de comunicación.
El sistema
El sistema de financiamiento partidario costarricense permite tres fuentes de ingresos para los partidos políticos.
Entre ellas, están las donaciones privadas de personas físicas (cada vez menos cuantiosas ante menores afinidades partidarias); el endeudamiento a partir de garantías y expectativas electorales, incluidos los certificados de cesión; y los ingresos propios por cuotas de afiliación o membresías, inscripciones de candidaturas, ventas y colocaciones por pagos de bienes y servicios.
Las fuentes se comportan de manera desigual entre los partidos.
Las agrupaciones ya existentes y con una mayor probabilidad de acceso a la deuda política por sus resultados en elecciones pasadas encuentran un mayor respaldo en el endeudmiaento; mientras que los partidos nuevos, o que todavía no cuentan con el caudal político suficiente para acceder a los recursos estatales, deben concentrarse en su propia generación de recursos y donaciones.
Según conluye el Informe del Estado de la Nación, todo este escenario provoca distintos efectos adversos. Por un lado no hay equidad en el financiamiento electoral y, por el otro, se incrementan los riesgos de corrupción o dependencia.
“Si en otras circunstancias los mecanismos de control y transparencia eran los principales desafíos del financiamiento partidario, hoy día sus principales retos son el origen de dinero al que acceden, su alta dependencia del endeudamiento y la fuerte concentración de sus acreedores, que en conjunto pueden minar la independencia partidaria y su principal misión, la de representar a la ciudadanía”.
Para evitar las “tentaciones”, el TSE ha recomendado ceder espacios gratuitos a los partidos políticos en espacios de radio y televisión mediante algún sistema de franjas electorales; ampliar el monto anticipable de la contribución estatal (que hoy es de apenas un 15% en elecciones nacionales y permite el acceso a pocos partidos); crear incentivos para las donaciones privadas de personas físicas; y bajar el costo de las campañas a través de medidas como un sistema de transporte gratuito para electores.
No obstante, las recomendaciones no han encontrado mayores respuestas, a pesar de que no son nuevas.
