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El Gobierno califica como “positivo” el balance después de ocho meses de sesiones extraordinarias en las que tuvo en sus manos el control de la agenda legislativa, a pesar del poco avance de la mayoría de proyectos relacionados con el acuerdo de financiamiento, por $1.778 millones, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, consideró en entrevista con EF que aún queda tiempo para impulsar las iniciativas, a pesar de que inicialmente se había establecido como meta su aprobación durante el primer semestre de este 2021: antes de la primera revisión que realizará el organismo sobre el avance de la política financiera y monetaria del país.
La jerarca reconoció que existen diputados y fracciones que ya cierran las puertas para negociar algunas de las iniciativas, principalmente las relacionadas con impuestos; sin embargo, afirmó que quedan espacios procesales para buscar acuerdos mayoritarios, sea dentro o fuera de las comisiones legislativas.
“Las vías legislativas no se han agotado, y yo he sido enfática en esto. El tiempo no se nos ha agotado ni tampoco los mecanismos y los procedimientos a disposición en la Asamblea Legislativa, aunque tengamos ya algunas posiciones de diputados y diputadas”, comentó.
Dinarte más bien destacó el avance del proyecto de reforma al empleo público (21.336), que ya se aprobó en primer debate y que actualmente espera el resultado de su análisis de constitucionalidad. También hizo énfasis en la aprobación del propio contrato de financiamiento con el organismo internacional, que se formalizó a mediados de julio.
Aparte de estos dos expedientes legislativos, el Gobierno impulsa una serie de reformas para aumentar sus ingresos y cumplir las metas fiscales convenidas con el Fondo: cuatro son reformas tributarias y otra es una contribución especial por parte del 0,2% del PIB por parte de las empresas públicas del Estado al Ministerio de Hacienda, en los próximos cuatro años.
Manuela Goretti, la jefa de misión del FMI que evaluó el acuerdo con Costa Rica en enero pasado, aseguró que el avance y la aprobación de todos estos proyectos se esperaba para el primer semestre de 2021. Según dijo entonces, las iniciativas son fundamentales para que Costa Rica cumpla sus metas de estabilización de la deuda pública.
A su ritmo
Diputados de diversas fracciones, entre ellas la mayoría del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Restauración Nacional (PRN) y el bloque independiente Nueva República sostienen que no apoyarán reformas relacionadas con nuevos impuestos.
Esta postura no ha sido tan fuerte en otras fracciones, incluida la de Liberación Nacional (PLN); sin embargo, diputados de esa bancada aseguran mantener disconformidades de peso con la redacción actual de los textos que propone el Ejecutivo.
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Esta situación deja en un estado de apoyo raquítico a las iniciativas, cuya aprobación es fundamental para que el país mantenga su acceso a la línea de financiamiento convenida con Fondo.
Además de eso, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, han advertido de que incumplir con las metas presentadas al organismo sería una pésima señal hacia los mercados y que podría acarrear repercusiones muy negativas en indicadores como tasas de interés, tipo de cambio e inflación.
No obstante, la ministra Dinarte aseguró que las iniciativas deben seguir su trámite, cada una por su parte, y que queda tiempo para que avancen en el Congreso.
Señaló que esta es la única vía para atender algunas preocupaciones de los legisladores y luego buscar mayorías necesarias para las aprobaciones, en el propio plenario legislativo.
“Yo creo que cada caso hay que irlo viendo en su debido momento. Yo siempre he sido muy enfática con la agenda del FMI en que nosotros no podemos tomar posiciones prematuras; tenemos que ir avanzando. Los mecanismos son muchos y esa es la ventaja que nos ofrece la Asamblea Legislativa”, aseguró.
Pese a la expectativa de avance por parte del Gobierno, el panorama es complejo en el Congreso, en donde la oposición es amplia mayoría.
La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó desde el 19 de julio pasado que el Gobierno tendrá que sentarse a negociar más fuertemente con las fuerzas políticas si realmente desea que los proyectos avancen. Ella dijo que esto solo será posible “si hay una genuina voluntad (del Gobierno) para construir, modificar y mejorar mucho de la agenda”.
Consultada por EF, la diputada evaluó que en tiempos de crisis en salud pública, desempleo y estabilidad fiscal había mayores expectativas sobre la gestión en extraordinarias; pero el resultado al final le pareció deficiente.
“A pesar de que en el discurso el Ejecutivo planteó algunas prioridades, pero estas no se acompañaron de acciones congruentes para facilitar el diálogo y trabajo fluido con las distintas fuerzas políticas; y el lento avance en la discusión de la mayoría de proyectos de la agenda de estabilidad fiscal o el fondo de avales son reflejo de ello”, puntualizó.
Hernández reconoció que la fragmentación legislativa es un reto para el avance de distintos temas en el Congreso; pero subrayó que el Gobierno debería ser más ágil después de tres años del cuatrienio en curso.
Los proyectos que buscan aumentar la recaudación del Estado como parte de la agenda con el Fondo son cinco.
La ministra Dinarte subrayó que, desde su punto de vista, tres de ellos podrían tener una ruta más fácil para alcanzar acuerdos. Mencionó el proyecto que busca establecer un impuesto a los premios de lotería mayores a medio salario base (¢231.100), la reforma al impuesto a las casas de lujo y la contribución por cuatro años de las empresas estatales.
Según dijo, los premios de lotería son ingresos muy excepcionales de un grupo reducido de personas; el impuesto a las casas de lujo se ideó para que lo pague menos del 2% de la población y la contribución por parte de las empresas estatales es un traslado de recursos entre partes del mismo Estado.
“En muchos casos tenemos espacio de voluntad para construir, aunque no pretendo decir que esto vaya a ser de la noche a la mañana”, comentó.
Los otros dos proyectos son un poco más complejos. Uno busca establecer un sistema de renta global para personas físicas, que además aumentaría el número de contribuyentes; y otro pretende estandarizar las tasas de rentas de capital en un 15%, eliminar la no sujeción de renta al salario escolar y aumentar las tasas de remesas en 5 puntos porcentuales.
Otras aprobaciones
El Gobierno ostentó ocho meses de sesiones extraordinarias consecutivos por una situación atípica. Los diputados recientemente modificaron la Constitución Política y reacomodaron los lapsos de prioridad del Ejecutivo y Legislativo en el Congreso, lo cual provocó que se unieran cinco meses de extraordinarias de la vieja distribución con otros tres meses más de la nueva.
La ministra de la Presidencia destacó que en este período se aprobaron 83 leyes, a pesar de suspensiones y retrasos por cuestiones relacionadas con contagios de COVID-19, entre otras eventualidades.
Entre esas leyes, destacó la ley de reestructuración del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el convenio de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la reforma de contratación administrativa y las iniciativas de atracción de inversionistas y de ‘nómadas digitales’, entre otras.
Estos proyectos también los destacó la presidenta legislativa Hernández.
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Asimismo, indicó que otros proyectos no lograron su aprobación en los ocho meses, pero sí avanzaron y están cerca de su aprobación, como la amnistía de deudores con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); o el andamiaje para la puesta en marcha de un Fondo Nacional de Avales y Garantías, que permitiría subsidiar el acceso al crédito de empresas afectadas por la pandemia.
Sobre estos dos proyectos dijo que, si bien todavía quedan procedimientos legislativos por delante, los acuerdos políticos están mucho más encaminados.
En el caso de la condonación, señaló que únicamente resta votar 14 mociones de reiteración y realizar consultas obligatorias. En el caso del fondo de avales, añadió que solo resta por definir qué entidad será su fiduciario.
A partir de este 1 de agosto, y por los próximos tres meses, el Congreso pasará a su período de sesiones ordinarias. Esto quiere decir que los diputados controlarán nuevamente su agenda para la discusión de iniciativas.
