EscucharA pesar de que es un procedimiento relativamente sencillo de plantear, solo dos ministros de gobierno en la historia de Costa Rica han sido reprobados por parte de la Asamblea Legislativa a través de un voto de censura.
El primero fue el reconocido abogado y excandidato presidencial, Juan Diego Castro, quien fue ministro de Seguridad del expresidente José María Figures en 1995; y la segunda es, a partir de este 17 de julio, Anna Katharina Müller, quien actualmente se desempeña como ministra de Educación en la administración de Rodrigo Chaves.
La moción en contra de Müller incluyó distintos reproches, por “acciones y omisiones” de la jerarca que, según los diputados, “afectan gravemente el futuro social y educativo de Costa Rica”.
Entre ellos, mencionaron cuestiones como su “apoyo” a los recortes presupuestarios por parte del Gobierno al sector educativo, problemas administrativos denunciados por educadores relacionados con cuestiones salariales y la no publicación del documento que ella misma denominó como “La Ruta de la Educación”: una política hasta ahora desconocida por el público general que, según dice, ha sido la que guía el trabajo de su cartera para intentar superar los rezagos profundizados en los últimos años por huelgas y la pandemia de la covid-19.
La moción en contra de Müller la aprobaron 33 diputados de 49 presentes: números apenas suficientes para superar la barrera de dos tercios de los diputados presentes que se requieren para este tipo de cuestiones. En contra votaron 16 legisladores: nueve oficialistas, la independiente María Marta Padilla y seis del partido Nueva República, de corte conservador y más cercano al Poder Ejecutivo.
Inmediatamente después de la aprobación del documento de censura, la nueva ministra de la Presidencia, Laura Fernández, aseguró a través de un vídeo difundido por el propio Ejecutivo que lo sucedido en Cuesta de Moras “es irrelevante para el Gobierno”. Además, en el mismo archivo de 30 segundos, ratificó el apoyo a la ministra Müller para que continúe en el cargo, el cual ostenta desde mayo de 2022, ajena a la tendencia de rotación en el gabinete.
Carácter simbólico y único antecedente
Las mociones de censura están establecidas como instrumento de control político en el artículo 121 de la Constitución, aunque con un carácter meramente simbólico.
En otras naciones el Congreso puede utilizar esta vía para forzar la destitución de jerarcas; sin embargo, este no es el caso de Costa Rica, en donde se emplea como una mera declaración de desconfianza parlamentaria en contra de los ministros de gobierno.
Antes de Müller, solo el exministro Juan Diego Castro había recibido una censura de este tipo por parte del Congreso, el 15 de diciembre de 1995. Castro fue ministro de Seguridad de José María Figueres Olsen y recibió el reproche de 51 de 56 diputados presentes en el Congreso ese día, ocho días después de que encabezó “un contingente de policías —algunos equipados con fusiles M-1, revólveres 9 milímetros y chalecos antibalas— que desfiló hasta las puertas de la Asamblea Legislativa”, según se lee en las crónicas del periódico La Nación de la época.
Según declaró Castro en aquel entonces, “en ningún momento” quiso faltar el respeto al Congreso y el acto solo intentó ser un desfile pacífico para expresar el deseo de reformas penales en contra del crimen.
Al igual que ocurrió ahora con la ministra Müller, el gobierno entonces dirigido por el expresidente Figueres también respaldó a Castro, aunque tanto el jerarca de Seguridad como el mandatario afirmaron “respetar” la decisión del Congreso y evitaron calificar su relevancia.
Castro finalmente presentó su renuncia por cuenta propia en 1997, a nueve meses de terminar la administración y, en una entrevista con la entonces periodista Pilar Cisneros (hoy diputada de gobierno), descartó que su decisión respondiera a diversos escándalos que enfrentó durante su gestión como la marcha policial al Congreso, el voto de censura o una compra de armamento a Israel que fue cuestionada por la prensa y por entidades como Contraloría General de la República.
Difícil aprobación
Las mociones de censura son sencillas de tramitar. Para plantearlas solo basta presentarlas a la Presidencia Legislativa, para que esta determine su admisibilidad y luego las someta a votación.
Pero también son difíciles de aprobar, porque requieren el respaldo de al menos dos terceras partes de los congresistas presentes en el plenario en el momento de la votación.
Llegar a ese número fue especialmente difícil en el pasado, pues los gobiernos de turno solían tener una presencia mayoritaria o muy amplia en la Asamblea Legislativa.
Más recientemente, la complejidad vino por otra vía. Ante la mayor dispersión de fuerzas políticas en el Congreso, ha sido poco común que todas las fracciones se pongan de acuerdo sobre la validez de los motivos que se plantean para recriminar a cada ministro.
Estos y otros factores explican por qué solo dos ministros han recibido una voto de este tipo por parte del Congreso desde el establecimiento de este mecanismo constitucional.
En el pasado reciente, por ejemplo, han fracasado por falta de votos suficientes intentos de censura en contra de jerarcas como el actual ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por supuestos actos de persecución política a través de gestiones de su cartera; o en contra del exministro de Educación, Édgar Mora, por una publicación en redes sociales relacionada con el suicidio.
Más atrás en la historia, en las crónicas sobre el voto de censura al exministro Castro, apenas se citaba el antecedentes del exministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Batalla Esquivel, en 1971; la cual se quedó lejos del apoyo requerido, en una votación de 25 votos contra 24.
En el gobierno anterior también se planteó un posible voto de censura en contra del exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, que estuvo a punto de ser aprobado. A éste se le achacó responsabilidad política por firmar un decreto que pretendía crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), a la cual se otorgaba la posibilidad de acceder a datos sensibles de la ciudadanía. Sin embargo, el jerarca dejó el cargo antes de la votación del reproche legislativo en su contra, el cual fue archivado.
“La realidad política me indica que, como consecuencia de esa moción de censura y de la investigación legislativa iniciada, no tendré la aceptación y comunicación necesarias con el Poder Legislativo”, redactó Morales en su carta de renuncia.
En medio de aquel caso hubo diputados que promovieron un voto de censura en contra del entonces mandatario Alvarado, pero un criterio legal del Congreso les recordó que los votos de desconfianza únicamente se pueden emplear en contra de los ministros del gabinete y no de personas elegidas popularmente.
