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Desde el 6 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo dictó una serie de políticas públicas de índole económico, social y tributario para mitigar el shock de la crisis sanitaria. La mayoría vio la luz conforme el SARS-COV-2 se propagaba por el país, no obstante, las medidas para otorgar estímulos a las empresas se enfriaron en la Asamblea Legislativa.
Para llegar a esta conclusión EF recopiló 35 políticas públicas e investigó si se las acciones se ejecutaron y sus efectos en los casos donde existen datos.
De ese listado el 91% se concretó. Se trata de acciones que se implementaron en el corto plazo, que no requerían de mayores trámites gracias a las poderes que la emergencia otorga al Ministerio de Salud (suspensión de eventos masivos, cierre de cultos, teletrabajo), o al alineamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en los albores de la pandemia. Tal es el caso de la aprobación de la Ley Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional (N° 9.832).
El 6% de las políticas quedaron sepultadas en Cuesta de Moras y el 3% aún está en trámite, tal es el caso del Fondo Nacional de Avales. Lo que evidencia la disonancia de criterios que meses más tarde surgió entre ambos poderes
Una posible punto de fractura se dio durante la discusión del Presupuesto Nacional para el 2021, cuando los legisladores exigieron un mayor recorte al gasto al Gobierno.
A pesar de que el estímulo económico para las empresas enfrentaron dificultades, el sector productivo recibió algún alivio mediante otras acciones. Tal es el caso de las moratorias tributarias que se implementaron a lo largo del 2020 y el 2021. (Ver tabla).
Estas fueron acciones pensadas para atenuar el impacto de la crisis, a criterio de los especialistas consultados por este medio.
Contexto
Para entender por qué no ha llegado el alivio económico a las empresas, es necesario saber qué pasó en la Asamblea Legislativa.
El 6 de agosto el Poder Ejecutivo anunció con bombos y platillos el Bono Pyme Proteger, que pretendía otorgar $15 millones para preservar el empleo en el sector turismo, uno de los más golpeados por la pandemia.
El plan pretendía proteger hasta 30.000 empleos de la industria y estaba enfocado para las micro, pequeñas y medianas empresas con declaratoria turística o con Certificado para la Sostenibilidad Turística. Los guías o transportistas inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), también podían acogerse eventualmente a este beneficio.
La estimación del Gobierno era que cerca de 5.000 empresas pudieran verse beneficiadas por seis meses. No obstante, la iniciativa que se tramitaba con el expediente 22.132 derrapó en la Asamblea Legislativa, pues los recursos se iban a tomar del crédito de apoyo presupuestario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones.
El 15 de diciembre los congresistas sepultaron ese empréstito que constaba en el expediente 22.131, pese a las constantes súplicas del Gobierno por lograr su aprobación. Este era un préstamo con condiciones muy favorables: a una tasa de interés del 2,27%, con un plazo de siete años y tres de gracia; pero ni siquiera superó la etapa de comisión.
La otra iniciativa que se encuentra trabada en Cuesta de Moras es el texto para crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías, que ingresó a la corriente legislativa el 12 de agosto de 2020 ―cinco meses después de que se reportó el primer caso por COVID-19―, y que ya va por su tercera versión.
“El fondo de avales va tarde. Si se compara con Perú que tuvo una con política muy similar de dar créditos a pequeñas y medianas empresas con el Gobierno como garante, ellos lo hicieron como en abril o marzo del año pasado. Costa Rica aún lo sigue discutiendo”, afirmó Luis Fernando Corrales, economista y candidato al máster en Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
Si el proyecto se hubiera convertido en ley, habría evitado que murieran pequeñas empresas, según Corrales.
Una de las empresas que anunció su cierre luego de 35 años de operación, fue Ríos Tropicales, que cerró sus puertas de manera permanente como consecuencia del descenso en la actividad turística del país.
En la escena internacional varios países implementaron paquetes de estímulo para reconstruir la economía. Estados Unidos ha aprobado al menos dos paquetes de estímulo, el primero por $2,2 billones durante la adminsitración Trump y otro por $1,9 billones durante el actual gobierno de Joe Biden.
Otros países dieron subsidios a los negocios cuyo funcionamiento se vio afectado por las medidas de salud con la condición de mantener la planilla intacta.
¿Qué se hizo bien?
Las analistas consultadas consideran que el Gobierno tuvo varios aciertos ante la llegada de la pandemia. Como la proactividad para tomar acciones integrales (sociales, económicas y tributarias).
“Dos medidas fueron clave: primero, en el corto plazo, las medidas para darle mayor liquidez a las empresas, tales como las moratorias de impuestos. Segundo, las medidas monetarias y financieras, que, gracias a la estabilidad y solidez del sistema financiero y al espacio del Banco Central para poder aplicar políticas expansivas, permitieron restructurar y ajustar créditos”, indicó Gloriana Ivankovich, economista y directora de la Academia de Centroamérica.
Las moratorias de impuestos fue una de las políticas con la que el sector productivo sintió alivio. En este caso los poderes Ejecutivo y Legislativo mostraron estar en la misma sintonía al impulsar y aprobar varias legislaciones.
Durante el último año el congreso aprobó la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 (N° 9.830), dos normas para ampliar la exoneración del pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA) al sector construcción y turismo, y la reforma al artículo 157 de la Ley General de Aduanas para darle más tiempo a los empresarios para desalmacenar las mercancías importadas.
“Este es un régimen que permite que las empresas que manejan inventarios y no tienen que pagar los impuestos de una vez, sino que los puede tener en depósito temporal por un año y van sacando la mercadería conforme la van necesitando en el mercado”, aseguró Mónica Segnini, presidenta ejecutiva del Consejo de la Promoción de la Competitividad (CPC) y empresaria.
Esta legislación permitió que los empresarios no pagaran impuestos al tener que dejar guardados los inventarios en inventario. Tal es el caso de los importadores de vino que tuvieron que dejar guardada la mercadería importada ante el cierre de hoteles y restaurantes, por citar un ejemplo.
Las medidas que tomó el sistema financiero y la política del Banco Central de Costa Rica (BCCR), fueron esfuerzos importantes para colocar recursos a disposición de las empresas, readecuar créditos, y hacer un mejor manejo de la política monetaria, acusó Shirley Saborío, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).
Sobre este aspecto el Central aprobó en setiembre anterior una inyección de ¢700.000 millones a la banca para dinamizar créditos. Mientras que los bancos readecuaron y refinanciaron ¢18,7 billones de la cartera total de crédito entre marzo y diciembre de 2020.
En esta crisis también habría sido deseable tener un mayor espacio fiscal para incrementar el déficit primario y otorgar más ayudas a las familias de manera directa, considera Ivankovich. El Gobierno lo intentó con el Bono Proteger pero el espacio fiscal es muy limitado
El Bono Proteger se fondeó en parte con recursos provenientes del préstamo de apoyo presupuestario con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $500 millones.
Los recursos de ese empréstito se utilizaron para el servicio de la deuda pública y para otorgar subsidios temporales.
Del total de beneficiados con el Bono Proteger el 25,61% eran trabajadores despedidos, 10,41% eran personas con suspensión de contrato, 30,93% eran trabajadores independientes, 15,48% con reducción temporal de la jornada y el 17,56% trabajadores temporales o informales.
Los datos se desprenden de un informe del Ministerio de Hacienda publicado en noviembre de 2020.
Respecto a este subsidio la Contraloría General de la República (CGR) manifestó que las posibles filtraciones de recursos que se entregaron a personas que no lo necesitaban rondarían entre los ¢11.000 millones y ¢15.000 millones. Mientras que el Poder Ejecutivo sostiene que las filtraciones son por un monto cercano a los ¢1.100 millones, según una nota publicada por el diario La Nación.
Los fallos en la entrega de los bonos evidencian que Costa Rica debe transparentar y digitalizar los procesos de decisiones públicas, según Segnini.
