El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dice que el Gobierno no buscará aumentar la recaudación tributaria como su principal objetivo en 2023, pero que propondrá reformas para reorganizar el sistema tributario costarricense que –entre otros efectos– podrían elevar los ingresos por que percibe el Estado por concepto de impuestos.
“Más que aumentar la recaudación o poner nuevos impuestos, deberíamos seguir ampliando la base sobre la que se cobran”, afirmó el jerarca en entrevista con EF. “Nosotros creemos que el nivel de recaudación es bueno, pero deberíamos hacer el esfuerzo de ir integrando cada vez más sectores a pagar impuestos”.
Acosta recordó que el Gobierno buscará plantear a la Asamblea Legislativa un proyecto para modificar la forma en que se paga el impuesto sobre la renta en Costa Rica, el cual tendría alcances mucho más ambiciosos que los del texto de renta global dual que impulsó la administración anterior.
En materia de impuestos, además, el ministro explicó a EF que el Gobierno presentará en 2023 proyectos para eliminar exoneraciones que se consideran obsoletas; así como para modificar la forma en que se tramitan las autorizaciones de endeudamiento externo, de modo que no todas las operaciones crediticias tengan que recibir autorizaciones del Congreso por separado, como ocurre hasta ahora.
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La recaudación tributaria creció un 15% hasta octubre de este año. ¿Esa subida se debe principalmente a la inflación o Hacienda la atribuye a otro factor?
— Hay varios temas. La inflación tiene un impacto desde el punto de vista recaudatorio. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) va sobre los precios de los productos y, con la inflación, hay un efecto importante en el crecimiento de la recaudación. También hay otro tema, la economía fue bastante resistente en el crecimiento que ha mantenido, al punto de que el Banco Central recalificó su proyección del PIB y está esperando un crecimiento más importante. Además, el hackeo no tuvo un impacto importante, la gente siguió pagando sus impuestos y por eso tenemos unas cifras que muestran un crecimiento de alrededor del 16% en la recaudación de impuestos. Algo como esto demuestra que la economía todavía se encuentra saludable, a pesar del aumento tan vertiginoso que hizo el Banco Central de la Tasa de Política Monetaria (TPM) para atacar la inflación.
¿Todavía hacen falta nuevos ingresos (subidas en tasas de impuestos, por ejemplo) para balancear las cuentas del Gobierno?
— Tenemos que pensar en una recaudación más justa más que en el hecho de incrementar la recaudación. Cuando hagamos esa recaudación más justa, tal vez, como resultado tengamos esa mayor recaudación. El sistema de base cedular para el pago del Impuesto sobre la Renta que tenemos hoy es arcaico, no es justo ni es equitativo. En este sentido, la propuesta del Poder Ejecutivo es buscar migrar a un sistema de renta global, en línea con lo conversado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de este sistema de renta global basado en los rendimientos de las personas y de las empresas para que pague más el que más tiene.
Nosotros creemos que el nivel de recaudación es bueno, pero deberíamos hacer el esfuerzo de ir integrando cada vez más sectores a pagar impuestos. También deberíamos permitir que sea más transparente el proceso y, como corolario, esperaríamos que hubiese más recaudación; pero no tratar de poner, en un entorno como el que tenemos hoy, proyectos de ley para aumentar la recaudación como principal objetivo. Más que aumentar la recaudación o poner nuevos impuestos, deberíamos seguir ampliando la base sobre la que se cobran.
¿Se propondrá un sistema de renta global dual como el que planteó el gobierno anterior –con rentas y ganancias de capital bajo escalas separadas de impuestos– o se incluirán todas las rentas gravables de las personas en un solo cálculo de tarifas?
— Lo primero que vamos a hacer es eliminar las cédulas. El proyecto que se presentó anteriormente seguía manteniendo las mismas bases cedulares, pero integrándolas en una sola escala. Este proyecto es diferente. Este irá a globalizar las rentas, de modo que mi declaración tenga que incorporar no solo lo que yo recibo de salario, sino las rentas que vengan de capital mobiliario, de capital inmobiliario, y sobre eso pagar.
¿Las rentas por inversiones también se incluirán?
— Las inversiones también. Ese es un tema que estamos discutiendo, de si deberían estar integradas las rentas de capital o si deberían estar por aparte en función de la propuesta. Este proyecto (de renta global) lo acabamos de terminar. Estamos en el proceso de análisis y lo vamos a consultar con el FMI, para poder llegar y tener un texto que refleje las observaciones que ellos hicieron. Lo queremos socializar con las cámaras, con las empresas, con los sectores, para que vayamos viendo cómo vamos a hacer el cobro de los impuestos. Lo importante de acá es que no van a haber más impuestos, sino cambiar el marco jurídico sobre el cual nos movemos.
Lo más complicado será definir una escala de tarifas correcta para tantas rentas que pagarían en conjunto. ¿Cómo lo analizan?
— Debemos de hacer una nueva escala, tratando de respetar las exenciones que existen hoy, en la medida de lo posible. Por exenciones me refiero al salario o al ingreso mínimo, la base exenta, y estamos en ese análisis. Buscamos la forma en la cual el proyecto genere el menor impacto sobre los grupos de más bajos ingresos.
¿Podría implicar eso una reducción del monto exento para asalariados, como se propuso en el gobierno anterior?
— Nosotros esperamos que, desde el punto de vista práctico, los grupos de más bajos ingresos no sigan pagando impuestos.
¿El proyecto estará este año o a inicios del otro?
— Nosotros esperaríamos tener concluido el proyecto en diciembre y nos interesaría socializarlo, para luego presentarlo en enero.
Hacienda redactó al FMI que se cobrará impuestos sobre “las rentas de capital obtenidas en el extranjero por residentes costarricenses”. ¿A qué se refiere ese cambio y cómo se diferencia del concepto de renta mundial?
— Como renta costarricense se define la de alguien que tenga un establecimiento permanente y que haga una gestión que le genere rentas en el país. Ahí vamos un poco a la resolución reciente de la Sala Constitucional. Si yo, como parte del ejercicio de mi actividad empresarial tengo recursos afuera, eso no significa que estoy recibiendo una renta de afuera, sino una renta pasiva que se integra en la actividad empresarial que hoy tengo. Esa es la diferencia.
Con respecto a renta mundial hay que tener claro dos cosas. Por un lado, hay una presión de los organismos internacionales, no solo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sino también de la Unión Europea, en relación con la necesidad de que las empresas paguen en alguna de las plazas en que se encuentran y que, si yo estoy exento afuera, pague internamente o si estoy pagando externamente, quede exento adentro.
Si se trata de rentas pasivas, uno no debería tener ningún problema, porque es una inversión en el exterior que hizo una actividad empresarial y que paga impuestos allá; pero cuando usted tiene una integración con la actividad empresarial interna, esa es la discusión.
¿Se vislumbra la presentación de un proyecto de ley al respecto?
— Va incluido en el proyecto de renta global.
El Gobierno también dijo al FMI que se ampliará la base impositiva de renta “incluyendo los dividendos distribuidos por las empresas en las zonas francas”. ¿Cómo describe esa propuesta?
— Cuando discutamos renta global van a ir incorporado esos temas. Hay dos cosas importantes acá: las observaciones que nos hace el FMI en las propuestas y la construcción del proceso, pero la vida es de realidades. Tendremos que hacer una valoración no solamente técnica sino también política, y ahí es en donde empezaremos con el primer tamiz. Luego irá a la Asamblea Legislativa lo que nosotros consideremos que es viable y que cumple los acuerdos con el FMI.
Interpreto que plantearán la idea, verán si hay anuencia política y, si no la hay, no se incluirá en el texto final.
— Exactamente.
El Gobierno dice al Fondo que impulsará un plan de feebates, con cargas para vehículos contaminantes que sirvan para promover vehículos más limpios.
— Estamos de acuerdo con eso. Nosotros vamos a plantearlo.
Estamos evaluando cuál es el momento adecuado, sobre todo porque lo que le hemos planteado al FMI es que ese proceso empiece a partir de otro momento. Yo no podría decirle hoy a un país que tiene un parque automotor con una edad promedio de 16 años que empiece en este proceso, porque entonces tendría a muchísimos que pagan mucho (porque contaminan) y poquitos que no van a pagar (porque son vehículos nuevos con menos emisiones). La idea no es crear este mecanismo con un efecto recaudatorio, sino con un efecto disuasorio y que sea neutro en el impacto sobre la recaudación.
El Gobierno mencionó que promoverá la eliminación de exoneraciones. Mencionó las del IVA a tiquetes aéreos y sobre el alquiler de automóviles. ¿Ese proyecto cómo vendrá y cuándo?
— En este primer trimestre de 2023 vamos a mandar el primer proyecto de ley para eliminar exoneraciones. Recordemos que la ley nos obligó a hacer un estudio y ese estudio es el que va a ir definiendo una relación costo beneficio. Se debe hacer un análisis político sobre la viabilidad en la Asamblea y enviar el proyecto en el primer trimestre del año.
Hacienda recibió la autorización para emitir $5.000 millones en eurobonos: un permiso récord con dos autorizaciones de hasta $1.500 millones para cada semestre del próximo año. ¿Cuál es la estrategia del Ministerio para implementarlos?
— Tenemos un problema de fondo con el proyecto y es que se aprobó tarde. La idea era tener $1.500 millones para hacerle frente al vencimiento de $1.000 millones de enero y $1.500 millones en el siguiente año para hacer caja en los siguientes períodos; pero resultó así. Ahora tenemos dos autorizaciones para 2023 y estamos ya en el proceso de contratación de los abogados, de los asesores. Ya empezamos el proceso y esperamos estar listos para febrero, con el banco colocador, y esperar una ventana de oportunidad.
Uno de los problemas que tenemos hoy es que, dado que nos atrasamos tanto, ya los mercados están cerrados este año. Enero es un mes muy difícil, porque van casi todos los emisores importantes; no solo los países sino también las empresas. Nosotros vamos a prepararnos para estar listos en febrero, y ya en marzo pensar en el momento adecuado.
Entre tanto, estamos generando opciones de inversión de corto plazo para tener los recursos, hacerle frente a la deuda y repagar luego esas deudas de corto plazo con los nuevos títulos. Eso va a tener un costo, pero es el costo que hay que pagar por una democracia que define cosas en los lugares en que no debería estar.
Se refiere a la discusión de créditos internacionales en el Congreso.
Vamos a enviar un proyecto de reforma constitucional en mayo del próximo año para que la discusión de la emisión de títulos, tanto en el mercado local como en el internacional, se dé en la discusión del Presupuesto Nacional y no en un proyecto aparte que atente contra la oportunidad.
Hoy tengo aprobado un Presupuesto Nacional que se financia en un 41% con deuda y nadie discutió en él cómo lo voy a financiar, si es en colones o en dólares, en el corto o en el largo plazo. Nadie. Y esa discusión debería de darse.
Aquí todo el mundo discute si le voy a pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), si le voy a dar plata al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), si habrá plata para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); pero nadie me pregunta cómo financiaré ese dineo. Esa reforma constitucional es importante, es oportuna y va a dar una flexibilidad importante al Gobierno, que no la tiene hoy. Esta discusión de si eran $6.000 millones (en eurobonos), $5.000 millones o cualquier otro monto, fue completamente política y no técnica.
Ustedes plantearían la reforma en términos de techos de endeudamiento en lugar de que se discuta cada emisión internacional.
— La idea es que el Presupuesto lleve esos techos y que sean los diputados los que vayan haciendo el análisis. Así como se hace hoy el análisis de todos los gastos incorporados, que se haga el de todos los ingresos establecidos.
¿Cómo piensa Hacienda enfrentar el vencimiento de $1.000 millones en enero?, ¿lo buscarán en el mercado local?
— No tengo otra opción. Tengo que hacerlo en el mercado local y eso es lo pernicioso del mecanismo que tenemos hoy (para aprobar endeudamiento). Tengo que ir a decirle a los empresarios que voy a recoger de la economía $400 millones y este es un tema interesante, porque además tengo que buscar la plata del salario escolar y de los vencimientos que siguen.
¿Tiene Hacienda el dinero para enfrentar los pagos de diciembre y de enero?
— Y febrero está brutal, porque hay muchos vencimientos de deudas internas.
¿Cómo está la situación para ello?
— Necesitamos subastas importantes y creemos que cada vez es menos la liquidez que existe en el mercado, sobre todo por las acciones de política monetaria del Banco Central, que buscan controlar la inflación. Eso ha hecho que muchos de los recursos estén parqueados, que no estén en la economía, y se nos hace cada vez más difícil ir a buscarlos. Por eso la discusión del proyecto de ley de apertura del mercado de deuda interna es importante, porque nos da la posibilidad de hacer una emisión de deuda local con un enfoque de mercados internacionales, como hacen otros países.
Me parece que tenemos un empujón, un voto de confianza generado por la posibilidad de ir al mercado internacional, para asegurar que no haya tanta presión sobre las tasas; pero esto no significa que no haya presión por el volumen.
Ahora que están los eurobonos, el financiamiento adicional del FMI (por aprobarse) y demás mecanismos de endeudamiento externo, ¿Hacienda espera una estabilización de sus tasas de interés al encontrarse una mayor competencia en el mercado de deuda?
— Me di a la tarea de hacer un análisis del impacto sobre la tasa de interés a la cual se enfrenta el Gobierno Central cuando sale a captar al mercado internacional. En términos generales, el impacto es de más o menos 400 puntos base (4 puntos porcentuales); pero en el caso particular de la Tasa Básica Pasiva es más o menos de 200 y 300 puntos base (2 y 3 p.p.), y eso es importante porque ese impacto ya no va directamente para el Ministerio de Hacienda, sino para todos los costarricenses.
Nosotros esperaríamos que a la vuelta de un año, a partir del segundo semestre de 2023, la gente empiece a ver un efecto importante sobre el tema de tasas y que, dado el control de la inflación que se ha dado, se modere el crecimiento.
También es necesario entender que dependemos muchísimo del mercado internacional y creemos que ya debería estarse moderando el aumento de tasas en los Estados Unidos.
Con los eurobonos se criticó a Hacienda por decir que busca “cambiar deuda cara por deuda barata”, existiendo un ambiente de tasas altas a nivel internacional, ¿es engañoso decir que se cambia deuda cara por deuda barata?
— En el último canje una entidad llegó y ofreció hacer un canje a 10 años plazo al 10,45%, pero los bancos nos han estado diciendo que un bono de Costa Rica podría salir al mercado internacional al 7,25%. Entonces sí, es deuda cara por deuda barata, hay un cambio. Yo le puedo asegurar que estamos por encima del 9,5% o 9,75% en tasas a 10 años plazo, y el impacto de 200 puntos base o más en ahorros de intereses es alto.
¿Existe riesgo de apreciar de más el colón con el ingreso de dineros por créditos con entidades multilaterales y eurobonos?
— Sin eurobonos ya se está apreciando. Aquí hay que entender que el tipo de cambio es un resultado de las diferencias de tasas de interés. Si las tasas de interés están altas, la gente no se dolariza, como vemos ahora; si las tasas de interés estuvieran muy bajas, la gente prefiere ahorrar en dólares y demanda dólares. Nosotros también venimos a cambiar deuda que ya está en dólares. Esos dólares ya los gasté y los traigo otra vez. Si no, yo tendría que ir a comprar dólares al Banco Central o tratar de captar nuevamente dólares, entonces el efecto realmente no es importante.
Hacienda priorizó el trámite en la Asamblea Legislativa de eurobonos y del plan para abrir el mercado de deuda interna a extranjeros en los últimos meses. ¿Qué prioridades siguen?
— Hay tres. Debemos definir claramente cómo va el proyecto de Hacienda Digital, tenemos que darle independencia y definir una estructura para eso; el segundo es el tema del control del gasto, en el cual la regla fiscal ha sido un ancla fuerte. El tercer tema es ir dando una capacidad de respuesta a la gente en términos de gasto. Nuestra estrategia hoy, después de tener las herramientas, es tratar de reducir la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB) por debajo del 60% lo más pronto posible. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que existe una demanda de recursos para acometer temas importantes como educación, salud e infraestructura, que están completamente condenados por este nivel de deuda que tenemos hoy.
Por eso me parece importante que podamos convencer a la gente de la necesidad de que vendamos el Banco de Costa Rica (BCR), de que abramos el capital del Instituto Nacional de Seguros (INS), de que vayamos entendiendo cuál es el proceso de reforma que se necesita para poder darle una mejor estructura del Estado. El Gobierno ha sido claro en que quiere retomar las definiciones políticas.