EscucharLos trece mandamientos del Consejo de Transporte Público (CTP) prometen una institución responsable de coordinar políticas, planificar con instituciones, fijar paradas, otorgar permisos, concesiones y planes para optimizar el transporte público del país.
En general, también podrían resumirse en uno solo: diseñar y optimizar los sistemas de transporte público de Costa Rica. Una “labor transformativa” que, sin embargo, está lejos de cumplirse.
“El CTP, básicamente, se ha limitado a a administrar concesiones de taxis, seetaxis y buses. Nada más”, resume Mauricio González, viceministro de Reformas y Proyectos .
La institución –tanto por su estructura, sus alcances legales o su presupuesto– recibe críticas que explican las dos propuestas de transformación que se discuten actualmente en el Congreso. Los argumentos para hacerlo, son más que diversos.
“Antes todo el poder residía en las decisiones del Ministro. Todas las concesiones que en el pasado se dieron fueron prácticamente por amiguismo político... Nosotros pretendimos cambiar eso”, recuerda Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes en la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002).
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Méndez resalta una de las principales motivaciones que fundamentaron el actual CTP, creado en el 2000 como entidad de máxima desconcentración y que pretendía eliminar posibles espacios de favorecimiento de empresarios.
La nueva organización se integró con representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y las municipalidades, pero también de taxistas, autobuseros y usuarios que podían tomar decisiones sobre lo que les concernía.
“Algo que, por lo menos, pone en juego la legitimidad del Consejo”, destaca Montserrat Solano, defensora de los Habitantes, sobre una de las principales críticas al Consejo.
Vida y obra
La dinámica de “juez y parte” no es el único reproche en los 16 años de historia de la organización. La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, recopila críticas en sus informes hace casi una década.
Para el periodo 2009-2010 señalaron que las concesiones se habían renovado con información meramente documental y mínimos estudios de campo y que la calidad de los servicios nunca había sido evaluada.
Un año después criticaron que “su tiempo de respuesta para cualquier gestión es irrazonablemente extenso”. Para el periodo 2011-2012 destacaron la presencia de empresarios en la Junta Directiva como la causa estructural en los problemas de fiscalización del transporte público. Un año después denunciaron la “inexistente voluntad para encarar y resolver las deficiencias”. Hoy en día, las críticas son similares.
“Hay ineficiencia en la atención de los usuarios: particularmente con las demandas de los adultos mayores (...) Las críticas han sido desde el inicio. En todos los informes anuales de la Defensoría se ha planteado este tema: venía desde antes del CTP y continúa”, señala Solano.
El análisis más reciente de la Contraloría General de la República (CGR) advirtió en el 2014 que existía una desvinculación entre la ejecución presupuestaria y la planificación institucional que reflejaba que las metas solo lograban alcanzarse en un 50%, pero que el presupuesto se ejecutaba en un 95,9%.
Para el actual director ejecutivo del CTP, Mario Zárate, las principales falencias están relacionadas con la falta de recurso humano, además de una legislación antigua y “desfasada”. Aún así, destaca una mejora reciente en la organización.
Zárate subraya que su institución se encuentra en la casilla 93 de las 154 instituciones auditadas por la CGR en su Índice de Gestión Institucional, generado para el 2015.
“Comparativamente, hablando superamos los porcentajes históricos que no llegaban siquiera a 50 puntos”.
También dice que existe una coordinación constante con el MOPT y descarta señalar que los intereses gremiales hayan afectado la toma de decisiones.
“Si usted revisa las actas de las sesiones de Junta, todas las votaciones que tienen que ver con política pública en el transporte son por unanimidad”, argumenta.
Sin embargo, el director destaca carencias presupuestarias que limitan el accionar del Consejo.
“En el área técnica se cuenta con cuatro ingenieros y cuatro recolectores de datos para atender a todo el país. En el área de inspección y control se cuenta con un ingeniero y seis inspectores de campo, para atender denuncias y fiscalizar la calidad del servicio de los concesionarios ”, explica.
Aún así, Zárate muestra su apoyo a los dos proyectos que plantean transformar la organización que dirige.
Se trata del texto 19.900 planteado por el Ejecutivo que promueve la transformación del MOPT, el Conavi y el CTP, una promesa presidencial. También destaca el 19.252, planteado por la fracción socialcristiana.
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En síntesis, ambos plantean eliminar la participación de autobuseros, taxistas y usuarios y designar a un director general de Transporte Público con responsabilidad política sobre las decisiones en la materia.
Se trata de devolver al CTP al mismo sitio donde pertenecía antes del 2000, aunque con mayores regulaciones.
Mientras tanto, las posibles mejoras a la coordinación y planificación del transporte público siguen varadas en la Asamblea Legislativa.
Antes del CTP...
La ley 7969 de enero de 2000, eliminó la Comisión Técnica de Transportes e integró la Dirección de Transporte Público al actual CTP.
La Comisión Técnica de Transportes (ley 3503 de mayo de 1965) e integrada por funcionarios del MOPT se encargaba de la administración de concesiones de taxis o autobuses.
En mayo de 1979, por la ley 6324, se creó la Dirección de Transporte Automotor (luego llamada Dirección de Transporte Público) encargada de regular el transporte terrestre automotor. El Director era designado por el Poder Ejecutivo.
La ley 7331 de abril de 1993 cambió de nombre a la Dirección de Transporte Automotor por Dirección de Transporte Público, pero delegó el otorgamiento de licencias a otra entidad.
Fuente Revisión en SCIJ.
