EscucharAparejado con otras actividades criminales que generan ganancias, como el narcotráfico o las estafas, el lavado de dinero es una problemática que se manifiesta y que se desarrolla de múltiples formas en Costa Rica. El delito, además, se trata de una actividad difícil de perseguir, pues se tiene que llevar un seguimiento muy estricto del dinero y de sus orígenes.
Los mecanismos utilizados para lavar dinero en Costa Rica son muchos, y van desde los más novedosos hasta los más rudimentarios.
Las autoridades mencionan el modelo tradicional de mezclar dinero sucio con actividades legales, pero también muchos otros, como la compra de billetes de lotería premiados, el uso de criptoactivos que no están regulados o la adquisición de ganado. La creatividad no escasea.
Por tratarse de operaciones opacas, no existen registros financieros fiables del dinero que se mueve en ese sector ilegal de la economía costarricense. Apenas se conocen datos como los ¢220.000 millones de operaciones sospechosas reportadas por intermediarios financieros y otros obligados como remesadoras, agencias de seguros y puestos de bolsa entre enero y octubre de 2024; aunque la inmensa mayoría de esas transacciones finalmente son justificadas por las personas que las reciben o las realizan, o terminan llegando al Ministerio Público, pero sin ser prueba suficiente para avanzar en mayores procesos legales.
¿Cómo se lava dinero en Costa Rica y por qué es tan difícil para las autoridades acreditarlo?, EF le explica.
¿Cómo se lava dinero en Costa Rica?
Existen múltiples formatos por medio de los cuales se lava dinero en Costa Rica. Sin embargo, al hablar con las autoridades, hay algunos que se mencionan con mayor frecuencia que otros. Estos son los más comunes:
Mezcla de negocios
El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, explicó en una reciente entrevista con EF que uno de los principales métodos utilizados por los grupos delictivos para lavar dinero en Costa Rica es mezclar el dinero “sucio” con negocios lícitos.
Podría decirse que los grupos criminales “diversifican su portafolio de inversiones”, comentó.
En ese sentido, el jerarca de la policía judicial recordó que en los últimos grandes casos que ha tramitado el Ministerio Público se han visto inversiones que van desde centros comerciales hasta otros tipos de desarrollos inmobiliarios o negocios agroindustriales.
Según dijo, muchas de las personas que lavan dinero buscan hacerse una imagen de empresarios formales. “El narcotráfico es algo muy visual, entonces tratan de hacerse pasar por algún tipo de empresario que quisiera invertir a nivel nacional”, explicó.
Fernando Ramírez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó que esta dinámica es especialmente común porque dificulta a las autoridades establecer los límites del dinero legal y esto, a su vez, hace que sea más difícil demostrar el delito en los estrados judiciales. En otras palabras, se hace más complejo distinguir cuánto dinero surge de la actividad delictiva y cuánto del negocio formal.
“Por ejemplo, vemos el caso de Pancho Villa”, comentó. “Recientemente el tribunal de la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada decidió absolver por el delito de legitimación de capitales porque, al menos según mencionaron en la explicación del por tanto, los jueces señalaban que el informe que realizó el OIJ y sus peritos no era claro en cuanto a la separación de cuáles dineros provenían de una actividad y cuáles de la otra”, ejemplificó.
Según explicó en una reciente publicación el medio digital CRHoy, Darwin González —conocido como “Pancho Villa”— fue detenido desde hace cinco años y recientemente fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico, pero recibiría unos ¢12.000 millones que le fueron incautados, pues los jueces determinaron que no había prueba fehaciente de que el dinero proviniera de negocios fraudulentos distintos al cultivo de palma. “Todo el dinero de don Darwin, todas las propiedades y todos los vehículos de don Darwin, van a tener que ser devueltas; igual que las reses decomisadas, todo lo que se dañó, todo lo que se lastimó o se vendió en subastas”, declaró Celso Gamboa, abogado defensor.
Mercados de efectivo
A pesar de que hay controles en las entidades financieras y en otras empresas como los puestos de bolsa, las remesadoras o las agencias de seguros, otro formato que se utiliza habitualmente para lavar dinero en Costa Rica es la búsqueda de mercados menos regulados —y que usualmente aceptan el uso de efectivo— para realizar compras con el dinero sucio e insertarlo al mercado formal.
Dos ejemplos de ello son la compra de vehículos y de cabezas de ganado. Solo en el caso del ganado, explicó el director del ICD, en el último año se decomisaron alrededor de 1.400 cabezas por blanqueo de capitales.
Actualmente no existen mayores controles en relación con la proveniencia del dinero que se utiliza para efectuar esas transacciones; y se trata de bienes que pueden ser utilizados para obtener nuevas ganancias de forma aparentemente legal o para su eventual reventa.
Justo por ese motivo, actualmente se impulsa un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para obligar a los encargados de ambos sectores a reportar operaciones sospechosas, igual que hacen los bancos y demás instituciones reguladas, cuando las transacciones superen los $10.000 (unos ¢5,05 millones).
Lotería
La compra de bienes como reses y carros en efectivo no son los únicos modelos para cambiar dinero sucio por dinero limpio.
Otro mecanismo que han detectado las autoridades es la compra, a veces por la fuerza, de billetes de lotería premiados.
Este es un medio que mencionan tanto Zúñiga como Ramírez, quien aseguró que también se trabaja en coordinación con la Junta de Protección Social (JPS) para implementar mejores controles.
“Hoy se dan cuenta de que usted ganó un premio de ¢250 millones y acuden por las dos vías; por las buenas, dándole el mismo monto en efectivo, o por la vía violenta, con amenazas", explicó Ramírez.
Criptoactivos
Además de los medios antes mencionados, existen nuevas vertientes como el uso de criptoactivos.
Ante la ausencia de mayores regulaciones en ese campo, las criptomonedas se han convertido en activos susceptibles de ser utilizados para financiar y disfrazar actividades ilegales. Es una tendencia dentro y fuera del país, según las autoridades.
El ICD considera que generar regulaciones en estos campos será esencial en los próximos años; más aún, ante evaluaciones próximas que enfrentará Costa Rica por parte de entidades como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
¿Por qué es difícil de acreditar?
El director del ICD, Fernando Ramírez, señaló que las investigaciones sobre lavado de dinero siguen siendo complejas, pues requieren de un alto grado de detalle sobre el origen de los activos cuestionados y de su uso. Sin embargo, considera que se han aplicado cambios recientes y que vienen otros en marcha, con el fin de hacer más efectiva la persecución del delito.
En ese sentido, destacó varias reformas aprobadas en 2023 por medio de la Ley 10.373, que se elaboró para atender varios señalamientos de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
“Con esa reforma no se requiere el dolo directo o el conocimiento directo de que ese dinero que a usted le dan para invertir, para comprar o para guardar proviene de una actividad delictiva; la mera sospecha que usted tenga lo puede convertir en una persona imputada en un proceso legal por legitimación de capitales”, explicó.
Ramírez también aseguró que los controles en el sistema financiero formal y otras entidades ya son estrictos, aunque se pueden fortalecer para evitar malas prácticas, como las de aquellas entidades financieras que no solicitan la información suficiente de sus clientes para definir sus rangos de ingresos usuales. Esa es información crucial para detectar eventuales operaciones sospechosas, pero que muchas veces no es contrastada por las instituciones a la hora de abrir cuentas.
EF consultó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) si considera que actualmente se realiza una regulación adecuada en la materia. Al respecto, la entidad aseguró que “toda normativa considera actualizaciones en función al entorno”; aunque la actual ya define “los documentos apropiados para la demostración del origen de los fondos”.
Asimismo, Ramírez subrayó que es importante ir cerrando los agujeros legales como los antes mencionados, pues los grupos criminales siempre buscan nuevos portillos. “Esto es como el gato y el ratón. Tratamos nosotros de andar persiguiendo, analizando y viendo cuáles son los mejores mecanismos; pero se buscan otros nichos”, subrayó.
Más allá de eso, el director opinó solo queda afinar y reforzar las técnicas de investigación de las autoridades de todas las instituciones involucradas, de modo que no ocurran problemas a la hora de ejecutar las normas.
Entre 2020 y octubre de 2024, el ICD registró decomisos por ¢64.800 millones, $48 millones y cifras marginales en otras divisas. Además, se contabilizaron comisos por ¢614.900 millones y $10,6 millones.
Los decomisos son dineros incautados policialmente para la custodia temporal de las autoridades, mientras que los comisos se refieren a los montos retenidos luego de condenas judiciales en firme.
Estos dineros incluyen montos sospechosos por lavado de dinero, de capitales emergentes y de dineros no declarados en aduanas.
A nivel mundial, la ONU estima que el tamaño del lavado de dinero asciende al 2,7% del PIB global.
