EscucharEn un contexto mundial cada vez más complejo, la inversión en infraestructura logística es determinante para que Costa Rica aumente su capacidad de competir en los mercados internacionales, impulsar el comercio exterior y atraer la inversión extranjera, que son los principales motores de crecimiento del país.
Como el talón de Aquiles que debilita sus fortalezas, la baja calidad de la infraestructura de transporte afecta negativamente el desempeño logístico del país, aumenta los costos de exportación e importación y obstaculiza una integración más profunda en las cadenas globales de valor, como lo ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Costa Rica sufre de cuellos de botella en la infraestructura de casi todas las áreas de transporte. La red vial es de baja calidad, la infraestructura portuaria de la costa del Pacífico no tiene suficiente capacidad, el sistema ferroviario está subdesarrollado y las conexiones intermodales son débiles”, describe el informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025.
Este advierte que la calidad de las carreteras nacionales está muy por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, y la brecha es aún mayor en cuanto a la conectividad del transporte marítimo, lo cual es grave porque alrededor del 60% de las exportaciones de mercancías pasa por los puertos.
Como lo apunta el informe, la baja calidad de la infraestructura de transporte se atribuye a la baja inversión y a una deficiente planificación.
“En los próximos 30 años deberíamos de tener una gestión mucho más proactiva y estratégica, porque en las últimas décadas se han ido haciendo obras a pedacitos y sin continuidad. Necesitamos una planificación adecuada y una visión de largo plazo, priorizando proyectos de país y no de gobiernos o grupos específicos”, afirmó el ingeniero Olman Vargas, expresidente del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y actual directivo de la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería.
Inversiones prioritarias
El Plan Nacional de Transportes 2011-2035 establece que se requeriría una inversión media anual del 3,66% del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura de transportes para mejorar los niveles de competitividad. Sin embargo, “difícilmente llegamos al 1% del PIB, o sea, estamos muy lejos de invertir lo mínimo necesario para que el país pueda llevar su infraestructura al nivel requerido”, apuntó Vargas.
En su opinión, la inversión en infraestructura vial debería dar prioridad a dos ejes principales: el que une las fronteras, desde Peñas Blancas hasta Paso Canoas, y el que une los puertos, desde Caldera hasta Moín.
“Es prioritario ampliar estos ejes a cuatro o seis carriles, en los tramos donde sea posible. Por estos ejes transitan todos los productos que el país exporta e importa, pero también son las rutas para viajar hacia las principales zonas turísticas, de modo que son esenciales para la economía del país”, sostuvo Vargas.
De manera particular, señaló la urgencia de avanzar con la ampliación de las rutas Barranca - Limonal y San José - San Ramón, así como de las rutas 27 y 32. Asimismo, destacó que el país necesita concretar la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para atender una creciente cantidad de vuelos.
Según el informe de la OCDE, Costa Rica tiene un mejor desempeño en eficiencia de los servicios aeroportuarios, por encima de sus pares regionales. Sin embargo, se espera que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría alcance su capacidad máxima en este 2025.
Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), advirtió que los puertos del país también enfrentan diversos retos que deben resolverse para promover la eficiencia logística del sector exportador.
“Puerto Caldera carece de un rompeolas robusto, lo cual provoca interrupciones frecuentes en la operación portuaria durante eventos de marejada, afectando negativamente los tiempos de las cadenas de suministro. A esto se suma la limitación de contar con una única vía de acceso y salida, lo cual genera congestión y cuellos de botella logísticos con frecuencia”, expresó Pérez.
Otro desafío importante es el mantenimiento de las carreteras, que requiere una inversión constante: un 25% de la Red Vial Nacional Pavimentada muestra una gran fragilidad debido a prácticas inadecuadas de gestión, según el Informe de Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica 2020-2021, publicado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica.
Las rutas que muestran mayor fragilidad se encuentran en la Gran Área Metropolitana (GAM), donde también se concentra la mayor densidad de vías y la mayoría de la flota vehicular.
“Esta concentración de rutas frágiles en la GAM constituye un enorme riesgo potencial para la competitividad del país, podría afectar negativamente la movilidad de los ciudadanos, aumentar los costos de operación vehicular, disminuir las velocidades de operación, aumentar los tiempos de viaje y la contaminación ambiental, constituyéndose en enormes costos indirectos producto de la falta de mantenimiento”, advierte el informe.
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Infraestructura resiliente
Frente a los desafíos del cambio climático, el desarrollo de infraestructura resiliente es una forma de proteger la inversión, tanto pública como privada.
Desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las intervenciones prioritarias deben apuntar a aumentar la calidad y resiliencia de la infraestructura física, así como a favorecer la integración de la economía nacional con las cadenas globales de valor.
“Por ejemplo, proyectos como el de la ruta nacional 35, o ruta San Carlos, que tiene el fin de fortalecer las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país e impulsar la competitividad de los sectores productivos de la región Huetar Norte, beneficiando particularmente a los sectores agrícola y turístico, incluyendo a un 75% de los productos de la cadena de valor de insumos agrícolas en la zona”, mencionó Francisco Javier Urra, representante del BID en Costa Rica.
Dos de los pilares de la estrategia del BID en Costa Rica para el periodo 2024-2027 son el desarrollo de infraestructura resiliente y el apoyo a la creación de un entorno habilitante para que el sector privado pueda contribuir más al crecimiento nacional.
En este sentido, tanto el BID como la OCDE han señalado la importancia de que el país cuente con un marco legal e institucional sólido para poder impulsar la inversión del sector privado en infraestructura, mediante asociaciones público-privadas (APP).
En la actualidad, se encuentra en la corriente legislativa el proyecto de Ley Marco de las Asociaciones Público Privadas, el cual pretende establecer el marco regulatorio para el desarrollo de proyectos mediante contratos de APP.
“Existen diversas figuras de alianzas público-privadas que han sido muy exitosas en otros países de América Latina, donde se han logrado financiar proyectos que no se hubieran podido hacer solo con recursos públicos o sin depender de préstamos internacionales. En Costa Rica necesitamos una legislación que facilite y regule esas alianzas, estableciendo las condiciones para que funcionen bien”, explicó Olman Vargas.
Dadas las limitaciones existentes hoy para la inversión pública, las APP parecen convertirse en una opción viable para que Costa Rica construya la infraestructura que necesita en los próximos 30 años.
