EscucharEl Ministerio de Hacienda confirmó este 14 de febrero una noticia que calificó como “un hito fiscal”. Por primera vez en cinco años, el Gobierno Central contabilizó una razón de endeudamiento público por debajo del 60% del PIB: la barrera que se superó sorpresivamente desde 2020, cuando la pandemia ensanchó el desajuste entre ingresos y gastos.
La calificación de “hito fiscal” no es exagerada. A fin de cuentas, la reducción llegó después de la aprobación de una compleja reforma fiscal en 2018, de medidas atípicas para restringir el crecimiento del gasto público y de la conclusión satisfactoria de un programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que duró más de tres años.
Sin embargo, la caída también respondió al comportamiento del tipo de cambio; pues el precio del dólar bajó más de un 20% desde diciembre de 2021 y ello benefició el cálculo de la deuda en dólares, a la hora de expresarla en colones.
Más allá de representar solo un número, la caída del endeudamiento del Gobierno Central por debajo del 60% del PIB tiene implicaciones en materia de inversión.
La legislación establece desde finales de la década pasada varias restricciones especiales en materia de gasto, las cuales se activan cuando el cálculo de endeudamiento supera esa barrera. Una vez debajo de ella, la elaboración del Presupuesto Nacional de 2026 se visualiza con mayores libertades.
¿Qué pasó para que cayera la relación deuda/PIB?
El endeudamiento público como porcentaje del PIB se ha reducido consistentemente desde 2021, cuando alcanzó un 67,6% de la producción.
La caída del porcentaje respondió, principalmente, a medidas que se aprobaron en el gobierno de Carlos Alvarado; y a las cuales se dio seguimiento durante la actual administración del presidente Rodrigo Chaves.
Por un lado, la reforma fiscal aprobada en 2018 elevó la capacidad recaudatoria del Ministerio de Hacienda, al establecer nuevos tributos y reformar los existentes; al mismo tiempo que instauró la regla fiscal, un mecanismo que limita el crecimiento del gasto público con base en los niveles de endeudamiento y de crecimiento económico.
Estas restricciones —y la dureza con la que han sido aplicadas— han sido criticadas debido a su impacto sobre los presupuestos de sectores y servicios críticos como educación, salud, infraestructura y seguridad ciudadana, que han sido algunos de los más afectados en los últimos años.
Estas medidas le permitieron al Gobierno Central mejorar la relación entre sus gastos y sus ingresos, sin contar el pago de intereses. Esa relación fue negativa hasta 2021; sin embargo, la resta ha dado un resultado positivo en los últimos tres años. Esto, a su vez, ha reducido las necesidades de endeudamiento.
Este proceso, además, fue vigilado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La administración anterior suscribió un acuerdo de financiamiento por $1.750 millones con esa entidad internacional, el cual estuvo ligado al cumplimiento de estrictas metas fiscales en los últimos cuatro años.
Este acuerdo inicialmente planteaba la necesidad de aplicar nuevas medidas para incrementar los ingresos del Estado, por medio de ajustes en materia de impuestos; sin embargo, finalmente no se implementaron mayores reformas en ese sentido. Esto implicó una mayor dependencia de los recortes de inversión pública y de los frenos de la regla fiscal para cumplir con las expectativas.
Las buenas revisiones del Fondo también implicaron mejorías en las calificaciones de crédito y, con ellas, un menor castigo de las tasas de interés del que se había enfrentado en años recientes.
Aunado al aumento de los ingresos y a las medidas de restricción de gasto, el Gobierno Central también se vio altamente beneficiado por el comportamiento del tipo de cambio a la baja. El precio del dólar cayó un 21% desde diciembre de 2021, y esto provocó que el endeudamiento en dólares se redujera en esa misma proporción a la hora de expresarla en colones. Esta conversión es necesaria para calcular el tamaño de la deuda como porcentaje de la producción, pues este último número se define en moneda local.
¿La deuda de Costa Rica hoy es realmente menos?
Un descenso de la deuda como porcentaje del PIB no implica precisamente que el monto nominal del endeudamiento haya disminuido. Esto ocurre porque el PIB usualmente crece y, entonces, la deuda también puede crecer, aunque a un ritmo menor.
De hecho, esto es lo que ocurre actualmente con la deuda del Gobierno de Costa Rica.
Aún a pesar de la caída del tipo de cambio, la deuda del Gobierno Central expresada en colones ha aumentado un 7,6% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024, según los registros públicos del Ministerio Hacienda.
Consultado sobre esta situación, en una reciente entrevista con EF, Nogui Acosta señaló que el crecimiento de la deuda es un asunto normal y reprochó las críticas relacionadas con ese comportamiento.
El ministro de Hacienda recordó que el país aún requiere de altos niveles de endeudamiento para pagar parte de su Presupuesto Nacional, incluidos nuevos gastos y pagos de intereses; pero subrayó que eso no es lo más importante.
“Lo que es importante es que vayamos teniendo un superávit primario que nos permita llegar y decir ‘podemos obtener todo el gasto, pagamos los intereses y empezamos a endeudarnos menos’“, aseguró.
Según sus proyecciones, el acumulado nominal de la deuda debería dejar de crecer en 2028 o 2029, siempre y cuando no haya un gran aumento del gasto público en los próximos años que impida esa meta.
¿Cómo se relaciona el 60% del PIB con el gasto público?
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) agregó múltiples restricciones al gasto público; entre ellas, un paquete exclusivo de amarras para aquellos momentos en los que el endeudamiento del Gobierno Central fuera más alto del 60% del PIB.
En este escenario, que ha sido el aplicado durante los últimos tres años, la ley prohibió que el gasto total del Gobierno Central sobrepase el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal en los últimos cinco años.
También prohibió al gobierno realizar ajustes extraordinarios a las pensiones; ajustes ordinarios o extraordinarios a los salarios de los trabajadores públicos; o suscribir créditos más allá de los destinados a paliar la deuda pública o a financiar gastos de capital.
Todas estas condiciones se han aplicado desde el Presupuesto Nacional de 2022, pero quedarían atrás a partir de 2026. Debido a la reducción del endeudamiento como porcentaje del PIB, apenas se aplicaría un límite menor al crecimiento del gasto público (y solo en gastos corrientes, no de capital).
La liberación de las amarras sería hasta 2026 porque ya hay un presupuesto vigente y la elaboración del plan de gastos del próximo año es la que se realizará este 2025, con base en el registro más reciente de endeudamiento (el 59,8% del PIB de 2024).
Y entonces, ¿Costa Rica ya superó sus problemas financieros?
La caída del endeudamiento como porcentaje del PIB es una buena señal sobre la recuperación de las finanzas públicas, pero ni siquiera las autoridades de Hacienda consideran que se trate de una solución definitiva.
Así lo advirtió el ministro Acosta, este 14 de febrero, cuando señaló que existen riesgos propios de la economía internacional, como eventuales ”incrementos de precios que presionen al alza las tasas de interés, el tipo de cambio o una desaceleración del crecimiento de la economía que conlleve a una menor recaudación de impuestos”. Esta situación es probable, si se toma en cuenta que el presidente estadounidense Donald Trump ha desatado una guerra arancelaria a nivel internacional en los últimos meses.
También señaló riesgos internos, como la posibilidad de que se aprueben reducciones de impuestos, nuevas exoneraciones, nuevos gastos sin contenido presupuestario o medidas para relajar la regla fiscal. Estas, dijo, son “acciones que hasta hoy siguen minando los esfuerzos para alcanzar la sostenibilidad fiscal”.
La relajación de la regla fiscal, además, coincidirá con el ambiente preelectoral y con las aspiraciones de múltiples sectores de incidir para incrementar el gasto público en áreas con diferentes niveles de urgencia. Las fuentes de ingresos para las arcas públicas, sin embargo, seguirán siendo las mismas.
