EscucharLa Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), ente débil y con recursos insuficientes, es el encargado asegurarse de que empresas –grandes y pequeñas– respeten las reglas del mercado así como de dar luz verde o frenar transacciones de peso como la compra del Grupo Empresarial de Supermercados (Gessa) por parte de Walmart.
Este miércoles 30 de enero por segunda ocasión la Coprocom frenó la transacción al considerar que un agente económico con “mucho poder” en el mercado se iba a fortalecer con la fusión.
Al tiempo que los comisionados definen el futuro de los supermercados en el país, el Gobierno fragua una propuesta de legislación para fortalecer a la entidad, cuyas debilidades ha señalado con frecuencia la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Un nuevo texto vendría a sustituir una iniciativa que ya se tramita en la corriente legislativa a paso lento desde el 2016.
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Poco músculo
La Coprocom es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que nació con la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N° 7472).
Tiene como objetivo proteger al consumidor, a través de la libre competencia, prevención y prohibición de los monopolios.
En los últimos años la OCDE realizó críticas, como los escasos recursos –humanos y económicos– con los que cuenta el órgano para sacar a flote las tareas.
Para entender esta crítica es fundamental conocer la estructura del organismo.
La Coprocom está integrada por cinco miembros propietarios: Rodolfo Chévez, presidente; María Leonela Artavia, Mariana Castro,; Rodolfo Jiménez y Juan José Valerio.
Además de cinco suplentes; María Felicia Gómez, Luis Paulo Castro, Víctor Pérez, Enrique López y Sergio Alberto Villalobos.
Todos son electos –a excepción del presidente– por propuesta del MEIC mediante acuerdo del Poder Ejecutivo, por un lapso de cuatro años con la oportunidad de ser reelegidos una vez.
Mientras, el presidente es elegido por los miembros de la Coprocom por mayoría absoluta, para ejercer por dos años con oportunidad de reelección.
Este grupo analiza las investigaciones –que realizan 16 funcionarios que trabajan a tiempo completo en la Unidad Técnica de Apoyo (UTA)– y dictan las resoluciones para evitar las prácticas monopolísticas.
Sin embargo, el talón de Aquiles es que los comisionados no laboran a tiempo completo, sino que lo hacen a través de un sistema de sesiones semanales privadas.
“El esquema de tiempo parcial de los comisionados en ocasiones ha llevado a que tomen decisiones incongruentes, a retrasos injustificados en la toma de decisiones y a tensiones en las relaciones entre comisionados y funcionarios de la UTA”, indicó el informe de la OCDE.
Aunado a eso se suman los escasos recursos económicos. Los miembros propietarios solo devengan una dieta de ¢50.000 por sesión y los suplentes obtienen una de ¢25.000.
La Coprocom depende financieramente del MEIC, que para este año le asignó ¢531 millones.
El órgano debería de tener independencia y desarrollar funciones como la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), o la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), a criterio de la OCDE.
El organismo internacional apunta a que regular la competencia es fundamental para la economía costarricense.
Esto se debe a que evitar las prácticas monopólicas es una herramienta que dinamizaría la productividad y reduciría la desigualdad, ya que abarataría los bienes.
Esto favorecería la economía nacional, donde existen 328.848 hogares en condición de pobreza –de los cuales 99.034 estaban en pobreza extrema–, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de octubre de 2018.
La competencia no solo contribuye a que los precios sean más eficientes, sino que el beneficio se extiende al gasto público. Al hacer compras públicas más competitivas aumentarían los niveles de productividad, según Mario Umaña, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El doloroso camino de la reforma
Las debilidades de la Coprocom no son señalamientos exclusivos de la OCDE. Los comisionados son conscientes de la realidad en la que deben trabajar. EF consultó a Juan José Valerio, comisionado permanente sobre las deficiencias del organismo.
“Los casos son grandes y complejos lo que ocasiona que no haya mucho tiempo para ahondar en investigaciones, para ser más incisivos. Si descuidamos la investigación, también descuidamos que los funcionarios puedan hacer promoción del derecho de competencia”, comentó Valerio.
La escasez de recursos se traduce en una anémica regulación del mercado.
Esto se refleja en que la resolución de denuncias por competencia desleal tarda hasta siete años, en algunos casos, y en otros supera un promedio de tres años, de acuerdo con un análisis del diario La Nación realizada en mayo de 2018.
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Para la OCDE, la legislación debe ser actualizada y fortalecida porque un gran número de mercados están exentos de la aplicación de la ley.
Por eso el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) redactaron el proyecto “Ley de Creación del Consejo Nacional de Competencia (Conacom)”.
Que pretende convertir a la entidad en un órgano de desconcentración máxima, adscrito al MEIC con independencia funcional, administrativa, técnica y financiera.
La iniciativa entró en la corriente legislativa en junio del 2016, sin embargo, el proyecto aún debe superar múltiples discusiones.
Al 28 de enero el texto se encontraba en primer lugar del orden del día de la Comisión Especial N° 20.992, que se encarga de dictaminar los proyectos para el proceso de adhesión a la OCDE.
Casi tres años más tarde del debut en la Asamblea, el Ejecutivo elabora un borrador para reactivar el proyecto, según comentó Carlos Mora, viceministro de Economía.
La mejora gira en torno a las recomendaciones de la OCDE, el criterio del Gobierno y las cámaras empresariales.
Entre los cambios propuestos están que los comisionados laboren a tiempo completo, mejorar los recursos, fortalecer la autoridad de la competencia y potestades para sancionar.
El MEIC afina los detalles de la propuesta, la cual aspira a presentar a mediados de febrero en comisión.
