Su pasado arrastra méritos pero también representa un lastre que hoy todavía parte de la ciudadanía le recuerda. Así es como, a casi dos semanas de las elecciones, Figueres lidera las encuestas, pero es también el candidato con mayor cuota de rechazo.

En la sétima entrevista a candidatos, Figueres habló con EF sobre su visión en torno a algunos de los grandes temas país y varias de sus propuestas. A continuación un extracto.

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Usted aparece en primer lugar en las últimas encuestas, aunque lejos del 40% mínimo, pero también ha aparecido como el candidato con mayor rechazo. ¿Cómo lidia con esta dicotomía? ¿Puede un presidente gobernar con ese nivel de rechazo?

—Sí puede gobernar y eso es lo que vamos a hacer a partir del 6 de febrero cuando ganemos estas elecciones. Todas las encuestan nos ponen entre 4 y 5 puntos delante de la siguiente persona. Nuestro tracking interno confirma lo que dicen las encuestas. En la medida en que nos vamos acercando al día de las elecciones, pienso que más costarricenses se irán definiendo por la papeleta que presenta el PLN.

¿Pero usted personalmente cómo convive con esta dicotomía?

—Convivo con toda naturalidad. En un proceso de elecciones en el que somos 25 candidatos. La mayoría de las personas están con este servidor pero todos los que están con los otros candidatos están en contra.

Las encuestas reflejan a lo largo de la campaña un estancamiento de su candidatura en torno al 17%, ¿cuál será la estrategia de su partido para revertir esta tendencia?

—Ya rompimos ese techo. Las últimas encuestas nos muestran más cercanos al 20%. No me cabe duda de que en la medida que sigamos participando en los debates y los costarricenses puedan ver la diferencia con respecto a las otras candidaturas se va a seguir consolidando nuestro liderazgo.

La campaña electoral se ha visto sacudida por el caso Diamante que involucra a varios alcaldes del PLN y, más recientemente, por la aparente colaboración del alcalde de Corredores, también del PLN, con un grupo relacionado al narcotráfico. ¿Cómo cree que queda el partido tras estos recientes escándalos?

—El partido queda muy bien. Desde el primer momento he sido tajante en anunciar una política de cero tolerancia a la corrupción. Después del caso Diamante separé a los alcaldes que se vieron involucrados en esas supuestas anomalías y le pedí a los consejos municipales que suspendieran su salario.

¿Usted los separó de su campaña pero cómo ha procedido el partido a lo interno con estos alcaldes?

—No lo conozco. Se lo puede preguntar a la presidenta del partido o al presidente del tribunal de ética. Yo soy responsable de la campaña.

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El medio CRHoy publicó que la fiscal de su partido no había podido notificar a estos alcaldes porque no se tenían sus direcciones de domicilio. El propio partido no conocía el domicilio. En casos similares en otros partidos el PLN sale a pedir renuncias, pero da la impresión de que ese ímpetu no se repite cuando se trata de figuras liberacionistas. ¿Por qué esa tibieza?

—Eso no es así. El único partido que en esta campaña ha anunciado una política en contra de la corrupción es Liberación Nacional. Ningún otro partido lo ha hecho. Vamos a gobierno conformando un consejo de transparencia que vele por la transparencia de los actos de gobierno.

En su opinión, ¿cuál debería ser el proceso que aplique el partido con esos alcaldes?

—Pienso que el partido debe seguir adelante con los procesos que dicta el reglamento del partido, el estatuto y lo que dicte el tribunal interno de ética.

¿Pero se les debería solicitar la renuncia del partido, separarlos definitivamente…?

—No. En mi opinión lo que corresponde es que el partido tome las decisiones de acuerdo con el estatuto y con el tribunal de ética.

Usted menciona el consejo de transparencia. Dos personas de este consejo renunciaron luego de que un medio publicara que tienen procesos abiertos en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. ¿Sabía usted de estos procesos?

—No, no sabía. Inmediatamente que se dio a conocer fueron separados y por lo que entiendo son procesos antiguos que no se habían terminado de aclarar por cosas menores. No me he metido en los detalles.

De llegar a la Presidencia, ¿qué rol jugará este consejo?

—Pienso que ese consejo debe seguir acompañando la labor del PLN y de llegar al gobierno lo conformaremos por los ministros de la Presidencia, de Planificación, y de Seguridad.

¿Y sus decisiones serán vinculantes o serán solo consejos?

—Serán recomendaciones que serán acatadas por el gobierno.

El país está en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Usted ha dicho que no apoya más impuestos. La agenda que está propuesta actualmente incluye nuevos impuestos. ¿Qué pasará con esos proyectos?

—Nos hemos manifestado a favor de lograr un acuerdo con el Fondo. Cuando seamos gobierno veremos en qué avance se encuentra lo que este gobierno se ha comprometido a hacer. Ahí veremos si lo que se comprometió es lo que más conviene o cuál es el camino que seguiremos. La responsabilidad de cumplir con lo que ofrecieron es del gobierno, no de Liberación Nacional.

¿Pero entonces usted en este momento está en contra de estos proyectos que traerían nuevos impuestos de acuerdo a su postura en la campaña de no más impuestos?

—Sí, yo he estado en contra de ir a gobierno a poner nuevos impuestos porque me parece que esta economía no se puede reactivar con nuevos impuestos. Los impuestos que le ha ofrecido este gobierno al Fondo tendrá que sacarlos adelante este gobierno en el tiempo que les queda.

Pero esta agenda ha tenido atrasos. ¿Usted, de llegar al gobierno, si estos proyectos están ya adelantados los dejaría seguir su camino o renegociaría?

—No me voy a dejar encasillar por su pregunta. Primero, estamos a favor del acuerdo. Segundo, lo que ha prometido este gobierno es responsabilidad de este gobierno sacarlo adelante hasta el 8 de mayo. Ya nosotros, si somos gobierno, revisaremos la situación macroeconómica del país y con base en eso tomaremos las medidas necesarias que nos lleven a consolidar el acuerdo. De todas maneras el comportamiento económico ha mejorado muchísimo y los ingresos fiscales. Primero porque tuvimos un año extraordinario porque la economía en el 2021 creció un poquito más de lo esperado como rebote del decrecimiento que tuvimos en el 2020.

Usted ha manifestado la necesidad de aprobar la reforma al empleo público pero ha dicho también que el proyecto necesita mejoras. ¿Cuáles son esas mejoras?

—Estoy de acuerdo con el proyecto. Debe seguir adelante. Es un proyecto que no tiene consecuencias inmediatas. A mediano y largo plazo sí logra una reducción por parte de la planilla estatal. Conviene porque el Estado es uno, entonces el empleador debería tener mayor coherencia entre diferentes instituciones para pagar de la misma manera trabajos de la misma índole. No tiene consecuencias retroactivas, se aplica a los trabajadores que entrarán al Estado en el futuro. Además, a partir del momento de la firma tendremos un año para renegociar cosas que se pueden mejorar.

Pienso que poner la rectoría de política salarial en el Ministerio de Planificación es un error, es de índole político: cambia de jerarca cada cuatro años. Me parece que la rectoría en materia salarial y de recursos humanos debe ser técnica. Estoy a favor de fortalecer el Servicio Civil.

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Usted ha apelado a generar confianza para que la economía crezca y ha dicho que su gobierno será business friendly. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Han sido los últimos gobiernos, incluidos los últimos de su partido business friendly?

—Eso usted tendría que preguntárselo a quienes dirigieron esos gobiernos o al sector privado.

La confianza es indispensable. Cuando hay confianza empieza a fluir la economía. En crear esa confianza está también el avanzar en un diálogo permanente entre gobierno y diferentes sectores. Eso es lo que hacen los países que han sido exitosos. El sector público y el privado se ponen de acuerdo y se ven como dos socios. La confianza se afianza con el diálogo, diálogo que estos gobiernos no han querido tener.

¿Cuáles gobiernos?

—Me refiero a los dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

¿Entonces ese concepto se basa en el acoplamiento de sector público y privado?

—No es solo acoplamiento. Es trabajar como socios en el desarrollo nacional. El gobierno tiene la responsabilidad de ayudar al sector de la producción nacional, no solo a las empresas; también a crear un ecosistema de apoyo al emprendimiento como el que hemos puesto en nuestro programa; es también ayudar a las cooperativas y asociaciones de desarrollo y solidarias, trabajar con sindicatos… El potencial de crecimiento que tiene el país se logra cuando todos vamos en la misma dirección. El gobierno debe facilitar no estorbar.

¿Qué pasará con la actual regla fiscal en caso de llegar a la Presidencia?

—La regla fiscal es una camisa de fuerza, pero necesaria, en la condición deplorable en que ha llegado a estar el país por la pésima política pública. Habrá que estarla visitando en la medida que la economía empiece a crecer y en que se vayan viendo las necesidades del país en la inversión o programas que estimulen la producción nacional.

Tal como está ahora, ¿usted cree que la regla fiscal necesita un cambio?

—Un cambio urgente no, pero me parece que como un instrumento de política pública tenemos la responsabilidad de valorar sus alcances y efectos y ver si en el camino se puede perfeccionar. Usted recordará que cuando se firmó la regla fiscal estábamos apenas en el 40% de deuda del PIB. Ninguno de los economistas que diseñaron esta regla pensaron que llegaríamos al 60%. Pero hoy estamos casi en el 70% y, por lo tanto, las condiciones han variado. Que es necesaria una regla fiscal, sí. Que es necesario estarla revisando, por supuesto que sí.

Usted anunció un programa 911 del empleo con el que promete generar 200.000 empleos en los primeros 24 meses con una inversión de $2.000 millones que el país puede movilizar, sin aumentar el endeudamiento. ¿De dónde provendrán los recursos y cómo funcionará ese plan?

—El 911 tiene seis ejes de acción. No solo fija metas cuantificables, sino que además escogió ejes en los que el país tiene una necesidad o una competencia para avanzar rápidamente. Necesitamos 170.000 soluciones de vivienda. Eso es no solo un imperativo moral, sino también que solucionarlo es una oportunidad de crecimiento económico. El 911 está concebido para generar trabajo en todo el país, para diferentes grupos etarios, con diferentes habilidades y preparaciones académicas. En el turismo podemos recuperar entre 50.00 y 75.000 trabajos directos. El programa de conectividad son $600 millones, en parte con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y titularización de ingresos futuros de Fonatel; así como los recursos de vivienda nacen de la creación de un fondo nacional de vivienda en el que puedan invertir los fondos de pensiones.

Su plan estima que existen más de 30.000 nuevos empleos potenciales en las empresas de zona franca. Habrá visto que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ha evidenciado que la recuperación de la actividad económica no se está traduciendo en más empleo. ¿De dónde saldrían estos empleos y cuál es su plan para las zonas francas?

—Existen 30.000 oportunidades en las zonas franca en el Gran Área Metropolitana. Son datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Y existen porque no se encuentran a costarricenses con habilidades en idiomas y acreditaciones tecnológicas para acceder a ellas. Ahí entra nuestro programa Talento 4.0 que consiste en rescatar jóvenes con o sin bachillerato o iniciando los años universitarios para darles becas cursos cortos en idiomas, habilidades blandas y acreditaciones. Cursos que no duran más de seis u ocho meses que permiten llenar esas oportunidades de trabajo.

Costa Rica debería montar una iniciativa potente para atraer las empresas que se están devolviendo de Asia por el nearshoring, y que tiene una gran ventaja: son empresas con procesos de manufactura que requieren menores grados de calificación y hay una gran oportunidad para crear zonas francas con mayores estímulos en áreas rurales del país.

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Se está discutiendo a nivel mundial un impuesto mínimo a multinacionales, ¿usted lo apoya?

—Me parece que es una buena cosa para el mundo que se nivele al menos en un piso impuestos para las grandes corporaciones globales. Tendremos que ver si eso termina de avanzar o no, y veremos cuáles son las consecuencias para Costa Rica.

Algunas candidaturas proponen que más allá de este acuerdo mundial, el país debería revisar las exoneraciones del régimen de zona franca. ¿Usted concuerda con esta idea?

—No. La seguridad jurídica es absolutamente importante y tener reglas del juego claras y estables es lo que más ayuda a la atracción de inversión extranjera. No vamos a variar para nada el régimen de zona franca. Lo que le corresponde al país es incentivar a que vengan más empresas.

Usted propone como una medida para hacerle frente a la pobreza la asignación de un Piso Económico Familiar, una renta mínima para ciertos hogares con un costo de ₡230.000 millones de recursos existentes. Algunos analistas critican esta medida como una nueva forma de asistencialismo. ¿Cuáles son esos recursos y qué tendría diferente a otras asignaciones que ya se dan?

—Las personas que critican ese tipo de medida no tiene problema para comer tres veces al día y no se acuerdan, o no saben, la situación de 450.000 personas que viven en pobreza extrema, que no están comiendo ni siquiera dos veces al día. Entre esas muchas familias son jefeadas por una mujer. Un país solidario no puede permitir esa vergüenza. Mucho menos cuando estamos invirtiendo en política social ₡600.000 millones al año. Un reordenamiento de política social en este momento de crisis es fundamental.

¿Entonces esos recursos vendrían de diferentes instituciones y, de nuevo, qué tendría diferente a otras asignaciones que ya se dan?

—Me parece que hoy tenemos una duplicidad de programas y tenemos algunos faltantes en la atención de algunos sectores. Un instrumento importante va a ser el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y el papel de los promotores sociales que fueron contratados para salir a buscar a las personas en las barriadas, en los asentamientos donde tenemos más pobreza para ayudarlos a inscribirse en el Sinirube. Es un gran instrumento que debemos mejorarlo.

¿Esos ₡230.000 millones ya existen, vienen de diferentes instituciones?

—Vienen de tres fuentes: una reasignación de algunos programas existentes del campo social, un manejo mucho más eficiente de los recursos de instituciones y de ahorro de recursos que el Estado puede hacer sin desmejorar programas sociales. Nuestra intención es trabajar de la mano de la sociedad civil. Hay extraordinarios programas que llevan adelante iglesias de diferentes denominaciones.

¿Cómo implementaría el impuesto a las emisiones de carbono?

—El mundo tiene la responsabilidad de bajar las emisiones de carbono y todos los países estamos comprometidos a bajarlas a la mitad. Y eso implica varias cosas. Una es que el crecimiento del 5% al 6% debe ser en la dirección de una economía verde propulsada por energías renovables. Otro elemento es que vayamos eliminando impuestos sobre el capital y el trabajo y sustituirlos con impuestos sobre las emisiones de carbono.

¿Este impuesto sería para industrias, empresas... cuál sería el rango de contribuyentes?

—Habrá que definirlo. Lo que buscamos es que en aquellos puntos donde estemos emitiendo carbono podamos ir poniendo impuestos para que los sectores económicos busquen la manera de poderlas bajar. No estamos pretendiendo nuevos impuestos. Y esta transición no será en los primeros tiempos de gobierno porque la agenda económica está suficientemente complicada para avanzar en una transición como esta.

Usted había dicho en una entrevista a EF que se podría valorar que el país cuente con solo una institución en el campo energético, es decir una fusión de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). ¿Ha estudiado más esta posibilidad?

—Yo lo que estoy claro es que este país puede liderar lo que muchos otros están intentando hacer que es una transformación de su sector energético. Lo que conviene es una muy buena coordinación interinstitucional, que no la puede hacer el Ministerio de Ambiente y Energía porque es mucho más pequeño. Por eso he decidido que la rectoría en materia energética la asumiré como presidente desde la Casa Presidencial.

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¿Entonces avanzaría en la fusión?

—No. Yo pienso que lo que haremos es coordinar el esfuerzo de la transformación energética entre esas dos instituciones.

En este contexto de desarrollar nuevas energías, ya que usted también ha dicho que apoya el hidrógeno, ¿cuál debe ser el papel del Estado? ¿A través de esas instituciones debería mantenerse como un monopolio?

—La historia de los países desarrollados y exitosos demuestran que muchas veces el Estado es el que crea el mercado y luego, tan rápido como se pueda, entran a participar actores privados. Si usted como Estado no ofrece comprar biocombustibles a precios competitivos para distribuirlos en el país nadie se va a meter a producirlos. Entonces hay un papel estratégico para un ente como Recope que entre a ofrecer comprar, bajo condiciones previas y a un precio competitivo, biocombustibles generados en el país. Una vez que se establezca el mercado, es muy posible que Recope no necesite intervenir de nuevo. Lo mismo pasa con el hidrógeno verde. Son inversiones importantes que no se van a realizar a menos de que haya un mercado asegurado.

¿Está en sus planes cerrar, vender o fusionar alguna institución del Estado?

—Este presidente es el único que ha tenido el valor de cerrar instituciones públicas de cuajo. Muchos hablan de hacerlo y escucho mucha palabrería de eso en esta campaña, de personas que no están al tanto de cómo son las cosas en el Estado. Pero he dicho que con 500.000 personas sin empleo no estoy por llegar al Estado para despedir a colaboradores públicos. No hay que conmocionar más al país diciendo que vamos a cerrar instituciones.

Usted se ha mostrado en contra de más restricciones a raíz de la pandemia, ¿qué propone para manejarla y contener un posible brote?

—Un programa más agresivo de vacunación. Costa Rica tiene buen nombre y tenía toda la capacidad de negociar mayores suministros de vacunas. Conseguir más vacunas y vacunar a través de sindicatos, cooperativas… nos hubiera evitado muchas muertes y gastos. Hay políticas cuya congruencia cuesta entender. Por ejemplo, la limitación de circulación de vehículos cuando los buses están al 100% de su aforo. No tengo nada contra esta autorización, pero entonces la restricción vehicular no la entiendo.

Usted levantaría la restricción vehicular entonces…

—Sí. No la encuentro congruente con las demás políticas. Y además ya la economía ha sufrido muchísimo. Hay que tener mucho más cuidado a la hora de restringir las horas activas de comercios y limitar el ingreso de las personas. Igualmente me parece importante que cada quien asuma la responsabilidad de cuidarse.

Hay algunos países que están avanzando a una cuarta dosis, ¿apoya usted la vacunación obligatoria y una cuarta dosis?

—No lo haría obligatorio porque respeto las posiciones de algunas personas que no están a favor. Pienso que es una minoría de la población a la que yo invitaría para que vuelva a visitar la ciencia y la literatura. Y sí, sí estoy de acuerdo con una cuarta vacuna en el momento que las personas que estudian estas cosas nos digan que es conveniente hacerlo.

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