La economista italiana Manuela Goretti, actual jefa de División del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), es la encargada de liderar la misión que negocia desde este lunes 11 de enero con el Gobierno de Costa Rica para lograr un acuerdo de ajuste fiscal.
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La funcionaria del organismo multilateral lideró en febrero del 2020 las negociaciones con Sri Lanka que culminaron con un acuerdo de Servicio Ampliado, la misma figura que busca Costa Rica. También encabezó la misión con Jamaica que en mayo del año pasado cerró con un crédito por ¢520 millones en formato de Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI, por su nombre en inglés).
En estas negociaciones, Goretti logró construir programas viables con un estilo de negociación basado en la claridad de las cifras y de los resultados concretos de cada acción, así lo indicaron fuentes internacionales consultadas por EF.
La economista cuenta con una carrera de más de 14 años en el Fondo, donde ha ocupado ocho posiciones diferentes. Ingresó en 2006 como economista del Departamento de la División de Revisión de Políticas y ascendió hasta convertirse en la directora de la División del Hemisferio Occidental.
A partir de este lunes 11 de enero y durante los siguientes 15 días, Goretti es la encargada de conversar con el equipo de negociación del Gobierno de Costa Rica para lograr un Servicio Ampliado por $1.750 millones que se desembolsarán en tres años y sujeto al cumplimiento de metas de reducción como reducción del gasto público, venta de activos y aumento de ingresos.
El grupo de negociadores del país lo conforman Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y gobernador ante el FMI; Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico; y Elian Villegas, ministro de Hacienda.
La primera reunión arrancó a las 9:30 a.m. de este lunes, por medio de conexión virtual y se espera que el proceso concluya el viernes 22 de enero.
Villegas recalcó en un comunicado que el acuerdo con el Fondo servirá para inscribir un programa de políticas macroeconómicas, financieras y estructurales que tienen como objetivo garantizar la estabilidad del país a mediano y largo plazo, así como promover un crecimiento más fuerte para dejar atrás el impacto de la pandemia.
El espejo de Sri Lanka
Durante las negociaciones con Sri Lanka, Goretti enfatizó en la necesidad aplicar reformas estructurales e institucionales ambiciosas en ese país para impulsar la competitividad y fomentar el crecimiento.
La jefa de la misión abogó por “prudencia fiscal” para respaldar la estabilidad macroeconómica y la confianza del mercado, en medio de los altos niveles de deuda y de las complejas necesidades de financiamiento que tiene esa nación asiática.
La deuda pública de Sri Lanka para el 2020 fue del 89% del Producto Interno Bruto (PIB) y para este año se proyecta que alcance 91,4% del producto nacional.
La situación de Costa Rica es similar, la deuda alcanzará el 70% del PIB en 2020 y podría superar el 80% de la producción al cierre de este año.
Sin embargo, la situación del déficit fiscal de Sri Lanka es mucho más favorable que la de Costa Rica, ese país asiático terminó el 2019 con una brecha del 0,3% del PIB y tras la negociación con el FMI se concluyó que el indicador podría crecer al 1,9% para el cierre del 2020.
Para Costa Rica el déficit financiero proyectado al cierre del 2020 alcanzará el 9,3% del PIB, la cifra más alta desde 1963. Aunque el ministro de Hacienda espera que sea menor al 9% estimado debido a un mejor control del gasto público y un incremento en los ingresos durante noviembre y diciembre.
Sri Lanka es una isla ubicada en el el golfo de Bengala, cerca de la India. Tiene una población de 21 millones de habitantes, con un PIB per cápita de $13.850 a Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) y una economía basada en la exportación de materias primas como telas, hierbas y caucho.
Detalles de la propuesta
Tras una serie de contradicciones e imprecisiones en la construcción del plan base para negociar con el organismo multilateral, finalmente este lunes el Gobierno habilitó un sitio web con el detalle de las acciones que propondrá.
El Ejecutivo asegura que se trata de un planteamiento “amigable” que no incluirá aumento de tributos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el gravamen de las transacciones bancarias, dos iniciativas que se plantearon y discutieron en la pasado.
El plan 2.0, según el Gobierno, se orienta más la reducción del gasto público, en ese apartado el proyecto de ley “estrella” es la reforma al empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el comunicado, el Ejecutivo emitirá este lunes un decreto sobre medidas de control y reducción del gasto público para el periodo 2021-2025 con el cual se garantizará el cumplimiento de la regla fiscal para reducir partidas como transferencias corrientes, compras de bienes y servicios, y remuneraciones eventuales.
Además, en el apartado de recorte al gasto se incluyó la ya aprobada ley que rebaja en un 55% el monto destinado a la deuda política para los procesos electorales del 2022 (nacionales) y 2024 (municipales).
En el capítulo de ingresos se incluye el impuesto a los premios de lotería, la iniciativa para eliminar exoneraciones, el cobro de dividendos a empresas estatales, la reforma a la Ley de Aduanas y dos opciones para generar más dinero: aumentar el impuesto a las casas de lujo o apostar por una renta global más alta (este proyecto será presentado antes de que termine enero).
Finalmente, la iniciativa de negociación con el Fondo incorpora la venta de dos activos con rendimientos muy bajos.
Se trata del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) que generaría un ingreso de 0,1% del PIB en 2023 y la cartera de crédito de a Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) que aportaría 0,5% de la producción nacional.
“Las propuestas del Gobierno al FMI en materia fiscal tienen como eje central la reducción del gasto público, por esto más de la mitad de la reducción del 2,5% en el déficit fiscal que es necesaria para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo provendrá de la contención del gasto primario”, aseguró el ministro de Hacienda.
Para el presidente del BCCR el eventual acuerdo con el FMI permitirá acceso directo a los desembolsos del Servicio Ampliado, pero también dará un golpe de confianza para que otros organismos internacionales presten dinero al país en un año de recuperación frente a la crisis del 2020 por la COVID-19.