EscucharEn una Asamblea Legislativa multipartidista cuesta más construir acuerdos, Costa Rica puede dar testimonio sobre esto. Los 57 diputados elegidos en 2014 bajo las banderas de nueve partidos políticos no lograron ponerse de acuerdo para aprobar la urgente reforma fiscal que permita sanear las finanzas del Estado.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) estimó que el déficit fiscal cerrará el 2018 en un monto equivalente al 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y para el próximo año alcanzará la peligrosa cifra del 7,9% de la producción.
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El tiempo se acaba y la tarea más urgente de los próximos diputados será ponerse de acuerdo para transformar el tributo de ventas en el impuesto al valor agregado (IVA) y modernizar el esquema de renta, una reforma tributaria que se viene postergando desde 2006.
¿Apoyarán los próximos líderes del Congreso aumentar la tasa del IVA del 13% al 15%?, ¿coinciden en crear dos nuevos tramos del impuesto de renta para gravar los salarios más altos?, ¿están de acuerdo con aprobar la regla fiscal para limitar el crecimiento del gasto?
EF entrevistó a 16 candidatos a diputados que ocupan posiciones favorables para llegar al próximo plenario legislativo y que por su experiencia política están llamados a ocupar puestos de liderazgo en sus eventuales fracciones.
Solo Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN) y Marta Blanco, del Partido Liberal Progresista (PLP) rechazaron contestar las 13 preguntas de respuesta cerrada que planteó EF para conocer sus posiciones sobre temas clave en la agenda legislativa.
Las entrevistas se realizaron vía telefónica entre el lunes 29 y el miércoles 31 de enero. Los aspirantes al Congreso solo tenían que responder “sí “o “no”.
Puede ver las respuestas de cada candidato a las 13 preguntas click aquí.
IVA, la primera traba
Existe conciencia política entre los 13 candidatos que luchan por llegar a Cuesta de Moras. El 77% de los entrevistados apoya la transformación del tributo de ventas en el IVA y ampliar la base a los servicios.
Sin embargo, el diablo está en los detalles. Diez candidatos no apoyan la idea de aumentar la tasa del impuesto al valor agregado del 13% al 15% y también defienden la idea de gravar con un porcentaje menor los servicios de salud y educación y los productos de la canasta básica.
Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), fue el único que retomó la propuesta de implementar mecanismos de devolución del IVA para los más pobres, con el fin de hacerlo progresivo.
Sobre mantener exoneraciones de este impuesto para algunos sectores productivos también existen diferencias. Nueve aspirantes al Congreso están a favor y de ellos, cuatro estarían de acuerdo en revisar estos privilegios fiscales para determinar cuáles se mantienen y cuáles se eliminan o modifican.
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La propuesta de reforma fiscal impulsada por la administración Solís Rivera apostaba al inicio por un agresivo aumento en los ingresos tributarios con cambios en IVA y renta.
Sin embargo, la apuesta más fuerte estaba en el IVA, donde inicialmente se habló de aumentar la tasa del 13% al 15% y gravar los servicios.
El 26 de enero del 2017, el Gobierno renunció a su primer plan, y con él, al incremento en la tasa del IVA, por lo que envió al Congreso un nuevo proyecto con una tasa del 13% lo que supone una pérdida de ¢266.000 millones anuales, según estimaciones del Ministerio de Hacienda.
¿Cambios en renta?
El actual proyecto de reforma tributaria que está en trámite legislativo tomaba elementos del proyecto de Solidaridad Tributaria –un paquete de reformas tributarias aprobadas durante la adminsitración de Laura Chinchilla pero abortada por vicios de procedimiento en la Sala IV– y el plan Consolidación Fiscal impulsado por Edgar Ayales durante su periodo como Ministro de Hacienda.
El gobierno de Solís -al igual que sus antecesores- renunció al principio de renta global y excluyó la universalización del tributo.
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La primera propuesta impulsada por el actual Gobierno planteaba gravar las ganancias de capital con una tasa del 15%, es decir las que se generan con inversiones como compra de bonos o acciones.
En enero del año pasado, en la última versión de la reforma fiscal que ingresó al Congreso, el Ejecutivo redujo la tasa de renta para este tipo de ganancias al 12% . En la actualidad pagan un 8%.
El 54% de los candidatos a diputados que entrevistó EF está de acuerdo con cobrar el 15% de impuesto de renta a las ganancias de capital.
El 70% de las respuestas fueron a favor de crear dos nuevos tramos de renta del 20% y 25% para gravar los salarios más altos.
La oposición de los candidatos se encuentra en cobrar el 30% de impuesto a las utilidades de las cooperativas y el 15% a las cesantías sobre el exceso de ocho años.
El Gobierno renunció a ¢400.000 millones anuales en IVA y renta, con el proyecto de reforma fiscal que envió a la Asamblea Legislativa en enero del 2017 y se apartó de su estimación inicial que era recaudar 2% del PIB adicional cada año.
Recortes y empleo público
El próximo Congreso podría ofrecer un panorama favorable para aprobar una regla fiscal que limite el crecimiento del gasto público, uno de los disparadores del Presupuesto Nacional.
El 77% de los candidatos entrevistados apoya esa iniciativa y el 85% está a favor de aplicar recortes al presupuesto nacional en el plenario.
También hay un ambiente positivo -del 70% a favor- para aprobar un proyecto de ley de empleo público que modifique el pago de pluses salariales como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y auxilio de cesantía.
Siete candidatos entrevistados dijeron que apoyan reformar el pago de incentivos salariales, pero se deben respetar los derechos adquiridos.
Este ejercicio de entrevistas no podía dejar por fuera dos temas polémicos de la agenda legislativa. El 70% de los entrevistados está en contra de la marihuana recreativa y el 75% se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sin duda la próxima Asamblea Legislativa estará marcada por divisiones de criterio, conflictos ideológicos, posiciones contrarias y, quizás, el multipartidismo supere las nueve fracciones actuales. La única verdad es que la reforma fiscal ya no puede esperar más.
