EscucharLa Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), está al borde de la quiebra. Desde el 2013 los ingresos cubrían la operación, pero el hueco financiero al 2018 era de ¢3.416 millones.
Este año el déficit se agravó con el cambio de modelo en los servicios de carga y los ingresos cayeron 79%. La empresa estatal sufrió un fuerte golpe financiero por el inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por la concesionaria holandesa APM Terminals.
Ante la crítica situación, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley “Modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y protección de sus personas servidoras”.
La iniciativa que se presentó este 28 de mayo ante la Asamblea Legislativa, se elaboró tras un acuerdo entre la institución, el Gobierno, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El texto pretende modernizar la institución para que vuelva a su estado de equilibrio y se evite la quiebra, de acuerdo a Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva.
“El apoyo obtenido del Estado es indispensable para salir de la crisis en que la organización está inmersa. El presupuesto extraordinario que acompañará el proyecto nos permite mantenernos por ahora, brindar opciones a los empleados y redimensionar Japdeva para recuperar su estabilidad. No tenemos más tiempo ante la situación que enfrentamos”, acotó Centeno.
El Ministerio de Hacienda presentará un presupuesto extraordinario en el Congreso para pedir a los diputados la aprobación de ¢30.000 millones que se destinarán a salvar las finanzas de Japdeva durante tres meses y al pago de liquidaciones, vacaciones acumuladas, prejubilaciones y bonos para los empleados.
El presupuesto extraordinario se dividirá en dos grandes rubros: el primero es por ¢6.000 millones que se destinarán a una inyección de liquidez para que Japdeva pueda pagar la planilla de sus 1.186 trabajadores durante los próximos tres meses y los ¢24.000 millones restantes se utilizarán en las diferentes modalidades para liquidar al personal.
Algunas de las medidas que incluye el proyecto son: el traslado horizontal a otras entidades; el derecho a prejubilación y un incentivo por transformación institucional.
¿En qué consiste la transformación?
Traslados horizontales
Las trabajadores (en puestos de propiedad o interinos) que voluntariamente lo deseen podrán solicitar traslado horizontal a instituciones de la administración central y descentralizada.
No podrá exigirse el requisito de con dos años de servicios ininterrumpidos con el Estado. Los procedimientos que dispongan la Dirección General de Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria deberán ser expeditos para garantizar los traslados.
Datos de Japdeva muestran que de los 1.186 trabajadores que tiene la institución, 240 cumplen con el perfil para acogerse a esta modalidad de traslados horizontales.
Incentivo adicional por transformación
Los funcionarios de Japdeva que decidan dedicarse a otras actividades ajenas al sector público, podrían recibir, si lo deciden, un incentivo adicional.
Siempre y cuando presenten la solicitud en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la ley. Quienes decidan por esta opción no podrán acogerse al régimen prejubilatorio.
Entre otros casos se reconocerá el auxilio de cesantía hasta por un máximo de doce años y se dará un incentivo adicional de ocho mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses laborados, a los que tengan un salario bruto mensual inferior al millón de colones.
Si superan ese monto salarial será de cuatro mensualidades.
Régimen Prejubilatorio
Aplicará a quienes se hayan acogido al cese de la relación (artículo 4 del proyecto de ley, sin incentivo adicional). La prejubilación en este caso irá con cargo al Presupuesto Nacional.
Para obtener este beneficio el texto exige algunos requisitos, como tener 55 años de edad o más; contar con un mínimo de 25 años cotizados ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o cualquier otro régimen de pensiones autorizado; haber sido liquidados con responsabilidad patronal y no haberse reinsertado laboralmente.
El monto de la prejubilación será el equivalente al 63% del salario promedio calculado con los 12 mejores salarios mensuales de los últimos cinco años laborados en la Administración Pública.
Si la persona cumple los requisitos para entrar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, pasará al mismo con pleno derecho.
