EscucharCosta Rica registró una recaudación tributaria de ¢6,42 billones en el 2023. Esta es una cifra récord para el país y que únicamente incluye los tributos gestionados directamente por el Ministerio de Hacienda.
La cifra de recaudación creció más de un 40% desde 2018 (el último año antes de la aprobación de la reforma fiscal, en el gobierno de Carlos Alvarado); pero la subida en el último año fue de apenas un 1,8%, lo cual permite suponer que el impacto de esa enmienda legal ya alcanzó su punto más alto.
Aquel gran paquete tributario implicó un aumento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta y del viejo Impuesto de Ventas (ahora Impuesto al Valor Agregado). Sin embargo, no fue la única reforma implementada en la última década que incidió en los ingresos del Estado. También se hizo obligatorio el uso de la factura electrónica a partir de 2018, lo cual permitió un salto adicional en el cumplimiento de los contribuyentes, según ha indicado Hacienda.
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Desde 2018 hasta la fecha son pocas las reformas en materia de impuestos adicionales que se han implementado. El actual gobierno ha intentado impulsar cambios, como la reforma del Impuesto sobre la Renta y la eliminación de algunas exoneraciones, pero no ha tenido mayor éxito en el Congreso hasta el momento.
Estudios de opinión política, además, evidencian la renuencia de la ciudadanía a pagar más tributos.
¿Cuáles son los principales impuestos que se cobran en el país y cómo se ha comportado su recaudación en los últimos 10 años? EF revisó los registros del Ministerio de Hacienda desde 2013 hasta la fecha, y le explica.
Nueva estructura
La estructura impositiva costarricense es compleja; sin embargo, solo los tributos de renta, IVA y a los combustibles son los responsables de más del 83% de los ingresos tributarios que recibe el Ministerio de Hacienda.
Estos impuestos no solo son los más grandes, sino que además se subdividen en múltiples áreas.
El Impuesto sobre la Renta, por ejemplo, se cobra a personas físicas, personas jurídicas y remesas en diversos formatos; mientras que el IVA se aplicar de forma interna y en aduanas, con diferentes tarifas.
También están otros tributos de los que se habla muy a menudo en la prensa y otros escenarios, pero que generan una recaudación limitada. Por ejemplo, el Impuesto Solidario de Vivienda (popularmente conocido como el “impuesto a las casas de lujo”) o el Impuesto a la Personas Jurídicas, los cuales ni siquiera representan un 0,5% de la recaudación general del país en conjunto.
Otro impuesto pequeño, pero reconocido, es el que se cobra por el derecho de salida del territorio nacional. Este implica menos de un 0,2% de la recaudación tributaria del país.
Gravámenes mucho más pequeños como el que se cobra por caja de banano exportada o por la comercialización de los jabones de tocador ni siquiera aportan un 0,01% del total.
La complejidad del sistema impositivo costarricense ha sido estudiada por múltiples investigadores.
Por ejemplo, el Programa Estado de la Nación (PEN) construyó y mantiene una base de datos (publicada por primera vez en 2022) mediante la cual logró determinar que en Costa Rica existen unos 204 impuestos, tasas y contribuciones vigentes desde 1885. Esta suma, sin embargo, va más allá de los tributos que gestiona Hacienda antes mencionados e incluye tasas municipales y similares. También contempla varias cargas arcaicas, que ya ni siquiera se cobran, a pesar de que siguen vivas en la legislación nacional.
La investigadora Pamela Jiménez explicó en un artículo publicado al respecto que en el país se aprueban unos tres tributos nuevos, en promedio, por año.
Además, señaló que los gobiernos de los expresidente Rafael Ángel Calderón (1990-1994); Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002); y Daniel Oduber (1974-1978) fueron en los cuales nacieron una mayor cantidad de tributos; sin embargo, en términos generales, la mayoría de las cargas vigentes en el país (66%) se han creado por iniciativa de los diputados de cada momentos y no de los gobiernos.
Nuevos impuestos
A pesar de que han pasado más de cinco años desde que se aprobó la reforma fiscal impulsada por el gobierno del expresidente Carlos Alvarado, el recuerdo de este plan fiscal sigue fresco en la memoria de la población.
Estudios de opinión política han señalado que la ciudadanía sigue renuente a escuchar sobre nuevas cargas tributarias, y una encuesta publicada a finales de 2023 por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) determinó que hasta el 60,4% de la población considera que en el país se tributa demasiado para la calidad de los servicios públicos que se reciben.
Sin embargo, el Gobierno de la República impulsa un proyecto de ley para reformar el Impuesto sobre la Renta y globalizar el cálculo de su pago, de modo que las personas tributen por sus ganancias a través de la menor cantidad posible de declaraciones y tasas.
El proyecto es una de las prioridades del Poder Ejecutivo, según la jefa del oficialismo en Cuesta de Moras, Pilar Cisneros, quien aseguró recientemente a la prensa que será una de las prioridades del Gobierno en el período de sesiones extraordinarias que está por empezar en el Congreso.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, ha dicho que la transformación pretendida del Impuesto sobre la Renta implicaría un tratamiento tributario más justo para todos los contribuyentes, porque las personas tendrían que pagar por sus ganancias según el tamaño conjunto de las mismas y no por sus ingresos separados, como ocurre actualmente.
En una audiencia con los diputados de la comisión especial que analiza este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, Acosta indicó que las normas actuales hacen posible que una persona que recibe múltiples ganancias tribute menos que otra que solo tiene un salario, si las ganancias del primero no superan ciertos umbrales.
“No se está capturando la capacidad contributiva real y no es justo”, señaló el jerarca hacendiario. “Las personas no están pagando en función de su ingreso efectivo, sino de manera distorsionada”, agregó.
La redacción de esta propuesta, sin embargo, ha generado múltiples debates en el Congreso porque el Ejecutivo plantea que incluya otros cambios importantes.
Por ejemplo, el Gobierno ha planteado la posibilidad de subir el mínimo exento para los trabajadores independientes (que hoy están en desventaja con los trabajadores asalariados) pero, al mismo tiempo, plantea eliminar el tratamiento diferenciado de renta en favor de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que actualmente pagan tasas reducidas de sus utilidades a Hacienda cuando registran ingresos inferiores a los ¢120 millones anuales.
Durante este gobierno son pocas las reformas en materia de impuestos que se han aprobado. Una de las más significativas más bien le cerró la puerta al Ministerio de Hacienda para cobrar sobre las rentas producidas con capitales de origen costarricense en el extranjero. Esta enmienda se aplicó en contra de la voluntad del Ejecutivo, como parte del plan para sacar a Costa Rica de la “lista negra” de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.
¿Son pocos o muchos?
Determinar si los impuestos que se cobran en un país son muchos o pocos es una cuestión que se puede analizar desde múltiples aristas.
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, evidencian que el país recauda un 25,5% de su Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos.
Esta cifra es superior que las de Chile (23,9%), Colombia (19,7%) o México (19,6%); pero muy inferior que el promedio de los países miembros de la entidad (34%) y que en países más desarrollados como Francia (46,1%), Alemania (39,3%) o España (37,5%).
También en relación con los demás países miembros de esta Organización, Costa Rica es el que tiene la menor recaudación de impuestos por rentas e ingresos y el sexto con una menor recaudación por impuestos a la propiedad. El país solo se acerca al promedio de la OCDE en cuanto a su recaudación por concepto de contribuciones para la seguridad social.
Este tipo de cálculos, sin embargo, no toman en cuenta la estructura de impuestos de cada país, ni las particularidades de cada economía. Estas pueden hacer que la mayor parte de la carga tributaria de un país recaiga sobre pocas o sobre muchas personas y sectores; es decir, pueden tener implicaciones positivas o negativas en su distribución.
En ese sentido, por nombrar solo uno de los factores en el caso costarricense, los altos niveles de informalidad son un problema reconocido sobre la economía del país e implican que no todos los empleadores, ni todos los trabajadores contribuyan por igual a la Hacienda pública y al resto del Estado.
