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El Ministerio de Hacienda dio a conocer este sábado 30 de enero que solo el 2% de las propiedades tiene un valor registral (casa más terreno) que supera los ¢150 millones, lo que significa que el 98% no pagaría el impuesto a las casas de lujo.
La administración tributaria aspira a cobrar un impuesto del 0,5% a las casas de lujo que superen los ¢150 millones y para lograrlo envió a la corriente legislativa el proyecto de Ley del Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de Recreo (expediente 22.382).
Este proyecto forma parte del plan de acciones para lograr el equilibrio fiscal y se incluyó en la negociación que el Poder Ejecutivo entabló con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder al crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones.
La aclaración que realizó el Ministerio de Hacienda sí indica que la fórmula para calcular el impuesto contemplará el valor del terreno más la construcción.
Para cobrar el tributo se tomarán las declaraciones que los contribuyentes presenten ante las municipalidades, de avalúos municipales o de hipotecas anotadas en el Registro Nacional.
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Los casos que sean considerados como excepcionales se contemplan en el artículo 7 del proyecto de ley para que vía mecanismo de exención no paguen el impuesto.
Algunas propiedades que estarían exentas son: las pertenecientes al Gobierno Central, municipalidades; los bienes que pertenezcan a asociaciones y fundaciones que reciban donaciones deducibles del impuesto sobre la renta; y las sedes diplomáticas y casas de habitación consulares.
Hacienda dio a conocer la lista de propiedades que no pagarían el tributo.
- Las casas de clase media.
- No pagarán este impuesto las propiedades donde se desarrollen actividades agrícolas.
- Los inmuebles destinados a actividades pecuarias.
- Las propiedades forestales y las dedicadas a la conservación de recursos naturales.
- Tampoco lo aportarán las propiedades agroindustriales, comerciales y oficinas.
- Los inmuebles de ¢150 millones o más que no cuenten con una vivienda.
Este tributo sustituiría al Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda (N° 8.683) que actualmente está dirigido a financiar proyectos de vivienda social.
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Con la nueva iniciativa el pago del impuesto para una casa con valor de ¢150 millones crecería de ¢375.000 a ¢750.000. En la actualidad se gravan las viviendas con valores superiores a los ¢133 millones, este monto se define cada año.
